Vehículos de la Unidad Nacional de Protección habrían sido usados por disidencias de ‘Calarcá’ para transportar armamento

Testimonios recolectados por la Fiscalía General de la Nación revelaron que integrantes de las disidencias al mando de alias Calarcá utilizaron camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignadas a firmantes del Acuerdo de Paz, para transportar fusiles, municiones y combatientes uniformados entre los departamentos de Caquetá y Tolima, burlando los controles de las autoridades.

El expediente, dado a conocer por Noticias RCN, documentó cómo los grupos armados ilegales aprovecharon los bienes del Estado para fortalecer su capacidad militar.

Según la investigación, estos movimientos respondieron a una orden emitida en septiembre de 2024 por alias Calarcá, quien dispuso el traslado de tropas desde el sur del país hacia el Tolima con el objetivo de disputar el control territorial a la facción de alias Iván Mordisco y consolidar el frente Joaquín González, bajo la orientación del bloque de alias ‘John Menchas’.

En interrogatorios realizados por el ente acusador en octubre de 2025, uno de los capturados detalló la operación. El disidente narró que el traslado contó con la colaboración de protegidos que residían en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Icononzo.

“En coordinación de alias Donald y Giovanni, comparecientes en el ETCR del municipio de Icononzo, nos ayudaron a hacer el cruce del armamento”, confesó el testigo a la Fiscalía. El hombre precisó que estos sujetos “venían con un esquema de seguridad de la UNP como con dos o tres camionetas blancas y otros carros Willys que habían contratado para desplazarnos”.

El documento judicial detalló que el armamento, suministrado por el bloque Jorge Suárez Briceño, llegó inicialmente a lomo de mula hasta la zona de San Rafael, en el límite entre Huila y Tolima, donde se completó la entrega a los vehículos oficiales.

El inventario transportado incluyó “dieciséis fusiles, cinco pistolas nueve milímetros, 6000 cartuchos”, además de material de intendencia compuesto por “100 uniformes, 100 gorras o pavas y veinte pecheras”.

El operativo implicó la movilización de aproximadamente cincuenta personas durante quince días. Además del tráfico de armas, la investigación estableció que los vehículos blindados sirvieron para transportar a guerrilleros con órdenes de captura vigentes hacia la vereda Patio Bonito, en El Espinal. En esa zona, los insurgentes realizaron reuniones para carnetizar a la población e imponer cobros extorsivos.

El expediente concluyó de manera tajante que “todos estos movimientos se realizaron en los vehículos de la UNP, pertenecientes al esquema de seguridad de alias Donald”.

Ante la contundencia de las revelaciones, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, aseguró a Noticias RCN que no tenía noticia de estos eventos específicos ni de la investigación judicial en curso.

“No conocía esta grave información. Tampoco conocía que estuviera contenida en un proceso que lleve la Fiscalía”, declaró el funcionario. Sin embargo, Rodríguez reconoció la vulnerabilidad histórica de la institución al admitir que “en la Unidad Nacional de Protección han ocurrido desde comienzos de su fundación hechos irregulares”.

El director se puso a disposición de las autoridades competentes para entregar la información requerida ante la gravedad de la situación que involucra recursos de protección estatal en actividades delictivas.