Olmedo López reitera disposición de colaborar ante escándalo de corrupción de la Ungrd: “Si la justicia requiere más, habrá más”

En una carta firmada con huella dactilar y dirigida al país, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, reiteró que su disposición de cooperar con las autoridades judiciales es incondicional y se mantendrá sin importar la decisión que adopte este martes la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

El Tribunal decidirá frente a la apelación del preacuerdo que firmó con la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2025, en el que reconoció responsabilidad por peculado por apropiación y concierto para delinquir, y que un juez rechazó, desatando el trámite de impugnación que se resuelve hoy.

“Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”, escribió López en el documento, al que también agregó: “Si la justicia requiere más, habrá más”.

En el texto, el exfuncionario —que permanece privado de la libertad— describió los obstáculos que enfrentó desde que decidió colaborar con la justicia: amenazas, persecuciones y, según reveló, un ofrecimiento de soborno de “miles de millones de pesos” que rechazó y puso en conocimiento de las autoridades.

“Esta decisión de decir la verdad no ha estado exenta de presiones, riesgos e intentos de interferencia”, señaló López en el documento.

El exdirector también afirmó que tuvo la posibilidad de huir del país, buscar protección en el exterior o guardar silencio ante las presiones recibidas. “Pude hacerlo. Pude haber salido del país, haber buscado protección en otros lugares o haber optado por el silencio al atemorizarme por las amenazas, las persecuciones o al aceptar el soborno ofrecido, como ocurre en muchos casos. No lo hice”, escribió.

Su defensa, encabezada por el abogado José Moreno, confirmó públicamente que López también habría podido solicitar asilo político amparado en su pasado vínculo con el M-19, pero decidió permanecer en Colombia.

El cónclave y los nombres

En la carta, López reiteró que fue él quien advirtió sobre la existencia del llamado “cónclave”, un espacio que, según describió, operó en la Casa de Nariño como mecanismo para “coordinar acciones dirigidas a corromper congresistas y a direccionar contratos.”

En ese contexto volvió a mencionar a los principales señalados: los exdirectores del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y de la Función Pública, César Manrique Soacha, hoy prófugos de las autoridades; los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle; los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior; y la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

“En mis declaraciones he señalado a altos funcionarios del Estado, incluyendo consejería presidencial, director del Dapre, director nacional de la Función Pública, ministros, congresistas y contratistas, porque mi deber es decir la verdad completa, sin reservas ni consideraciones personales. No se trata de versiones aisladas ni de afirmaciones sin sustento”, señaló.

López defendió la solidez de su testimonio al afirmar que sus declaraciones no son la única fuente disponible para la justicia: “Mis declaraciones son veraces y han sido respaldadas por pruebas y por otros testimonios que coinciden con lo que he venido revelando, quienes también han decidido colaborar con la justicia mediante principios de oportunidad y acuerdos formales. Esto demuestra que no estamos frente a hechos individuales o versiones aisladas, sino frente a una estructura que ha quedado en evidencia.”

El acuerdo sometido a revisión del Tribunal Superior de Bogotá, firmado en mayo de 2025, contemplaba una reducción de pena a 6 años y 2 meses de prisión a cambio del reconocimiento de responsabilidad de López en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, además del compromiso de devolver al Estado los dineros apropiados de manera irregular durante su gestión al frente de la entidad.

Su defensor reiteró, a través de la red social X, que la decisión del tribunal no afectará el compromiso de su cliente de continuar aportando información en el marco de las investigaciones.

Las declaraciones de López se inscriben en el mayor escándalo de corrupción documentado en la Ungrd, que derivó en la judicialización de una cadena de exfuncionarios, congresistas y contratistas vinculados al Gobierno Petro.

La lista incluye, entre otros, a los recién electos congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, capturados en marzo de 2026 por cohecho impropio; al exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla; al exsubdirector Luis Carlos Barreto Gantiva; al exasesor jurídico Pedro Andrés Rodríguez Melo; y al abogado Édgar Eduardo Riveros Rey.

El desvío de recursos se materializó en parte a través del empresario Luis Eduardo López Rosero, conocido como “El Pastuso”, quien ya fue condenado.

La Procuraduría General de la Nación destituyó a las cabezas de la entidad tras comprobar millonarios sobrecostos, y concluyó que con su conducta “desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública.”