Víctimas interpondrán tutela contra libertad de general Uscátegui

Las víctimas de la masacre paramilitar de Mapiripán rechazaron este sábado la decisión de dejar en libertad al general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de cárcel por el hecho y quien se convirtió en el militar de más alto rango en beneficiarse con el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP).

"Es indignante porque él se hace pasar por víctima de un proceso en el que las víctimas somos nosotros. El general no ha dicho la verdad y no ha pedido perdón, y eso es lo que nosotros requerimos, que al menos nos dé la cara", dijo la vocera de los afectados, Marina Sanmiguel.

Según Sanmiguel, las víctimas instaurarán una acción de tutela (recurso de amparo) porque no fueron informadas de la decisión que cobijó este viernes a Uscátegui.

El juez 21 de ejecución de penas de Bogotá concedió "el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada al condenado brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por cumplir con todos los requisitos para ello".

El general (r) había sido condenado por el Tribunal Superior de Bogotá el 25 de noviembre de 2009 por los delitos de homicidio y secuestro agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Los días de la masacre de Mapiripán, entre el 15 y 20 de julio de 1997, Uscátegui Ramírez era comandante de la VII Brigada del Ejército Nacional con sede en Villavicencio y tenía en su jurisdicción a las tropas del Batallón de Infantería Joaquín París, al mando del entonces coronel Hernán Orozco, con asiento en San José del Guaviare, a donde llegaron en aviones los miembros de las autodefensas.

En esos días, miembros del grupo paramilitar irrumpieron en el municipio Mapiripán, del departamento del Meta, y asesinaron a por lo menos 50 personas.

En la sentencia, la Corte consideró que el general Uscátegui fue informado oportunamente de la toma violenta del municipio de Mapiripán y que no tomó medida alguna en favor de los habitantes de la localidad. “Debió comunicar la gravedad de la amenaza para que se coordinaran acciones dirigidas a proteger a los pobladores de Mapiripán”, dice el fallo de la Corte Suprema.

El pasado mes de enero el general pidió el beneficio de someterse a la JEP, que califica las conductas cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (Didh), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Penal Internacional (DPI).