Así avanza la puja entre regiones y Gobierno Nacional por impuestos a licores

Valle del Cauca no está dispuesto a ceder en la defensa de los recursos entregados a los departamentos, por concepto de licores y cigarrillos, los cuales podrían verse afectados por la implementación del decreto de emergencia económica que crea nuevos impuestos.

La Gobernadora Dilian Francisca Toro ha acompañado al grupo de mandatarios que están en desacuerdo con los cambios, por lo que no quieren poner en marcha esa iniciativa. Y aunque aceptaron participar de mesas técnicas, en las que se revisarán los posibles impactos de los incrementos en las rentas locales, sigue la propuesta de no implementar el decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025.

María Victoria Machado, directora del Departamento de Hacienda del Valle, explicó que la estrategia en las mesas técnicas se basará en analizar datos concretos sobre el comportamiento del mercado: “Lo que se busca, con elementos del recaudo, mostrarle al Gobierno Nacional el impacto negativo que tiene el incremento desproporcionado en el impuesto a licores y cigarrillos que va a desplazar el consumo”, dijo.

Según el análisis de la administración departamental, con el paso del IVA del 5 % al 19 % a productos como vinos, aperitivos, licores, cigarrillos y tabaco, y del aumento del impuesto al consumo del aguardiente y ron que pasa de $342 a $750 por grado alcoholímetro, se podría generar un efecto adverso en las finanzas regionales.

¿Por qué el debate?

Históricamente los departamentos han tenido como uno de sus principales ingresos los impuestos por la venta de licores y cigarrillo, rentas cedidas a los territorios que se invierten especialmente en el sector de la salud, educación y deporte.

El Valle recibió en 2025 $763.000 millones por este concepto, incluyendo consumo de vinos, cerveza, licores de la ILV, licores nacionales y extranjeros y cigarrillos. Ahora, a raíz de la emergencia económica decretada por el Gobierno, se aumenta el impuesto al consumo y el IVA a los licores pasa de 5 % a 19 %.

El dinero que se recaude por este incremento (14 puntos porcentuales) será para la Nación, de tal forma que las regiones seguirían con el ingreso del 5 %.

Pero esto no satisface a las regiones, pues se teme que el recaudo se reduzca, debido a que el alza de los precios será tan profunda que muchos preferirán no consumir o comprar bebidas ilegales.

La directora de Hacienda del Valle explicó que el país enfrenta un gran problema con el contrabando de licores y cigarrillos, hecho que se agrava con el aumento del impuesto y del precio.

Explicó que se calcula que entre el 36 % y el 40% del cigarrillo que se consume en Colombia y en la región es de contrabando, negocio que manejan los grupos ilegales, que llegan a tener hasta marcas propias en las zonas rurales, donde las tiendas deben dar prioridad a estos productos.

Para la funcionaria, el incremento en el valor de la cajetilla impulsará el contrabando, es decir, que el recaudo para los territorios caería.

La gobernadora Dilian Francisca Toro añadió que “estamos disminuyendo la renta del cigarrillo cerca de 40 % por cuenta del contrabando, que además está financiando estructuras criminales y hechos de inseguridad y terrorismo que hoy viven nuestras regiones”.

Explicó que la medida nacional impactaría al sistema de salud en estado crítico. Actualmente, cerca del 49 % de los recursos del impuesto al Consumo se destinan a este sector.

En el caso de los licores del Valle del Cauca, el aumento en el impuesto al consumo se reflejaría en un alza significativa en los precios al consumidor. Una botella de aguardiente de 750 mililitros pasará de $42.000 a $75.000, mientras que productos como el ron pasaría de $51.300 a $82.800.

La industria de Licores de Caldas también hizo proyecciones: según la empresa, el aguardiente Amarillo de Manzanares tendría en 2026 un precio de venta al público sugerido de $71.112 frente a $49.705 en 2025, es decir $21.407 más, equivalente a un aumento del 43 %.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que para evitar la caída de las rentas regionales se establecerá una salvaguarda, como han venido pidiendo los gobernadores, para garantizar, como mínimo, los ingresos departamentales: es decir, que no habría reducción de sus recursos en atención a posibles disminuciones de consumo o aumentos del contrabando.

“De producirse una afectación al recaudo, la Nación asumiría la compensación correspondiente”, dijo Ávila, sin embargo, los gobernadores tienen dudas sobre esto.

Emergencia económica

En este momento la Corte Constitucional revisa la exequibilidad del decreto de emergencia económica. Se espera conocer una sentencia en las próximas semanas.

Sin embargo, el viernes el magistrado Carlos Camargo radicó una ponencia ante la Sala Plena en la que ordenó suspender los efectos del decreto de emergencia económica tras concluir que la normativa causa un perjuicio irremediable a los contribuyentes por las cargas impositivas y constituye una usurpación directa de las funciones legislativas del Congreso de la República.

Sobre el tema, Luis Hernando Franco, director de Franco Murgueitio & Asociados, asegura que hay varias causales para pensar que el decreto es inconstitucional: “Los hechos invocados no son sobrevinientes, pues la crisis fiscal viene de tiempo atrás y ha sido de conocimiento general, habiéndose señalado de manera repetida desde los distintos sectores de la economía nacional”.

Aseguró que para atender el déficit presupuestal existen medidas ordinarias que el Gobierno no consideró, y menos implementó, todas direccionadas a reducción de costos y gastos.

“Hay falsedad en el propósito, evidenciada cuando frente a los “motivos” y a las finalidades planteadas el camino muestra exabruptos como el de la contratación por $10.000 millones para la defensa al Presidente por inclusión en lista Clinton. He aquí un detrimento patrimonial que, además, constituye hecho delictivo por apropiación de fondos públicos en provecho personal”.

También argumenta que hay un irrespeto a la independencia de poderes, pues persiste el Ejecutivo en la búsqueda de ingresos tributarios vía decretos y no a través del Congreso. “Habida cuenta de las clarísimas inconsistencias estimamos que la Corte Constitucional suspenderá los efectos del decreto de emergencia”.

Por su parte, Jaime Enrique Gómez, Socio de Posse Herrera Ruiz, considera que los gobernadores tienen rutas institucionales a su disposición para controvertir al Gobierno en este tema de la emergencia.

“Además, tienen espacios para generar fuerzas de coordinación política y jurídica, como, por ejemplo, la preparación coordinada de acciones encaminadas a debatir institucionalmente las medidas. La desobediencia en sí misma no es una estrategia sólida desde la perspectiva jurídica, y que puede traducirse en riesgos directos para los gobernadores”.

En todo caso, afirmó que sí es cierto que judicialmente se ha reconocido la posibilidad de inaplicar alguna disposición cuando efectivamente exista un convencimiento de su inconstitucionalidad bajo la lógica de la excepción de constitucionalidad. “De todas maneras, la procedencia o no de esta figura será en últimas decidida por la Corte”, destacó.