Piden a Cidh prioridad en investigación por amenazas contra director de Canal Capital

Directivos del canalhan recibido advertencias sobre posibles atentados contra el periodista Hollman Morris, director de Canal Capital, la televisión pública de Bogotá.

Los directivos de Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, le solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar prioridad en su estudio sobre las amenazas contra el director de ese medio, Hollman Morris, al tiempo que le pidieron un pronunciamiento al respecto.Así lo expresó en un comunicado la Junta Administradora Regional del Canal Capital de Bogotá, que recuerda que se han recibido advertencias "sobre la posible comisión de atentados contra la vida de su gerente, Hollman Morris".El comunicado agregó que el Canal público de la capital colombiana "ha sido objeto de acciones de presión y amedrentamiento" manifestada a través de "interferencias con mensajes" destinados a generar equivocaciones en la opinión pública "respecto de su criterios y lineamientos editoriales".Por eso, Canal Capital hace un llamado especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-Relatoria sobre la Libertad de Prensa para que "estudie el presente caso como prioritario en su agenda y se pronuncie dando lugar a las medidas que amerite" , añadió el documento.Agregó que las amenazas contra Morris y las presiones y amedrantamientos "configuran una amenaza al derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa" para el Canal y los televidentes.Los directivos del medio de comunicación pidieron a las autoridades colombianas que se garanticen la debida protección a Morris, así como a todo el personal e instalaciones de la empresa.Igualmente, solicitan celeridad en las investigaciones para determinar el origen de las amenazas.En febrero pasado, Morris denunció ante la FiscalÍa ataques informáticos y amenazas contra el Canal Capital, que depende de la Alcaldía de Bogotá, cuyo titular, el izquierdista Gustavo Petro, lucha para impedir la aplicación de un fallo de la ProcuradurÍa (Ministerio Público) que lo destituyó del cargo e inhabilitó por 15 años.