La historia de la patrullera trans que logró ser reconocida como mujer policía

Andrea es jefe de información de una Estación de Policía en el Departamento del Cauca, pero no puede hablar. Toda una paradoja para esta patrullera, que tiene instrucciones precisas de la Policía Nacional de no dar declaraciones a la prensa sobre su condición transgénero: era hombre y ahora es mujer.

El teniente coronel Juan Carlos Ramírez Chávez, subdirector de Comunicaciones de la Policía Nacional, confirmó a El País que la uniformada no tenía aval para conceder entrevistas a los medios de comunicación, porque “no es vocera de la institución” y porque esta “solo se pronuncia sobre temas de seguridad y convivencia ciudadana, no sobre la vida personal de sus integrantes”. Y aclaró que a la Policía le parece “respetable y natural” su nueva identidad de género y que por ello “se le han respetado sus derechos”.

Ante la negativa, El País tuvo acceso al fallo en el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil - Familia, del pasado 8 de mayo, deja en firme la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Civil de Popayán, el 16 de marzo de 2018, el cual ampara el derecho al libre desarrollo de la personalidad de Andrea y exige a la Policía Nacional reconocerle su nueva identidad transgénero.

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También contactó a Diana Navarro, funcionaria contratista de la Subdirección de Asuntos LGBTI, de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, quien le hizo el acompañamiento a Andrea en su transición a su nueva identidad de género, cuando la joven decidió quitarles la tilde a la ‘e’ y la ‘s’ a su nombre de pila, para dejar de ser Andrés y nacer como Andrea.

Diana Navarro, profesional del Derecho que ya había logrado con éxito su cambio a mujer transgénero, contó a El País que conoció a Andrea cuando esta pagó el servicio militar en la Policía en Bogotá e ingresó luego a la Escuela de Policía Antonio Nariño de esa ciudad.

En ese momento la abogada era funcionaria contratista de la Dirección de Asuntos Étnicos, Rom y Minorías, del Ministerio del Interior y orientaba talleres de derechos humanos a miembros de la Policía Nacional.

“Fui a dictar dos talleres sobre Derechos Constitucionales a la Escuela de Policía, allí la conocí”, dijo Diana sobre quien aún se llamaba Andrés, pero soñaba con ser Andrea. Luego se volvieron a cruzar en el Centro de Operaciones de la Policía, en el departamento de Tolima, y Andrés le expresó su deseo de transitar al sexo femenino. Entonces la abogada lo asesoró jurídicamente para que iniciara su cambio de identidad de género.

De acuerdo con la síntesis procesal del fallo, Andrea se inscribió en la convocatoria 201-2014, “como aspirante a patrullero, de sexo masculino, sin ningún tipo de observación”, (que dejara entrever que quería cambiar a sexo femenino), dice el argumento de la Policía. Estudió en el año 2015 e ingresó a la institución como técnico en servicio de Policía el 15 de enero de 2016.

La joven fue asignada al departamento del Cauca, en cuyo comando fue nombrada para trabajar en la Estación de Policía de Santander de Quilichao, donde se desempeñaba como radio operadora. Un año y medio después, el 5 de septiembre de 2017, se desplazó a la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga, su ciudad de origen, para solicitar mediante escritura pública 2705 su cambio de nombre de Andrés a Andrea y de sexo masculino a femenino. Luego, solicitó ante la Registraduría Civil su nueva cédula.

Al parecer, Andrea creyó que ya había solucionado su problema ante la sociedad, pues la ley colombiana aprueba el cambio de identidad de género. Según se lee en la síntesis procesal, ella comunicó a la Policía su nueva condición, mostró su documento que la identifica como Andrea, de sexo femenino y pidió que se cambiara su nombre en la institución y que fuera tratada como femenina.

No obstante, su solicitud no fue tenida en cuenta y la denunciante interpuso un derecho de petición ante la dirección nacional de la Policía el 4 de enero de 2018, solicitando el cambio de su identidad en la base de datos de la institución.

A esto respondió el secretario (e) de la Policía el 26 de febrero siguiente, que no era posible porque la resolución de “su nombramiento en el grado de patrullero se torna inmodificable en virtud de la presunción de legalidad de la misma”. Es decir, el documento por el cual fue nombrado siendo hombre, no se podía alterar para decir que ahora era mujer sería ilegal.

Con este panorama, la patrullera tomó la decisión de interponer una acción de tutela contra la Policía Nacional, área de Derechos Humanos, en los primeros días de marzo de 2018, en el juzgado primero civil del circuito de Popayán. En efecto, el pasado 16 de marzo el juez falló a favor de la nueva Andrea y amparó su derecho a que la institución cambiara su nombre y sexo de acuerdo con su nueva identidad de género, como figura en su nueva cédula.

El fallo relata que en el expediente del caso figura un oficio del comandante de la Policía Cauca, fechado cinco días después, el 21 de marzo de 2018, en el cual ordena “aclarar” la identidad en sus papeles y expedir el carné institucional con su nuevo nombre.

Andrea también solicitó en la tutela un traslado a Bucaramanga, su ciudad de residencia, y que la Policía Nacional asumiera “el procedimiento quirúrgico” para “la reasignación o cambio de sexo” y así terminar de configurar su apariencia femenina, peticiones estas que le fueron denegadas por el juez en el mismo fallo de tutela. En el expediente, la Policía argumentó que al no estar cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud (POS), estas cirugías no las debe asumir la institución.

La Policía apeló la sentencia que le reconocía a Andrea su nueva condición sexual, el pasado 12 de abril. En la impugnación, el comandante de la Policía Cauca, explica que la institución hace las convocatorias de personal para un determinado número de hombres y de mujeres de acuerdo con las necesidades de la Policía, ya que “dentro de la doctrina policial, según el sexo y no la identidad de género, cumplen ciertas labores operativas y administrativas”.

Y cita el ejemplo de “que las requisas, las debe hacer un agente del mismo sexo de la persona sobre la cual se realiza el procedimiento, condiciones que son conocidas previamente por los aspirantes y a las cuales deciden someterse libre y voluntariamente. De ahí que no es coherente para quien hace parte de la Policía, cuestionar aspectos intrínsecos de la misma disciplina institucional”.

Con ello significa que a alguien requerido para una requisa, le puede molestar si se da cuenta que, como en este caso, en realidad la patrullera que la está requisando es fisiológicamente un hombre.

Pese a estos y otros argumentos, la sentencia de primera instancia, fue ratificada por el Tribunal Superior Civil de Popayán, con ponencia de la magistrada Doris Yolanda Rodríguez Chacón, el pasado 8 de mayo, amparando el derecho de la tutelante y ordena a la Policía Nacional a que ella sea reconocida con su nueva identidad de género en la institución.

Tan pronto la patrullera Andrea interpuso la tutela, comenzaron a llenar su hoja de vida de negativas, como se le llama en el argot policial, a los llamados de atención.

Su vida laboral cambió y no fue trasladada a Bucaramanga, como era su deseo, sino a la Estación de Policía de Toribío, municipio retirado en las montañas del Cauca.

A ello, el comandante de la Policía Cauca respondió que el traslado “no era una decisión caprichosa ni subjetiva, ni que le desconociera su identidad de género, sino que obedece a razones ciertas, objetivas y fundadas para el buen servicio administrativo”.

Sin embargo, en este lugar el comandante y los compañeros la trataron como mujer, la llamaron por su nuevo nombre Andrea y le asignaron funciones de secretaria.

Muy distinto al trato de la institución en Santander de Quilichao, puesto que Andrea seguía figurando en la base de datos de la institución como Andrés y le seguían tratando como hombre, refiriéndose a ella con el apellido, como tradicionalmente se les llama a los hombres.

La sentencia desmiente que la Policía haya despedido a la uniformada y que con el fallo de la Corte Constitucional la hayan tenido que reintegrar, como circuló en una cadena por WhatsApp. Al parecer, era un caso atípico para la Policía, ante el cual no sabían cómo actuar o qué acciones tomar con esta uniformada. “Con la sentencia logró que le reconocieran sus derechos de su nueva identidad de género”, dice Navarro.

Diana Navarro también desvirtúa la versión de que Andrea salió a vacaciones y “regresó transformada”, como decía dicha cadena, luego de que se hiciera el implante de senos. Según documentos científicos consultados por este diario, el proceso de transformación para personas transgénero mediante tratamiento hormonal, no se da de un día para otro, sino que toma de dos a tres años.

Al parecer, ese fue el caso de Andrea, quien habría empezado a medicarse para modificar su estado hormonal de masculino a femenino. Y hace tres meses se puso implantes de seno, en una clínica de Cali.

La sentencia ya quedó en firme y sienta jurisprudencia en Colombia sobre el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI en la Policía. No obstante, la abogada consideró pertinente solicitar una revisión del fallo en la Corte Constitucional, por lo cual el expediente fue trasladado a esa instancia el pasado 28 de mayo.

Andrea sigue laborando como Jefe de información de vigilancia en una Estación de Policía del Departamento del Cauca, pero, paradójicamente, no puede hablar sobre su transición del sexo masculino al femenino. No puede contar cómo fue pasar de ser Andrés a Andrea, porque “ni es vocera autorizada de la Policía” ni el tema es sobre “seguridad y convivencia”, que es la misión de la institución, según dijo el teniente coronel subdirector de comunicaciones de la institución.

Mientras tanto, se espera la revisión del fallo por parte de la Corte Constitucional, pero es facultad de esa dependencia elegirla para ello o no, pues no está obligada a revisarlas todas. Hasta ahora no ha proferido pronunciamiento alguno al respecto.

Una situación similar a la de Andrea le pasó a la oficial Sandra Mora, destituida por la Policía en el 2000 por su orientación sexual. Un fallo ordenó su reintegro en el 2011 y logró ascender a teniente coronel.

El teniente William Viasús laboraba en San Vicente del Caguán, en el año 2007, cuando fue despedido de la Policía, tras confesar su orientación homosexual. En 2015 fue reintegrado a la institución.