Uscátegui, el primer alto oficial beneficiado por la Justicia Especial para la Paz

Mayo 05, 2017 - 01:44 p.m. Por:
Colprensa
Jaime Humberto Uscátegui Ramírez

Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, general (r) había sido condenado el 25 de noviembre de 2009 por los delitos de homicidio y secuestro agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

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El juzgado 21 de ejecución de penas de Bogotá le otorgó la libertad al general en retiro Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, quien solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz.

Mediante el auto 436, el Juzgado concedió “el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada, al condenado brigadier general, Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, por cumplir con todos los requisitos para ello, esto según la certificación expedida por el Secretario Ejecutivo Transitorio de la Jurisdicción Especial Para La Paz, Néstor Raúl Correa Henao”.

La boleta de libertad se libró esta mañana y deberá hacerse efectiva de manera inmediata en el Cantón Norte, en donde está recluido.

El general Uscátegui fue condenado en 2014 a 37 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por las AUC entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

Lea aquí: '¿Jurisdicción Especial para la Paz es para todo el mundo?'.

La Corte ratificó la condena que había sido impuesta en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el 25 de noviembre de 2009 por los delitos de homicidio y secuestro agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Uscátegui Ramírez era comandante de la VII Brigada del Ejército Nacional con sede en Villavicencio y tenía en su jurisdicción a las tropas del Batallón de Infantería Joaquín París, al mando del entonces coronel Hernán Orozco, con asiento en San José del Guaviare, a donde llegaron en aviones los miembros de las autodefensas.

En la sentencia, la Corte consideró que el general Uscátegui fue informado oportunamente de la toma violenta del municipio de Mapiripán y que no tomó medida alguna en favor de los habitantes de la localidad. “Debió comunicar la gravedad de la amenaza para que se coordinaran acciones dirigidas a proteger a los pobladores de Mapiripán”, dice el fallo de la Corte Suprema.

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