Aseguradoras advierten que sobretasa del 50% por la emergencia económica asfixiará su sector

El Gobierno, a través del Decreto 1474 de 2025 expedido en el marco de la emergencia económica, ordenó un incremento en el impuesto de renta para las compañías de seguros y reaseguros que elevaría su carga tributaria hasta el 50 %.

Esta determinación fue calificada por los aseguradores como un impacto desproporcionado y una política pública, en su consideración, sin justificación técnica, que discrimina a una industria clave para la protección social y la estabilidad financiera de este sector económico.

La nueva normativa tributaria para el año 2026 sitúa a las aseguradoras en un escenario de excepcionalidad fiscal que carece de antecedentes en otros sectores productivos.

Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), señaló que “una sobretasa de esas dimensiones es desmedida, más aún si se tiene en cuenta que ya hoy el sector está gravado con una sobretasa del 5 % sobre la tarifa básica del 35 %, de por sí supremamente alta en términos de la buena práctica internacional”.

El dirigente gremial explicó que la realidad fiscal de estas compañías ya es de por sí exigente bajo el marco actual. “De hecho, la tasa efectiva de tributación en renta de las compañías de seguros generales es muy cercana a la tasa nominal, rondando el 39.2 %”, explicó Morales, contrastando esta cifra con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde la tarifa del 35 % ya se considera excesivamente alta.

El sector argumentó que sus márgenes de ganancia no justifican un trato de “rentas extraordinarias”. Según los datos consolidados por el gremio, las utilidades sobre primas emitidas en los últimos cinco años registraron un promedio del 5.6 %.

Fasecolda concluyó que este porcentaje “no constituye una rentabilidad exorbitante que amerite un trato discriminatorio”, especialmente cuando las sobretasas suelen reservarse para industrias que se consideran socialmente nocivas.

Morales defendió que el papel de la industria aseguradora es opuesto al de un sector que se deba desestimular mediante castigos impositivos.

El presidente del gremio recordó que el propio Plan de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro quiso promover los seguros como un “instrumento de apoyo a los actores de la economía popular” y una herramienta para estimular la protección de nuevas capas sociales mediante los seguros paramétricos.

La industria manifestó su desconcierto ante la medida, pues el Ejecutivo le ha asignado responsabilidades estratégicas en el nuevo régimen de protección a la vejez y en la mitigación de riesgos derivados del cambio climático.

“Hay evidencia abundante del rol positivo que el propio Gobierno le reconoce al sector asegurador, lo que lo hace poco propicio a ser gravado con sobretasas tributarias injustificadas”, puntualizó el organismo gremial.

El sector aseguró que su labor no se limita a una mera intermediación financiera y que su compromiso con la reactivación del sector agrícola y las pequeñas y medianas empresas obedece a “profundas convicciones sociales y empresariales”.

No obstante, advirtieron que fijar una tarifa del 50 % a un sector cuyo papel es proteger a los ciudadanos “hará más difícil el camino hacia una mayor protección de las capas más vulnerables de la población”.

Por último, Fasecolda aclaró que la industria no ha solicitado beneficios especiales, sino un marco de competencia justo que permita la sostenibilidad del negocio. “El sector no pide un tratamiento tributario privilegiado o preferencial. Pide un tratamiento equitativo”, sentenció Morales.

Cabe recordar que la emergencia económica tiene una duración de 30 días, y una ampliación de hasta 90 días con aprobación del Congreso, en tanto que las medidas tributarias impuestas por el ejecutivo son transitorias, con una duración indefinida, pero pueden ser ‘tumbadas’ por el Congreso.