Anif prevé recaudo de $13,4 billones por emergencia económica: “afectaría la inversión”

El Gobierno Nacional abrió el debate económico tras plantear la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, una medida con la que el Ministerio de Hacienda espera recaudar inicialmente $8 billones.

Sin embargo, un reciente análisis del Centro de Pensamiento Económico, Anif, estima que el potencial de recaudo podría ascender a $13,4 billones, cifra que, según advierte la entidad, implicaría un aumento cercano a seis puntos porcentuales en la tasa efectiva de tributación empresarial.

De acuerdo con lo expuesto por la cartera de Hacienda, el gravamen aplicaría a personas jurídicas con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, es decir, alrededor de $10.475 millones. A partir de ese umbral se establecería una tarifa marginal de 0,6 % para patrimonios de hasta 600.000 UVT ($31.424 millones), mientras que para montos superiores la tarifa sería de 1,2 %.

Para Anif, gravar el stock de capital reduce la rentabilidad esperada de la inversión y encarece la acumulación de activos productivos, lo que puede traducirse en un desincentivo al crecimiento empresarial.

Además, el centro de pensamiento advierte que la adopción de este impuesto podría enviar una señal negativa a inversionistas internacionales que evalúan a Colombia como destino para instalar o expandir operaciones, al percibir un entorno tributario menos favorable para la acumulación de capital.

La entidad recordó que el país ya tuvo experiencia con un impuesto similar en 2011, cuando en el marco de la emergencia social y económica se implementó un gravamen transitorio con tarifas marginales entre 1 % y 4,8 %. Algunos estudios, señala Anif, encontraron que esta medida incrementó el costo de endeudamiento de las empresas y provocó caídas en la inversión de las firmas afectadas.

En el contexto internacional, actualmente solo cinco países mantienen algún tipo de impuesto al patrimonio empresarial para ciertas instituciones financieras: Suiza, Venezuela, Argentina, Luxemburgo y Noruega. En estos casos, las tarifas son inferiores al 1 % y de alcance focalizado, lo que evidencia, según el análisis, que se trata de un instrumento poco extendido.

Con base en sus cálculos, Anif sostiene que de los $13,4 billones estimados, $13,1 billones provendrían de empresas con más de 200.000 UVT de patrimonio líquido, lo que pone en duda los criterios que sustentan la meta oficial de $8 billones.

Además, advierte que el nuevo gravamen implicaría una doble tributación. Si se tiene en cuenta que el impuesto de renta empresarial ascendió en 2024 a $70,6 billones, un recaudo adicional de $13,4 billones elevaría la tasa efectiva de tributación de 29,8 % a 35,5 %.

Anif también propone desmonte del 4x1000

En paralelo, Anif presentó sus recomendaciones económicas para el periodo 2026-2030, entre ellas el desmonte gradual del 4x1000. Según la entidad, esta medida tendría un costo fiscal de $1,1 billones en el primer año, pero favorecería la formalidad y el crecimiento, al eliminar un impuesto que considera altamente distorsionante y desincentivador de las transferencias electrónicas.