Moody’s ratificó la calificación de riesgo crediticio a escala internacional de EPM

La agencia calificadora Moody’s Investors Service ratificó la calificación de riesgo crediticio a escala internacional de EPM, en Baa3 y mejoró la perspectiva de negativa a estable, conservando el nivel “grado de inversión”.

Debido a los avances del proyecto hidroeléctrico Ituango, superior a 87%, y la reducción de la incertidumbre sobre los daños y costos asociados al proyecto, la calificadora otorgó la estabilidad en la calidad crediticia de las Empresas Públicas de Medellín y reveló que también hizo revisión de los informes de la firma consultora Poyry y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) .

Moody’s Investors Service explicó que el desarrollo de Hidroituango aún se enfrenta a retos de construcción, sin embrago, “considera que existen suficientes incentivos para mitigar los riesgos de ejecución restantes, de forma que al menos una de las ocho turbinas comenzará a operar durante 2022”.

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Entre las otras razones que consideró la calificadora se encuentra la indemnizaciones por daños y coberturas de responsabilidades fiscales que recibió EPM durante 2021 y 2022 por un monto aproximado de US$1,100 de millones, lo cual fortaleció la posición de liquidez de la empresa y proyecta una fuerte posición para el pago de la deuda en los próximos 12 meses.

La afirmación de la calificación con perspectiva estable también incorpora el perfil de ingresos de gran escala y diversificado de EPM en un contexto de crecimiento económico, esto cono una base consolidada que incluye flujos de caja predecibles derivados de su negocio regulado de distribución de electricidad (43% del Ebitda consolidado hasta septiembre de 2021).

Sin embargo, las calificaciones podrían verse presionadas a la baja si nuevos incidentes en  Ituango causan daños medioambientales adicionales, gastos de responsabilidad civil de terceros o daños permanentes/irreversibles a la infraestructura del proyecto. La presión negativa sobre la calificación surgirá si la empresa no logra recaudar de su programa de desinversión de activos, o si se producen sobrecostes o retrasos sustanciales o, claramente, una cancelación del proyecto.