¿Acabar las EPS? Esto piensa el Ministro de Salud

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¿Acabar las EPS? Esto piensa el Ministro de Salud

Noviembre 25, 2018 - 08:00 a.m. Por:
Alfredo García / Reportero de El País 
Juan Pablo Uribe, ministro de Salud.

Juan Pablo Uribe, ministro de Salud.

Raúl Palacios / El País

A diario miles de usuarios de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, se quejan de los malos servicios, situación que obedece en gran medida a la crisis financiera de esas entidades y del propio sistema.

El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Escobar, es partidario de depurar la red de EPS y dejar operando a las más sólidas. Pero tiene el reto de reducir una deuda global del sector que suma hoy $10 billones.

El Superintendente de Salud dio esta semana un ultimátum a las EPS para que mejoren sus servicios a los usuarios, o habría sanciones. Cada Gobierno dice lo mismo, pero la situación sigue igual...

Es importante señalar que el todo el trabajo del sector salud debe estar encaminado a mejorar los resultados, a elevar el bienestar de las comunidades y a cumplir con las expectativas de servicio de la población. Y por supuesto, hacerlo con responsabilidad y sostenibilidad financiera.
Es particularmente importante el desempeño de las EPS, y por eso la Supersalud —que el Gobierno está fortaleciendo en estos meses iniciales— está muy cerca a la verificación de los requerimientos de funcionamiento de todas esas entidades.

Cuando una EPS se desvía de esos requerimientos entra en una ruta crítica, donde con plazos específicos tiene que cumplir, y de no hacerlo, hay dos alternativas: sanciones y planes de mejoramiento, o en los casos extremos una exclusión de la seguridad social.

¿Cuántas EPS están hoy esa ruta crítica en el país?

En esa ruta hay un número importante de EPS y le corresponde a la Superintendencia seguir esa vigilancia cercana. Puede haber unas 16 EPS en vigilancia especial entre 44 que operan hoy y que deben cumplir con requisitos para mejorar los servicios a los usuarios.

¿Es partidario de reducir el número de EPS, eliminar las más críticas y dejar solo las más sólidas?

Claro. La evolución de nuestro sistema ha ido reduciendo el número de EPS tanto en los regímenes contributivo como el subsidiado. Esa tendencia continuará.

Más que un número exacto lo que queremos como colombianos es que las EPS que existan nos den la oportunidad de selección como ciudadanos, y en segundo lugar que nos brinden esa garantía de servicios adecuados y que tengan suficiente representación territorial y largo plazo en su esfuerzo para que todos podamos estar recibiendo una mejor atención.

¿A propósito, cuándo podrían resolverse los líos de Medimas, cuya situación cada día es más delicada para prestar sus servicios?

Medimás es una de las EPS que tienen vigilancia especial y el seguimiento a su desempeño (financiero y en servicios) le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud.

Es de interés del Ministerio y del Gobierno en todo momento velar por la calidad y continuidad de los servicios a 4,2 millones de usuarios que están en esa EPS, así como de todas las demás EPS en su función de aseguramiento. En su momento, la Supersalud irá tomando las decisiones del caso con cada una de ellas.

Tras cumplirse los primeros 100 días del Gobierno Duque, ¿qué realidad halló en el sistema de salud y cuáles son los retos a enfrentar?

Es importante que el país conozca que Colombia ha tenido grandes desarrollos en salud. Al llegar el nuevo Gobierno, el 7 de agosto, encontró un sector con fortalezas, aunque con unos desequilibrios profundos en lo financiero, en especial por la acumulación de deudas históricas.

El sistema tiene unos retos inmensos en salud pública, como por ejemplo en la Región Pacífico, al igual que el desafío de recuperar la capacidad de servicios con calidad en los hospitales públicos. Existe además, una exigencia de mejorar los servicios con mayor humanismo y calidad alrededor del paciente. Esos son cuatro grandes retos que están sobre la mesa que queremos enfrentar con determinación.

Usted habla de deudas históricas que afectan al sector. ¿De cuánta plata se está hablando?

Lo primero que hicimos fue cerrar el presupuesto del 2018 con un esfuerzo grande de $780.000 millones para garantizar el funcionamiento de los programas de salud pública. Lo segundo, es que en el presupuesto del 2019 habrá una complementación de $3,1 billones para garantizar que el año entrante Colombia podrá seguir contando con un mejor aseguramiento en salud.

Estamos, asimismo, consolidando las deudas históricas acumuladas por muchos años, entre lo que era el Fosyga (hoy Adres) las EPS, los entes territoriales y entre EPS y los hospitales. Esa cifra puede superar los $10 billones, y es determinación del presidente Duque y el Gobierno ir consolidando ese monto para encontrar los mecanismos financieros y llevar dicha deuda a unos acuerdos de punto final en el 2019.

Esos acuerdos de punto final ¿qué significan, pues eso suena que todas las deudas quedarían en ceros?

Vamos a comenzar por donde hay la posibilidad de consolidar una deuda nacional que podamos reconocer. Esto se debe traducir en mayor liquidez para los servicios del sistema.

Esperamos que en las primeras etapas de deuda, que son aquellas que corresponden al Gobierno Nacional y los entes territoriales, podamos liberar cerca de $4 billones a partir del próximo año.

Usted habla de nuevas reformas en el sistema de salud, y en darle más dientes a la Supersalud para enfrentar a las EPS deficientes. ¿No son recetas similares a las que hubo en el pasado?

Hay dos dimensiones de reformas que necesitamos. La primera, es fortalecer la inspección, vigilancia y control. Ya se radicó un proyecto (en el Congreso) con mensaje de urgencia para darle más dientes a la Superintendencia de Salud y una mayor capacidad sancionatoria para aplicar multas más grandes. Y también en su capacidad de intervenir tempranamente frente a los abusos en los flujos financieros y en las contabilidades del sector.

Por otro lado, hay reformas que el sistema de seguridad social colombiano requiere para evitar posiciones dominantes y limitaciones a la libertad de elección (a las personas para escoger su EPS), y darle más visibilidad y transparencia a los flujos financieros y a las contrataciones en el sector.

¿Es factible con esas reformas reducir la ‘tutelitis’ aguda a la que acuden los colombianos para recibir mejor atención en salud?

La tutela es desafortunadamente un indicador de la falta de calidad y oportunidad en los servicios. Y en la medida en que podamos desarrollar esta política integral con foco en el ciudadano, esperaríamos que el número de tutelas cada día se reduzca. Y ese sentido estamos trabajando bajo el mandato de la Corte Constitucional en el cumplimiento de la Ley Estatutaria que elimina esos puntos grises de interpretación en los planes de beneficios y que fortalece el derecho a la salud. Esa ruta nos debe llevar a menos tutelas.

Tener una cobertura de casi el 100% en salud es positiva. Pero algunos expertos afirman que eso llevó al deterioro de los servicios, sobre todo porque hay EPS y hospitales sin capacidad financiera. ¿Comparte esa tesis?

El sistema de salud cubre a todos los colombianos a diario. Por lo tanto, está en un crecimiento con dolores y retos. Nunca llegará a ser estable porque sus necesidades y demandas seguirán aumentando. Al depurar las EPS hay que consolidar un número suficiente de aquellas organizaciones que tengan realmente capacidad organizacional y de representar a los afiliados, gestionar su riesgo y contratar de manera adecuada.

Su antecesor, Alejandro Gaviria, intervino los precios de muchos medicamentos y por eso tuvo líos con las farmacéuticas. ¿Usted seguirá con esa misma política?

El Gobierno ha mantenido la política de control de precios de los medicamentos. Eso se ha hablado abiertamente con la industria. Se mantendrán los actos que recibimos y vamos a sumar otros instrumentos para controlar el alza en los costos de las tecnologías por fuera del plan de beneficios. Habrá compras centralizadas y la introducción de valores máximos de recobro en el No POS para frenar ese incremento que ha seguido en los últimos años y que podría comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

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