Confrontación entre la Andi y Camacol por aranceles a importación de productos de acero

Un nuevo desacuerdo entre sectores clave de la economía se desató tras la expedición del decreto arancelario 0264, con posiciones encontradas entre la ANDI y Camacol sobre sus efectos en la industria y la construcción.

Por un lado, la Cámara Colombiana de Productores de Acero y la Cámara Fedemetal de la ANDI celebraron la medida, al considerarla necesaria para proteger la industria nacional frente a prácticas desleales de comercio internacional, como el dumping y la desviación de comercio.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que el decreto representa “un apoyo fundamental” para enfrentar la entrada masiva de productos importados en condiciones que, según el gremio, vulneran las normas de comercio.

“Es una buena noticia que se haya emitido este decreto sin duda alguna, un apoyo fundamental contra las prácticas de dumping y desviación de comercio. Es justo reconocer cuando se toman medidas en favor de la industria, y esta es una de ellas. Se trata de medidas completamente necesarias en este momento, de lo contrario, la industria nacional no tiene cómo enfrentar la avalancha de productos que se envían en condiciones de violación de las normas de comercio”, dijo el líder gremial.

Desde este sector se argumenta que la decisión está alineada con estándares internacionales. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, el acero es uno de los productos con mayor número de medidas de defensa comercial a nivel global, impulsadas por factores como la sobrecapacidad, los subsidios externos y la competencia desleal. A esto se suma que, de acuerdo con cifras de Alacero, entre 2010 y 2023 se han aplicado 737 medidas de este tipo en el mundo sobre productos siderúrgicos y metalmecánicos.

Sin embargo, desde el gremio constructor la lectura es completamente distinta. El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, advirtió que el arancel encarecerá los costos de producción de vivienda en un momento ya complejo para el sector.

“Es preocupante que el Gobierno diga que quiere controlar los precios de la vivienda, pero al mismo tiempo encarezca los insumos para construir”, señaló Herrera, quien estimó que esta medida, sumada a otras decisiones recientes, podría elevar los costos de producción entre un 16% y un 20%.

El dirigente gremial alertó que este incremento tendría efectos directos en el mercado: mayores precios de vivienda, menor oferta, especialmente en los segmentos de interés social y un impacto adicional sobre el empleo. Según cifras del Dane citadas por Camacol, más de 134.000 personas vinculadas a la construcción han quedado cesantes en los últimos meses.

Además, Herrera cuestionó la falta de sustento técnico del decreto y anunció que el gremio decidió demandarlo ante la justicia, al considerar que no hay claridad suficiente sobre la existencia de prácticas de dumping que justifiquen la medida.

El debate también se extiende a sus efectos macroeconómicos. Desde Camacol advierten que el encarecimiento de la vivienda nueva está presionando el mercado de arriendos y de vivienda usada, contribuyendo a la inflación. En regiones como el Valle del Cauca, el panorama es especialmente sensible, debido a la alta dependencia de subsidios y a la reciente suspensión de programas como Mi Casa Ya.

Pese a las diferencias, ambos sectores coinciden en la relevancia del acero para la economía. Mientras la Andi insiste en que la medida fortalecerá la industria nacional y garantizará un abastecimiento competitivo, Camacol advierte que podría terminar frenando la reactivación de uno de los principales motores de crecimiento y empleo del país.