No cesa la polémica por 'mico' en proyecto anticorrupción que afectaría libertad de prensa

Diciembre 07, 2021 - 11:55 p. m. 2021-12-07 Por:
Redacción de El País
Proyecto Cámara

Según la FLIP, lo aprobado extiende un fuero y una protección especial a los funcionarios, exfuncionarios y los familiares.

Foto: Especial para El País

Establecer sanciones para aquellos que denuncien sin pruebas a funcionarios o exfuncionarios públicos por actos de corrupción es la esencia del artículo incluido en el proyecto de ley anticorrupción aprobado en la medianoche del lunes por la plenaria de la Cámara de Representantes.

Es por ello que varios sectores del país se declararon en alerta ante lo que consideran una posible censura a los medios de comunicación.

“Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisito legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”, reza el texto aprobado por 59 votos, mientras que 53 lo rechazaron.

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Según Carlos Ardila, primer vicepresidente de la Cámara, explicó no se trata de un ataque a la libertad de prensa por parte del Estado: “Aquí no les están diciendo: ‘ustedes tienen que direccionar la noticia de determinada manera’, los periodistas serán libres de publicar, pero, como siempre, tendrán la responsabilidad de soportar lo que están publicando”.

Agregó que “quien está adelantando una investigación seria en contra de la corrupción, requiere un amparo para que lo pueda hacer (...) el periodista debe probar lo que está comunicando”.

Otra cosa piensa la representante Juanita Goebertus: “Limitar la libertad de expresión y el derecho a la oposición es inconstitucional, abiertamente contrario a la Convención Interamericana. Es el camino de regímenes autoritarios a lo largo y ancho del continente, tanto de izquierda como de derecha. El debate debe darse en democracia y de ninguna manera a través de la persecución penal. Si no se elimina en la conciliación, procederemos ante la Corte Constitucional para que lo declare inexequible”.

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Bajo esta misma línea se pronunciaron la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI) y Asomedios, en un comunicado: “Se trata de una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.

También indican que “en el debate se evidenció que un sector político ve con recelo a la prensa y está tramitando inconformidades personales a través del sistema legislativo, a tal punto que durante el debate se cuestionaron garantías de suma importancia para la actividad periodística, como la presunción de buena fe y la rectificación”.

Según Jonathan Bock, director de la FLIP, no se había aprobado en las últimas décadas una disposición legal “tan regresiva” como esta. “Lo que votaron 73 congresistas, abre la puerta a sanciones y represión, como la que existe en Venezuela o Nicaragua”, dijo.

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Añadió que aumentar el castigo y el blindaje de los funcionarios va en contravía de la libertad de expresión y del espíritu del proyecto de ley anticorrupción, que es precisamente es el que más debería generar transparencia y garantías a la ciudadanía. También indica que extiende un fuero y una protección especial a los funcionarios, exfuncionarios y los familiares, “lo cual es legislar en causa propia, porque termina siendo una manera de que sean los congresistas quienes se protegen”.

Según la FLIP, lo aprobado extiende un fuero y una protección especial a los funcionarios, exfuncionarios y los familiares, lo cual es legislar en causa propia.

De su lado, la Misión de Observación Electoral (MOE), destaca que el blindaje que dicho artículo le otorga a los funcionarios se evidencia a través de dos elementos: pretende sancionar penalmente dos veces una misma conducta, pues si se sanciona por injuria o calumnia a un ciudadano por denunciar hechos de corrupción, este podrá ser acusado y sancionado, una segunda ocasión, por este nuevo delito.

Y, por otra parte, el artículo establece un procedimiento extraordinario en el que se puede hasta cancelar la personería jurídica de una organización comunitaria (responsabilidad penal de personas jurídicas) previo a que se determine si es responsable o no del delito del que se le acusa. “Medida que no ha sido incluida siquiera para casos de lavado de activos, corrupción, o enriquecimiento ilícito”.

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“Llama la atención que este artículo haya sido incluido en el marco de una ley Anticorrupción, que debería estar orientada al establecimiento de medidas que incrementen el control ciudadano sobre la gestión y ejecución de los recursos públicos y el actuar de los funcionarios. Por lo contrario, lo que se aprueba es una medida que se convierte en un desincentivo a la participación ciudadana y el control efectivo del poder político”, anotó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

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