Fuerza Pública en jaque: la arremetida del 'Clan del Golfo' contra Policía y Ejército

En el audio que circula en redes con la imagen de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, recién capturado cabecilla del Clan del Golfo, supuestos hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia advierten que se viene una fuerte ofensiva contra la Fuerza Pública y que en adelante “habrá enfrentamientos y ataques con artefactos explosivos”.

“Estamos dando hasta cinco millones de pesos por oficiales del Goes (Comandos de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía) y oficiales de Agamenón (La operación que ha impactado fuertemente al clan del Golfo en los últimos meses). Por el comandante de operaciones estamos dando hasta cinco millones de dólares”, anuncia la voz.

Aunque ninguna autoridad militar ni de Policía confirmó la veracidad del audio, lo que sí es evidente son los reveses que han sufrido las Fuerzas Armadas en los últimos meses a manos de grupos armados ilegales, en especial de miembros del clan del Golfo.

Uno de los ataques más recientes ocurrió en el municipio de Ituango (Antioquia), donde cuatro militares, incluido un mayor, fueron asesinados durante una emboscada perpetrada por hombres de alias Otoniel quienes llegaron hasta la vereda Santa Lucía para realizar el ataque desde casas aledañas con explosivos y ráfagas de fusil.

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“Con profundo dolor informamos que en emboscada perpetrada por criminales del Clan del Golfo fueron cobardemente asesinados un oficial, un suboficial y dos soldados del Ejército Nacional de Colombia, que protegían a la comunidad de Santa Lucía, en Ituango”, informó a través de su cuenta en twitter el comandante de la Séptima División del Ejército, el brigadier general Juvenal Díaz Mateus.

Cuatro días atrás, en el municipio de Bahía Solano (Chocó) dos patrulleros del plan cuadrantes de la Policía fueron asesinados mientras comían en un restaurante por hombres que también harían parte del clan del Golfo.

En lo corrido del año han muerto 56 militares, entre soldados, suboficiales y oficiales; mientras tanto la cifra de policías asesinados en el mismo periodo llega a 53 patrulleros, subintendentes e intendentes, una de las cifras más altas de los últimos años.

En cuanto a los uniformados heridos, un informe del Ministerio de Defensa asegura que entre enero y agosto del 2021 fueron 814 casos, cuando en todo el año 2020 los militares y policías lesionados fueron 709.

Tras la captura de ‘Otoniel’, el primer acto en represalia se registró en Puerto Libertador, Córdoba, donde asesinaron a
5 soldados en un ataque con explosivos.

La captura de alias Otoniel, sin lugar a dudas, ha generado una retaliación anunciada por parte de los demás integrantes de la estructura criminal del clan del Golfo, pero aseguran los analistas que esa es solo una de las razones que subyacen en estos ataques recientes a las tropas.

Según el coronel (r) John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), están coincidiendo varios factores que dan como resultado lo que viene ocurriendo con los uniformados asesinados en varios lugares del país.

“Uno de ellos, por supuesto, es la capacidad retaliatoria del clan del Golfo que aún no está claro quien es el sucesor; no es claro si van a seguir unidos bajo una sola cabeza o si se van a federalizar porque tenía ciertos niveles de independencia y autonomía regional aceptado y no sabemos si eso va a generar diferentes núcleos federativos o si va habrá una lucha interna por el poder. Entonces en esa confusión del clan del Golfo en las regiones que venían actuando de manera relativamente autónoma, tomaron las decisiones de atacar a la Fuerza Pública más que por retaliaciones por la captura del máximo cabecilla, por demostrar superioridad y mantener el control de esas áreas”, indica Marulanda.

Advierte que hay otro factor ligado a este y es el narcotráfico que con sus asesinatos y demás, va más allá de la Fuerza Pública pero la involucra; “la muerte de líderes sociales, la muerte de líderes campesinos y líderes indígenas hacen parte de la lucha de diferentes bandas por el control territorial y de rutas. También tiene que ver esta seguidilla de ataques a miembros de la Fuerza Pública con lo que ocurrió en el Valle, donde se dio de baja a un cabecilla de la Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, o en la región del Catatumbo, donde siguen Los Pelusos, sigue el ELN y donde siguen las Farc atacando la Fuerza Pública con francotiradores y con sicarios”.

En marzo de este año, la guardia indígena
en Carmen de Atrato retuvo a 9 soldados que entraron en su territorio y habrían confundido con gente de agrupaciones paramilitares.

Pero no es solo el control del territorio el que marca este riesgo extremo a los uniformados. Explican los analistas que en los casos del ELN y de las disidencias de las Farc, su accionar está muy ligado a estrategias de estos grupos tratando de desestabilizar el país atacando la Fuerza Pública y demostrando que ellos son más eficiente de las tropas.

De acuerdo con el analista y docente Diego Luis Sánchez, lo que estamos viendo es un deterioro sistemático del orden público porque la batalla política y jurídica dejó en la mitad a unas Fuerzas Armadas muy restringidas en su legítimo accionar.

“La Policía no tiene el soporte jurídico para que su trabajo sea tan eficiente y eficaz como espera la ciudadanía. El problema de la delincuencia en las ciudades es un problema de justicia y no de policía; por eso se cayó la propuesta de desmantelar el Esmad”, explica.

Para el caso de las Fuerzas Militares, agrega, “perdieron mucho de su capacidad de inteligencia en el gobierno de Juan Manuel Santos; se desmanteló uno de los sistemas de inteligencia estratégica que fue ejemplo en América Latina y los golpes no van al ritmo que la gente quisiera y que el país necesita”.

Esa baja en el accionar, asegura Marulanda, se evidencia también en la dimensión aérea, los bombardeos, y existe en este momento mucho escrúpulo político del Gobierno para utilizarlos; aunque se ha bombardeado en Chocó, en Guaviare, Guainía y en diferentes partes del país en donde hay la suficiente inteligencia, pero la réplica política atemoriza al Gobierno porque dicen que se están matando niños, aunque el país sabe que eso es propaganda política porque los bombardeos cumplen los parámetros del DIH”.

Todos estos factores contribuyen al debilitamiento de la autoridad militar, recalcan los analistas, porque las estructuras armadas ilegales vienen sacando provecho de esta situación.

Ejemplo reciente fue la retención reciente de 180 militares en Tibú, Norte de Santander, que erradicaban cultivos ilícitos o los casos en los que indígenas y campesinos amenazan con machetes a los uniformados, sin que estos puedan reaccionar.

Después del acuerdo de paz, explica el politólogo Fernando Giraldo, uno de los errores cometidos fue que el Estado no hizo el esfuerzo suficiente desde el punto de vista institucional para copar los territorios abandonados por las Farc y en estos años el ELN, en especial, se apoderó de esos lugares.

“En segundo lugar, las bandas criminales al servicio del narcotráfico, entre ellos el clan del Golfo, y por el deterioro del proceso de paz, terminaron reclutando muchos desmovilizados y entraron por la fuerza a recuperar territorios que ya había tomado el ELN”, asegura Giraldo.
Recalca que el Estado está hoy tan débil como antes de las negociaciones de paz, que hay una especie de estabilización todas esas organizaciones ilegales que están ahora atacando el Estado porque lo ven muy enredado y sin una política clara para enfrentarlos.

Recientemente fue retenido en Argelia, Cauca, un centenar de militares por miembros de la comunidad que tras la liberación los obligó a salir de sus predios, sembrados en coca.

El pasado 28 de octubre, de acuerdo con un informe que reveló Semana, el Ejército le entregó un informe titulado ‘Catarsis’, a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con lo que consideran que ha sido su verdad frente al conflicto armado que se ha vivido en Colombia, en un informe detallado y contenido en 9.713 folios.

Según las cifras del documento, con corte al año 2016, 18.841 militares fueron asesinados en el país en el marco del conflicto.

Detalla que también 5.707 uniformados del Ejército fueron víctimas de desaparición forzada y que otros 316 militares estuvieron secuestrados.

En total, en el caso del Ejército Nacional, señala el informe entregado a la JEP que hay 269.573 víctimas del conflicto por parte de las Fuerzas Militares