"Los extremistas son siempre iguales, no importa si son de izquierda o de derecha": Rafael Guarín

Consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Ese el cargo que Rafael Guarín viene desempeñando desde agosto de 2018. Pero hay otra labor que lo enorgullece tanto o más: ser el primer defensor de Iván Duque, su amigo desde hace 23 años.

“Me consta su integridad y pulcritud”, dice sin cortapisas. Como tampoco se ahorra al momento de custodiar su obra de Gobierno, sin importar que los detractores sean de la oposición o uribistas.

“Los extremistas son siempre iguales, no importa si son de izquierda o de derecha. Gustavo Petro es igual a Fernando Londoño y Londoño es igual a Petro. En medio de los bloqueos, la violencia, el delito, el ataque a los ciudadanos, bajo la sombrilla del paro, en vez de contribuir a fortalecer la institucionalidad y encontrar respuestas que vigoricen la democracia, ambos atacaron con vileza al Presidente y al Gobierno”.

Y con esa misma vehemencia, como lo hace en Twitter, en entrevista con El País cuestiona los protocolos de seguridad en la Brigada 30 y condena a quienes han generado caos en medio del paro nacional.

“El problema no es la protesta, un derecho sagrado de los ciudadanos y que es necesaria y saludable para la democracia. El problema es la violencia, los bloqueos, el desabastecimiento, el crimen de estructuras organizadas, entrenadas y financiadas que pretenden desde Cali desestabilizar el régimen democrático y que no son protesta, son delito”.

Tras los lamentables hechos ocurridos en Cúcuta, ¿cree que se debe revisar la inteligencia para evitar que haya más actos de terrorismo en los cuarteles militares?

Fortalecer la inteligencia es tarea permanente. El Consejo de Seguridad Nacional adoptó una estrategia basada en tres p: prevención, protección y persecución. El esfuerzo principal es articular capacidades de inteligencia con las de investigación judicial. Conforme a la jurisprudencia constitucional, se ha dado la orden de compartir la información de inteligencia a la Fiscalía General de la Nación, para que sirva de criterio orientador en la actividad judicial. Esto ha permitido, apoyados en el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Terrorismo, que no se concreten 452 intenciones terroristas detectadas desde febrero de 2019 y hasta el día del atentado en Cúcuta. Ahora bien, no hay esfuerzo que valga, si en las unidades militares y de Policía se cometen errores o no se cumplen con rigurosidad los protocolos de seguridad. Lo ocurrido en la Brigada 30 es absurdo e inadmisible.

¿Es decir que reconoce que hubo un error en la Brigada, cuál?

Debemos esperar los resultados de la investigación de la Fiscalía General, con el apoyo del FBI. No obstante, en una unidad militar o policial no puede suceder un evento de este tipo, menos cuando se han dado instrucciones insistentemente para mantener reforzada la seguridad, teniendo en cuenta que son objetivo permanente de los grupos terroristas. En este caso, es evidente que no se cumplió con una revisión exhaustiva del vehículo ni con la verificación adecuada de quien ingresaba. La investigación debe determinar por qué y las eventuales responsabilidades. Y en materia disciplinaria, la Inspección del Ejército deberá cumplir su función en el marco de su competencia e imponer las sanciones que correspondan. Esto no se puede repetir. Y no se debe pasar por alto.

¿Cómo evitar que el país vuelva a ser objeto del terrorismo urbano?

Durante todo el Gobierno, el ELN y las disidencias de las Farc han mantenido la intención de actos terroristas. La eficacia de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación para lograr su prevención ha sido muy alta, pero esto es como en el fútbol. Se pueden evitar cien goles, pero se pierde si logran meter uno solo y mucho más si es por error del portero o de la defensa. Debemos estimular más el apoyo ciudadano con información, repudiar los discursos justificadores de la violencia, intensificar la inteligencia, la contrainteligencia y compartir más entre las mismas agencias y con la Fiscalía. El énfasis debe seguir siendo prevención, protección y persecución. Detectar las células terroristas y desarticularlas.

En su perfil de Twitter usted dice que la naturaleza es asunto de seguridad nacional. ¿Por qué?

En el Plan Nacional de Desarrollo, la Consejería logró que se definiera el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como el interés nacional, principal y prevalente de Colombia. Esto significa que el Gobierno del presidente Iván Duque y el Congreso de la República reconocen que tales recursos son vitales para la supervivencia de la Nación y el bienestar de la población, también que, al ser recursos estratégicos y escasos, deben ser preservados y defendidos de intereses foráneos, de diferente naturaleza, que quieren saquearlos, controlarlos e impedir que el Estado ejerza el control que le corresponde.

En la Política de Defensa y Seguridad y en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, lideradas por la Consejería, se establecieron líneas de acción acorde con dicha definición. Es la primera vez que la política de seguridad le da preminencia a la protección de la naturaleza y ordena a las Fuerza Militares cumplir misiones para su protección. Un salto histórico.

Usted le acaba de pedir al Ministerio de Defensa que reglamente el uso de las llamadas armas traumáticas. ¿Cuáles son las razones por las que debe hacerse?

El objetivo es proteger la vida. Para eso, entre otras cosas, la política del Gobierno es promover el desarme general. Perseguir las armas que están en manos de la delincuencia y restringir al máximo las armas con permisos de porte y de tenencia. Lo sucedido en Cali es el mejor ejemplo de la inseguridad que generan las armas traumáticas sin regulación y de la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y monitoreo de las armas, en general.

Las armas traumáticas son verdaderas armas de fuego, conforme al dictamen técnico emitido por la Dijín y a la definición consagrada en el Decreto 2535 de 1993. Debe prohibirse su comercialización, importación, tenencia y porte. Un arma traumática ante un delincuente, que tiene pistola o revólver, es una invitación a matar. Lo que se debe hacer es multiplicar los esfuerzos de la Policía para desarmar a los delincuentes. En el marco del paro se han incautado 911 armas de ese tipo.

Sin embargo, hubo ‘fuego amigo’ desde el partido de Gobierno criticando esa posición. ¿Qué dice ante el reclamo de la senadora Cabal, que aboga porque los ciudadanos puedan defenderse con armas?

Las armas no son un derecho en Colombia, conforme a la Constitución. Recuerde que la Constitución es lo que la Corte Constitucional dice que es.

¿Le preocupa el informe que pueda entregar la CIDH después de su visita de trabajo a Colombia para examinar las denuncias de abuso en la fuerza policial?

Independiente del contenido y alcance del informe de la CIDH, la instrucción del Presidente de la República es transparencia absoluta sobre todo los sucesos ocurridos durante el paro y con ocasión del mismo. El Gobierno tiene claro que la legitimidad del Estado depende de que se garantice a las víctimas de los múltiples hechos de violencia y de casos de violación a los Derechos Humanos, sin importar el victimario, los derechos a la justicia, la verdad, la reparación. No debe haber impunidad en ningún caso. Todos los que han actuado como criminales deben tener sanción severa. Específicamente, frente a conductas de miembros de la Fuerza Pública que puedan ser violaciones de los Derechos Humanos, será la justicia ordinaria la que adelante las investigaciones e imponga las sanciones penales y disciplinarias que correspondan, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, que tienen todos los colombianos. La orden del Presidente siempre ha sido ejercer la autoridad con respeto por los Derechos Humanos.

Hablando de defensa, usted pareciera ser el escudero del presidente Duque en Twitter...

Soy el primer defensor del Presidente. Lo conozco desde que éramos estudiantes, hace más de 23 años. Me consta su integridad y pulcritud. Para la tormenta resultado de la pandemia, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia a gran escala en algunas ciudades, el país no podría contar con una mejor persona para salir adelante.

El Presidente actúa con total compromiso por Colombia y para eso ha asumido costos altísimos, aun frente a facciones extremistas de su propio partido.

Es que, por ejemplo, en las últimas semanas se le ha visto responder con vehemencia en esa red social a los senadores Petro y Roy Barreras. ¿Considera que ‘incendian’ al país con sus comentarios en contra del Gobierno?

Mire usted, los extremistas son siempre iguales, no importa si son de izquierda o de derecha. Gustavo Petro es igual a Fernando Londoño y Londoño es igual a Petro. En medio de los bloqueos, la violencia, el delito, el ataque a los ciudadanos, bajo la sombrilla del llamado paro, en vez de contribuir a fortalecer la institucionalidad y encontrar respuestas que vigoricen la democracia, ambos atacaron con vileza al Presidente y al Gobierno. Cuando la prudencia es la que debe imperar, ambos incitan la desinstitucionalización del país. Ah, no olvidar, ambos en su momento derrotados por Duque.

Usted lideró la política de convivencia y seguridad ciudadana que está vigente actualmente en Colombia. ¿Cree que pasó la prueba a la que fue sometida por la violencia que rodeó este mes y medio de protestas en el país?

Los invito a leer la política. Los hechos recientes demuestran no solo que dicha política está bien enfocada, sino que los ministerios responsables y demás entidades del Ejecutivo deben acelerar su ejecución. La prioridad debe ser la protección de los ciudadanos, garantizar sus derechos, mantener el orden y la legitimidad de la autoridad. Eso es mucho más importante cuando es claro para todo el mundo que los bloqueos y las situaciones, en el marco de las cuales se generaron gravísimos hechos de violencia y de muerte, han hecho parte de la campaña electoral que desde el Comité del Paro vienen adelantando para 2022.

A propósito, ¿cómo analiza lo sucedido en Cali en términos del vandalismo que se tomó la ciudad, ratifica que hay estructuras de narcotráfico y guerrilla detrás de la llamada Primera Línea?

Hasta el expresidente Ernesto Samper, recurrente crítico del Gobierno, ha denunciado la injerencia del narcotráfico. Solo hay que leer los comunicados públicos del ELN y de las disidencias de las Farc para darse cuenta que están metidos, como lo ha señalado el fiscal general, Francisco Barbosa. Hay que ser claros: el problema no es la protesta, que es un derecho sagrado de los ciudadanos y que es necesaria y saludable para la democracia. El problema es la violencia, los bloqueos, el desabastecimiento, el crimen de estructuras organizadas, entrenadas y financiadas que pretenden desde Cali desestabilizar el régimen democrático y que no son protesta, son delito.

La Primera Línea es una consigna de reclutamiento, organización, agitación y movilización. Tiene una narrativa elaborada por gente que sabe y que busca deslegitimar el Estado y legitimar la violencia que ejercen algunos de sus integrantes. Como consigna, sirve para que ciudadanos inconformes se identifiquen. Y hay que ser cuidadoso en no generalizar, para no estigmatizar. La cuestión está, no en el inconforme que protesta pacíficamente, sino en el violento, el delincuente, el bárbaro y el asesino que pretende disfrazarse de protesta bajo la consigna Primera Línea. A esos hay que judicializarlos y meterlos presos. La sociedad caleña debe movilizarse pacíficamente para apoyar a las autoridades y rechazar la violencia y a sus promotores.