Petro responde a Consejo de Estado por frenar decreto de traslado a la Nueva EPS: “Le hace grave daño a la salud”

El presidente Gustavo Petro reaccionó ante la decisión del Consejo de Estado de frenar el decreto para trasladar cerca de 2,6 millones de usuarios hacia Nueva EPS.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el Mandatario señaló que el Alto Tribunal con esta determinación le causa un grave daño a la salud.

“El Consejo de Estado aquí le hace grave daño a la salud, porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados. El primer pilar de un buen sistema de salud es la salud preventiva”, dijo en el trino.

El hecho

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno Nacional que reorganizaba territorialmente las EPS y establecía límites al número de aseguradoras por municipios y departamentos. La decisión se produjo tras estudiar la demanda presentada por la representante Katherine Miranda, quien advirtió que la norma podría derivar en traslados forzosos de millones de usuarios hacia Nueva EPS.

La medida del Alto Tribunal deja sin efecto temporal el Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el que se buscaba implementar un modelo de aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional.

Según la demanda, la regulación fijaba topes al número de EPS autorizadas para operar según el tamaño poblacional de cada territorio, lo que reduciría las opciones de los afiliados y concentraría usuarios en ciertas entidades, particularmente en Nueva EPS.

En el auto, el Consejo de Estado advirtió que el rediseño podría implicar la reasignación obligatoria de más de seis millones de afiliados, incluidos cerca de 2,6 millones que serían trasladados a Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

También se pusieron en duda la capacidad operativa y financiera de esta entidad para asumir un incremento de esa magnitud. La demanda señala problemas relacionados con capital mínimo, patrimonio, reportes financieros, quejas de usuarios y fallas en la prestación de servicios y entrega de medicamentos.

El decreto contemplaba que en municipios pequeños pudiera operar una sola EPS, mientras que en ciudades intermedias y grandes se establecían límites máximos. Por ejemplo, en localidades con entre 10.001 y 20.000 habitantes solo podría funcionar una EPS, y en territorios entre 20.001 y 30.000 habitantes el tope sería de dos.

La norma también fijaba criterios de participación mínima de afiliados para que las EPS pudieran mantenerse en determinadas regiones y facultaba a la Superintendencia de Salud para actualizar, en un plazo de tres meses, las autorizaciones territoriales de funcionamiento.

El Gobierno defendió el decreto al señalar que buscaba corregir problemas estructurales del sistema, como la fragmentación del aseguramiento, las dificultades operativas en zonas apartadas y la falta de sostenibilidad financiera de algunas EPS.

Tanto la Presidencia como el Ministerio de Salud insistieron en que la medida no ordenaba traslados automáticos hacia una EPS específica, y que la reorganización territorial pretendía generar economías de escala, fortalecer las redes de atención y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.