De ventas de frutas a talleres de motos: la invasión del espacio público copa todos los barrios de Cali

Ya no es solo el centro, las zonas comerciales y gastronómicas o las galerías, las estaciones del MÍO o plazoletas públicas. Ahora los vendedores ambulantes son los otros habitantes de los barrios.

Las ventas informales se tomaron las zonas habitacionales y el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) del Municipio de Cali, Darío Daza, lo admite: “Todas las comunas están impactadas por invasión de espacio público, quizás la que menos tiene es la Comuna 22, que solo tiene ventas informales de frutas, flores y aguacates, pero de todas hemos recibido quejas por distintas formas de este fenómeno”, reconoció y declaró que se estima que en Cali viven entre 10.000 o 12.000 vendedores informales.

Los puntos críticos se reparten por igual en zonas exclusivas como el Oeste y en sectores populares, como en la entrada a Meléndez, para citar solo dos ejemplos.

Meléndez es quizá la muestra de lo que no debe ser: los andenes del lado derecho de la única congestionada vía de doble sentido, albergan motorratones, ventas de arepas, jugos, dulces y cigarrillos, chance, minutos y otros negocios que “se salen” de sus locales.

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Las revuelterías se explayan al andén y exhiben alimentos como en una galería. Un almacén de motos de famosa marca, las ‘parquea’ en la acera para atraer compradores. Un enjambre de clientes y transeúntes disputan un centímetro de andén y torean motos, carros y hasta buses del MÍO en la vía, para no ser arrollados.

Pero sectores de estrato 6 no son ajenos a esta situación. En Santa Teresita, Normandía y la Portada al Mar, en Santa Rita, no hay andén para tanta gente.

Alfonso Ramírez, presidente del Movimiento Cívico del Oeste, señaló que los puntos críticos de vendedores ambulantes con ocupación del espacio público, son la Avenida del Río, desde el puente de Santa Teresita hasta el Zoológico.

“Aquí venden tamales, lechona, jugos, flores, arepas y esta semana apareció una venta de chorizos en la Carrera 2. Todos dejan los desperdicios en la calle o en los andenes o llenan las canecas que son para los peatones. Además, no tienen a dónde ir al baño; son restaurantes ambulantes, sin servicio sanitario”, denunció Ramírez.

Como dijo Ramírez, a la vuelta hay un parqueadero (Cra. 2 # 9-56) donde estos vendedores informales guardan sus enseres: carretas de flores, carros ambulantes de mecato, cigarrillos y alimentos. A la entrada, un hombre que no reveló su nombre, instaló un asador de arepas.

“Es trabajo honrado, es mejor que lo que viene haciendo ese joven”, dice mirando a un estudiante que botó algo al pasar frente a él, pero el aire impregnado a marihuana lo delató. “Tengo cuatro hijos mayores y uno de 14 años que aún estudia y a los 50 años nadie me da empleo”, dice.

Danna Dávila, vendedora de jugos en la orilla del río Cali, se defiende y con risa pícara, dice: “Esto es un corredor deportivo y yo lo que tengo es un puesto de hidratación”. Madre de una niña, niega que arroje los desperdicios de naranja al río, sino que los días que no pasa el carro recolector, los lleva en su Chevrolet Optra 2005, que parquea en la Avenida del Río, y los bota en el chute de donde vive.

“Yo estoy aquí, por ellos”, dice mirando los edificios de la Avenida del Río; “ellos mandan la empleada con la jarra a comprar el jugo para el desayuno”, afirma.

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El carro metálico de jugos luce logos de su negocio, ‘Swetty’, y de Rappi, firma que dice, le dio la oportunidad como la única vendedora informal afiliada. “Me hacen muchos pedidos por esa aplicación y el cliente no se imagina de dónde es que le llega el jugo”, dice y suelta a reír de nuevo.
La mujer cuenta que las autoridades solo la han molestado “cuando uno o dos vecinos llaman y mandan cartas, pero la gente está mal informada, la Policía me explicó que no va a multar a nadie por tomarse un juguito, sino si llega a comprar mientras ellos hacen el procedimiento”.

Al respecto, Daza dice que ya se está trabajando en la reglamentación del Código Nacional de Policía (CNP) y así su reformulación aclare más las competencias de las autoridades policiales y administrativas, “pero en Cali no va a pasar el fenómeno de la empanada, las autoridades tienen claro cuál es la política de la administración de Maurice Armitage de protección del trabajo informal, pero de una manera organizada y segura”.

Una vecina del Oeste afirma que los vendedores de jugo arrojan las cáscaras al río y lo contaminan, cuando es área protegida. Y denuncia que “al parecer no se trata del rebusque de una pobre madre cabeza de hogar, sino de una empresa que muy temprano distribuye a diario en carro a las vendedoras en distintos sitios de Cali”, pero Danna negó esta versión.

Minutos después El País visitó otro carro de jugos –igualito al de Danna– en la Portada al Mar, cerca de allí, pero la vendedora había dejado “momentáneamente” el puesto –como si hubiese sido avisada–, dijeron la señora que asa arepas y vende desayunos, el hombre del carrito de dulces y cigarrillos, que disputan una estrecha esquina del andén, dejando a los transeúntes literalmente en la Calle.

En Meléndez, El País sí encontró a una joven que recibe $120.000 al mes por asar y vender arepas en un andén y su patrona tiene otro puesto en Pance. El Parque del barrio Capri, al sur de Cali, es otro espacio público invadido de puestos de comidas, incluidos los de los jugos.

Pedro Pablo Prado, vendedor de flores en la Avenida del Río, madruga por su mercancía a las floristerías del centro en la Carrera 10, y a las 7:00 a.m. la deja con su esposa y su hermana, mientras él va a atender otro puesto en Ciudad Jardín, en un supermercado que le dio “un ladito en la entrada” para vender sus flores.

En Normandía, subiendo por la Avenida 4 Oeste, se ha comprometido el paso peatonal y hay derechos de petición a la Alcaldía sobre usos del suelo, pero no han sido atendidos por la administración. “Hay una cantidad de tiendas que tienen invadido el andén y hay supermercados donde no se debe”, dice Alfonso Ramírez.

El País constató que subiendo al cerro, hay un gran parqueadero, en cuyo límite se han construido cocinas e improvisado restaurantes con mesas en el andén techado y embaldosado con cerámica.

Armando Martínez, dueño de uno de los restaurantes, declara que “esto es una ruta deportiva, por aquí suben los de la liga de ciclismo, de atletismo, de patinaje y prestamos un servicio a la comunidad”.

En su opinión, “esto es una vereda del corregimiento de Golondrinas; se supone que somos Comuna 2, pero nunca vienen a donar algo; dicen que como somos asentamiento subnormal, no tenemos derecho a servicios públicos; viera lo que sufre la gente por agua y transporte”.

Alfonso Ramírez se queja de que la situación del Oeste se ha tratado a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia. “Hemos hablado con los vendedores, pero ellos dicen que tienen su derecho legítimo al trabajo y que están protegidos por el Alcalde, que él los respalda”.

David Daza, de IVC de Cali, ratificó que “la posición del alcalde Maurice Armitage es de respaldo a las personas que requieren de un mínimo vital móvil, que tengan en uso de espacio público la posibilidad de llevar dinero para su sustento y el de su familia. Esa apreciación ha sido atendida por los organismos de control y debemos acompañarla con acciones para mitigar los impactos de esa actividad”.

El funcionario explicó que la institucionalidad tiene sus limitaciones y que la nueva reforma administrativa agudizó algunas: por ejemplo, Cali pasó de tener más de 60 funcionarios para control del espacio público a solo 10. “No tenemos el personal para hacer presencia suficiente, nuestros operativos son esporádicos, según la demanda, y da la percepción ciudadana de no presencia continua”.

“Es necesario suplir el faltante con organización y con la colaboración de otras dependencias, que hacen una buena tarea, pero de manera individual y por eso hay desorden en el control que permite que quienes no se someten a trabajar organizadamente, puedan evadir sus responsabilidades”, enfatizó Daza.

El intendente Luis Eusebio Araque, de la Oficina Jurídica de Seguridad y Convivencia de la Policía Metropolitana de Cali, informó que hasta el 19 de febrero de 2019, la Policía ha impuesto 140 comparendos por el artículo 140 numeral 4, referente a ocupación de espacio público.

Y no son vendedores ambulantes, sino ferreterías que sacan de su área comercial elementos de construcción, obstaculizando el tránsito ciudadano. O exhiben sofás, camas, camarotes, ropa, zapatos y demás en las aceras, como en la Calle 23. O instalan elementos en los parques y les impiden a los ciudadanos realizar actividades recreativas con sus hijos.

El uniformado resalta que la sentencia 211 de 2017 de la Corte Constitucional les otorga a los vendedores ambulantes un principio de legítima confianza y ordena a la administración municipal hacer la caracterización para identificarlos. Por ello, “la Policía no ha hecho planes específicos contra los vendedores informales, sino en general contra la ocupación del espacio público por denuncias ciudadanas”.

David Daza, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, informó que la Secretaría de Seguridad y Justicia avanzó de un 25 % a
30 % un censo de esta población. Hasta noviembre de 2018 arrojó 3000 vendedores ambulantes. Se espera terminar este semestre.

Daza dice que Cali, epicentro del occidente colombiano en prestación de bienes y servicios, recibe muchas migraciones internas del país.
”Muchas personasllegan buscando mejorar sus condiciones de vida; por ello, la mayoría de los vendedores informales son foráneos”, dice.

El portal es Buenaventura,por donde llegan del Pacífico; otros son desplazados del sur del país y la migración venezolana.

Daza dijo que la administración está trabajando para dejarle a la ciudad un plan de política de espacio público y un plan parcial de aprovechamiento por trabajadores informales, según la caracterización de esa población que se está realizando”.

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