Procuraduría alerta por nuevo millonario contrato para expedición de pasaportes

La Procuraduría General de la Nación alertó este viernes 6 de febrero, sobre la suscripción de un nuevo contrato interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional por más de 185 mil millones de pesos para la producción de pasaportes, situación que elevó los recursos comprometidos a más de un billón de pesos en cuatro convenios con objetos contractuales similares y encendió las alarmas del ente de control por la reiteración de acuerdos con el mismo fin.

La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública precisó que el contrato CI-005-2026, cargado en la plataforma Secop el pasado 29 de enero, estipuló una ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 por un valor exacto de 185.374.493.464 pesos, pero no especificó una fecha de inicio para las obligaciones de personalización, custodia y distribución de las libretas.

El ente de control señaló que este acuerdo constituyó el cuarto instrumento jurídico firmado entre ambas entidades con un propósito similar, sumándose a los convenios 007 de 2025, 001 del 18 de julio de 2025 y el acuerdo suscrito con aliados extranjeros para la transferencia de tecnología.

El Ministerio Público indicó que la suma de estos negocios jurídicos generó una acumulación de recursos comprometidos que ascendió a 1 billón 493 mil millones de pesos ($1.493.409.424.714).

Esta nueva firma ocurrió tres meses después de que el órgano de control demandó la nulidad del convenio internacional entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal por presuntas irregularidades de fondo, proceso en el que actualmente se espera una decisión judicial sobre medidas cautelares que podrían ordenar la suspensión inmediata de dicha alianza.

La entidad confirmó que abordará la suscripción de este nuevo negocio jurídico “desde cada una de las acciones preventivas que se han entablado con respecto al suministro de pasaportes, al igual que desde cada una de las investigaciones disciplinarias en curso”.

El documento llevó las firmas de Elvira Sanabria, en representación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, quienes pactaron la producción de los documentos y el manejo de las etiquetas de visa con lectura mecánica.

La nueva asignación presupuestal funcionaría como una alternativa operativa del Gobierno ante la posibilidad de que prospere la acción judicial contra el acuerdo portugués, tras un periodo en el que la falta de capacidad técnica obligó a contratar a la firma Thomas Greg and Sons en dos ocasiones bajo la modalidad de urgencia manifiesta.