Medimás podría perder su licencia de funcionamiento en ocho departamentos

La Superintendencia Nacional de Salud tomó este martes nuevas decisiones frente al proceso que se adelanta a la EPS Medimás, donde se anunció un proceso de revocatoria parcial de funcionamiento en ocho departamentos y una investigación sancionatoria contra la junta directiva y su representante legal. Además, se prorrogó por seis meses la vigilancia especial.

La decisión llega una semana después de la preocupación manifestada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que pidieron intervenir forzosamente y liquidar la entidad.

La Supersalud creó una instancia de seguimiento, que se encargará de verificar el avance y cumplimiento de las órdenes impartidas a la EPS, de la cual también harán parte los ministerios de Salud y Hacienda, como mecanismo de respuesta a las preocupación de los entes de control.

“Las decisiones obedecen a los resultados de la evaluación realizada por la Supersalud al desempeño de la EPS, teniendo en cuenta que, pese a las acciones implementadas para estabilizar su operación, persisten las dificultades en temas relacionados fundamentalmente con la garantía en la atención al usuario y el giro oportuno de los recursos”, señaló Supersalud.

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Según explicó, los departamentos donde se inició el proceso para determinar si continúan operando son Bolívar, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Guainía, Cundinamarca, Cauca y Arauca, buscando velar por la garantía en la prestación de los servicios de salud a los cerca de 339.000 afiliados a esta EPS.

De otra parte, la Superintendencia ordenó una investigación administrativa sancionatoria contra la junta directiva de la EPS Medimás y su representante legal, por un presunto incumplimiento de las órdenes emitidas por la Supersalud con respecto a las condiciones financieras necesarias para que la EPS garantice el aseguramiento en salud de sus afiliados y cumpla con sus obligaciones.

“De comprobarse la responsabilidad de los investigados, podrían verse incursos en sanciones a título personal que van desde los 50 hasta 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, Smmlv, e incluso la remoción e inhabilidad del representante legal hasta por 15 años para el ejercicio de cargos que incluyan la administración de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

En ese orden de ideas, Medimás deberá acatar, entre otras, el cumplimiento de las condiciones financieras que le habían sido aprobadas y deberán estar certificadas por el contralor con funciones de revisión fiscal; adoptar las acciones necesarias para recuperar los anticipos entregados; implementar las medidas necesarias para optimizar el proceso de radicación de cuentas y facturación; certificar que todas las facturas cumplen con el proceso de auditoría de cuentas médicas con sus respectivos soportes y certificar mensualmente el cumplimiento del manual de contratación aprobado por la EPS, en particular los suscritos con los prestadores de su red.

Frente a la decisión de la Supersalud, la EPS Medimás aseguró que cumplirá con lo estipulado por la entidad de control y reiteró su compromiso de seguir trabajando con el acompañamiento del comité de seguimiento establecido, para garantizar los servicios de salud.

“Las decisiones de prorrogar por seis meses la Medida de Vigilancia Especial, MVE, que pesa sobre la EPS, son el reflejo de resultados obtenidos por medio de la implementación de los planes e iniciativas que viene adelantando la nueva administración para fortalecer la operación en los departamentos donde tiene presencia”, señaló Medimás.

Por eso, anunció que “asume la resolución como una oportunidad de mejora para alcanzar resultados cada vez más positivos en los indicadores de la MVE, mejoría que fue evidenciada en el Plan de Reorganización Institucional radicado por la entidad, en enero del 2020, asegurando mejores resultados en salud, servicio humanizado y sostenibilidad”.

Además, aseguró que seguirá garantizando la prestación del servicio y el derecho a la salud de sus afiliados en Arauca, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Guainía, La Guajira y Magdalena.