Las ideas que Cali estudia para combatir la inseguridad en los próximos 10 años

Si todo sale bien, en marzo próximo será radicado ante el Concejo de Cali el proyecto de acuerdo municipal que contiene la política pública de seguridad de la ciudad para los siguientes diez años. La idea es saldar una deuda con los caleños. Así, por lo menos, lo cree el alcalde Maurice Armitage.

“Comenzar a estructurar una política de seguridad es un proyecto clave para el 2019, pero ojo, el hecho que no tengamos esta política no significa que no contemos con una estrategia con la que se lleva tres años trabajando. Para el Alcalde la seguridad no solo es un tema que se trabaja desde la fuerza, sino también desde el aspecto social. Esa es una apuesta de mediano y largo plazo”, le dijo Armitage a este diario finalizando el año pasado.
Por lo pronto, el borrador está casi listo y todos los días se le hacen modificaciones para presentarlo lo mejor posible.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, dice que la ‘columna vertebral’ de esta política será la lucha contra el homicidio, el hurto y el uso y tráfico ilegal de armas de fuego.

“Vamos a luchar contra el uso y el tráfico de armas de fuego, factor común de los homicidios y atracos en Cali. La política está pensada para ser aplicada durante los siguientes diez años, cuando esperamos que la ciudad tenga una tasa de homicidios de un dígito (2018 cerró con 47.5 homicidios por cada cien mil habitantes)”, explica el funcionario.

Además, “es muy importante para la ciudad contar con una política pública de seguridad ciudadana de largo plazo que no dependa de un solo periodo de gobierno porque hay muchas iniciativas que tomarán años en realizarse y llevarse a cabo y que requieren continuidad. La idea es que los parámetros no dependan de filosofías políticas particulares o de decisiones de alcaldes específicos, sino que sean iniciativas de ciudad y para eso es vital que el Concejo, como máxima autoridad del municipio, apruebe este proyecto”, acota Villamizar.

Cali cerró con un consolidado final de 1161 homicidios en 2018, una disminución de 81 casos comparado con el 2017, cuando la ciudad tuvo un registro de 1242 muertes violentas.

La política de seguridad para Cali es un trabajo que ha venido diseñando la Alcaldía, con apoyo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc), Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), Instituto Cisalva, Invamer, ProPacífico y la academia local.

El borrador, explica el Secretario, tiene como base los resultados de una encuesta de victimización, la realización de más de 80 talleres en diferentes comunas y diversos análisis del delito elaborados con información de la Fiscalía, la Policía y el Ejército, entre otras autoridades.

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“La política, entonces, tiene como base el Modelo Integral de Seguridad y Convivencia de Santiago de Cali (Miscc). Los componentes de este modelo son la prevención social de la violencia, prevención situacional del delito, fortalecimiento de la vigilancia y la inteligencia, participación ciudadana para la convivencia, garantías de acceso a servicios de justicia e inversión social”, añade Villamizar. 

Por su parte, Álvaro José Pretel, coordinador del Observatorio de Seguridad de Cali, afirma que la construcción de la política comprende dos niveles: cuantitativo y cualitativo.

En cuanto a lo cuantitativo, Pretel cuenta que se hizo uso de las fuentes de información de delitos en la ciudad tales como el Comité Interinstitucional de Muertes Externas, las denuncias de hurto de la Fiscalía, las llamadas a la Línea 123, el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía y la Encuesta de Percepción y Victimización de la Alcaldía.

“Estas fuentes permitieron determinar las características horarias y geográficas específicas de los principales hechos de violencia, delitos y conflictividades en la capital del Valle desde el año 2011”, dice el Coordinador del Observatorio.

En cuanto a lo cualitativo, Pretel afirma que se contó con el apoyo de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc). Con base en las metodologías de la Unodc se generaron espacios de diálogo participativo con actores comunitarios e institucionales de las 22 comunas y los 13 corregimientos de Cali.

“Gracias al trabajo realizado en estos espacios, se identificaron las principales preocupaciones y problemas de seguridad, convivencia y acceso a la justicia de los caleños, así como las soluciones y compromisos de la ciudadanía para mejorarlos desde el territorio”, argumenta.

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Los planes maestros, proyectos y estrategias que se formulen como desarrollo de la política de seguridad, se financiarán con recursos del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset) de Cali. Asimismo, la Alcaldía contará con la facultad de asignar recursos ordinarios de inversión de acuerdo a normas y procedimientos establecidos para ello.

La inversión en seguridad en la capital del Valle para 2019 es cercana a los $70 mil millones, solo el doble de 2018. Esto es casi la octava parte del dinero que se invierte en Bogotá.

Para Fernando Tamayo, presidente del Concejo y ponente de la política de seguridad, el proyecto es bueno, “pues los problemas con este tema nos han impedido como ciudad desarrollar toda nuestro potencial”.

“Por ejemplo, por más esfuerzos que se hacen la cifra de homicidios de Cali es desproporcionada, comparativamente frente a ciudades como Bogotá y Medellín. Entonces, frente a esta realidad, nuestro propio presupuesto no se conduele con el nivel de necesidad que nosotros manejamos y por eso creo que la política de seguridad se convierte en una alternativa real para generar bases permanentes. Esto nos permitirá tener un derrotero para enfrentar el flagelo”, dice Tamayo, quien añade que estará muy pendiente de cada componente del proyecto.

Por otro lado, Jesús Darío González, analista de la Fundación Ciudad Abierta, dice que la iniciativa se valora, pues será una posibilidad para evaluar qué ha pasado en este gobierno y en los anteriores con las políticas de seguridad.

“Sin embargo, creo que la acción está a destiempo. Lo ideal sería que un gobierno proponga la política en los primeros seis meses de gestión y hoy ya lo que se tendría que estar haciendo es operándola. Espero que el Concejo abra la participación ciudadana para debatir el proyecto”, argumenta González.

Los 213 homicidios y el 63 % de los hurtos que se cometieron en motocicleta con pasajero en la ciudad de Cali durante 2018, llevaron a las autoridades a tomar la decisión de transferir a la Policía Metropolitana la responsabilidad de hacer cumplir prohibición del parrillero hombre.

La medida la venía aplicando la Secretaría de Movilidad, pero las condiciones de inseguridad llevaron a la Alcaldía a otorgarle el control a la Policía.

Por otro lado, mientras que Popayán tiene 570 policías por cada cien mil habitantes, Bucaramanga 500 y Tunja 496, Cali, según las cuentas del general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana, tiene una tasa de 240 policías por cada 100 mil ciudadanos, muy lejos de la recomendación de la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU: garantizar 300 agentes por cada cien mil personas.

En total, la Policía Metropolitana, con 7222 agentes, brinda seguridad a Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria, Vijes y La Cumbre.

La capital del Valle cerró el año pasado con una tasa de 47.5 homicidios por cada cien mil habitantes.

Prevención del delito

Tiene como objeto disminuir, a través de un activo trabajo con los actores comunitarios, los factores ambientales de riesgo que inciden en la comisión de delitos de oportunidad e incidentes de convivencia.

Inteligencia y vigilancia

Los componentes de fortalecimiento tienen como objeto dotar a los organismos de seguridad y justicia de la infraestructura y los elementos tecnológicos y operativos necesarios para mejorar las capacidades de vigilancia policial e investigación criminal en la ciudad.

Convivencia

La política de seguridad ciudadana tiene como una de sus prioridades garantizar la sana convivencia en los diferentes territorios. Para esto, además de un trabajo articulado para la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia.

Inversión social

La política pública de seguridad ciudadana hace parte de la inversión en oferta social, educativa y recreativa que ha sido una prioridad de la Alcaldía de Cali.

Prevención de la violencia

Tiene como objeto articular todos los sectores, instancias, programas y estrategias orientadas a prevenir y controlar las expresiones de violencia urbana en la ciudad.

Acceso a la justicia

La política pública de seguridad ciudadana incorpora estrategias para garantizar el acceso a canales eficientes de denuncia, asesoría jurídica, servicios de atención para resolución pacífica de conflictos, mediación, y herramientas de justicia restaurativa.