Ley Antitrámites: congresista Reyes Kuri explica en qué consiste

La semana pasada el Congreso de la República aprobó la Ley Antitrámites, que solo está a la espera de la sanción presidencial. Con esta iniciativa el Gobierno deberá crear un archivo digital con los documentos de los ciudadanos, para así reducir el tiempo que a estos les toma hacer un trámite con el Estado.

Luego de que la ley sea sancionada, el Estado tendrá un plazo de un año para comenzar a implementarla. Además, con ella todos los nuevos trámites se deberán poder hacer de manera virtual y llegarán a su fin requisitos como el de la fotocopia de la cédula ampliada al 150 por ciento.

El ponente del proyecto de ley, el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, explica en qué consiste.

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Esta tiene como propósito solucionar el exceso de trámites del Estado y la complejidad innecesaria de los mismos, que afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos, propicia la corrupción, disminuye la competitividad y hace al Estado un ente ineficiente.

Mediante el fortalecimiento del Suit (Sistema Único de Información de Trámites) y la obligación de digitalizar los trámites para que se puedan hacer en línea. El proyecto también contempla la creación de una oficina de relación con el ciudadano, implementa los servicios ciudadanos digitales, la gratuidad en el acceso a información pública, la racionalización de licencias y permisos, así como la obligación de dar respuesta de fondo a los trámites de acuerdo con el tiempo estimado en su regulación.

El decreto es específico y lo que hace es simplificar y eliminar, por sectores, muchos trámites que hay en Colombia. Por su parte, el proyecto de ley no habla de trámites específicos, sino que da lineamientos generales que tienen que cumplir todas la entidades nacionales y territoriales: el Gobierno Nacional, los ministerios, las gobernaciones y las alcaldías del país.

Todos los trámites nuevos se deberán poder hacer totalmente en línea y, por supuesto, también se podrán hacer a través de los canales presenciales, teniendo en cuenta que hay personas que no tienen acceso a la tecnología o que no les gusta realizarlos de manera digital.

Para los trámites existentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley y que no puedan realizarse totalmente en línea, el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones determinará los plazos y condiciones para el trámite. El Estado promoverá el uso de los canales virtuales para tal fin.

A partir de la entrada en vigencia de la ley se acabarán las estampillas físicas y estas se podrán pagar y obtener de forma electrónica, por ejemplo, la estampilla pro universidad, pro cultura o la pro adulto mayor.

La resolución de los trámites, en general, se deberá hacer en un plazo máximo de 15 días, excepto que para algún trámite especial haya una norma que establezca un tiempo distinto, el cual también deberá respetarse. Por ejemplo, si una norma establece que un trámite ambiental se debe demorar 45 días, el funcionario deberá resolverlo en 45 días, ni un día más.

Se iniciarán sanciones disciplinarias contra las entidades y los servidores públicos que no cumplan con las normas de la ley.

Esta será una archivo digital en la nube en donde quedarán consignados todos los documentos de la relación de cada ciudadano con el Estado. Entonces, cada vez que el Estado le genere un documento al ciudadano, este quedará guardado en esa carpeta; y cada vez que el ciudadano le presente al Estado un documento, este también quedará almacenado en ese archivo. Esto servirá para que las personas tengan todos sus documentos digitalizados en un mismo lugar y no en la casa o en otra parte, exponiéndose a que se le pierdan. Pero, sobre todo, la carpeta digital servirá para que el Estado no le esté pidiendo al ciudadano los mismos papeles cada vez que este va a hacer un trámite.

Cada vez que uno va a hacer un trámite con alguna institución del Estado, esta nos pide llevar la fotocopia de la cédula ampliada al 150 por ciento y, si vuelves a esa entidad o a otra a los 15 días, te vuelven a pedir el mismo documento. Esto se acabar con la carpeta ciudadana porque, si la persona lo autoriza, cada vez que el Estado necesite un documento de nosotros, podrá acceder a ese espacio en la nube.

Obligamos a que todas la entidades centralicen la atención al ciudadano en un sola oficina, que a su vez podrá tener varias sedes. Por ejemplo, si tu vas hoy a la ventanilla única de la Alcaldía de Cali a pagar el impuesto predial, pues de allí te mandan a las oficinas de Hacienda Municipal; o si necesitas entregar un documento para aplicar a un subsidio de vivienda, pues deberá desplazarte a otro lugar. A partir de que la ley entre en vigencia, todos estos trámites se podrán hacer en una oficina física o virtual de atención al ciudadano.