La preocupante situación del gremio constructor para enfrentar la reconstrucción de Colombia tras el terremoto

Colombia tendrá que afrontar la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto con un sector constructor que llega debilitado después de varios años de crisis.

La advertencia fue hecha por Guillermo Herrera Castaño, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), durante la feria del gremio que se realiza en Medellín, donde presentó un balance sobre la situación de la construcción de vivienda y los retos que tendrá la industria para responder a la emergencia.

El panorama que expuso Herrera muestra una paradoja: el país necesitará una enorme capacidad de construcción para recuperar las viviendas afectadas por el terremoto, pero las empresas que deberán asumir buena parte de esa tarea vienen de varios años de caída en las ventas, reducción de la actividad y deterioro de sus márgenes, en parte explicado, según Herrera, por el desmonte de las políticas de vivienda del anterior gobierno de Gustavo Petro.

Según el presidente de Camacol, la construcción residencial acumula tres años consecutivos de contracción. Las ventas de vivienda comenzaron a caer de manera sucesiva desde el segundo semestre de 2022, después de un periodo de recuperación que había seguido a la pandemia.

El efecto sobre las empresas ha sido significativo. De acuerdo con Guillermo Herrera, más de 400 compañías que se dedicaban a la construcción de vivienda han dejado de operar o ya no están construyendo.

A esto se suma el deterioro de la rentabilidad. Según cifras de la Superintendencia de Sociedades citadas por Camacol, el 51 % de las empresas dedicadas a la construcción de edificaciones residenciales tiene un margen de utilidad inferior al 2,5 %.

“Hoy somos menos empresas dedicadas a la construcción de vivienda en Colombia y las que quedan tienen márgenes menores frente a un escenario de costos muy empinado”, comentó Herrera.

La reconstrucción llega en medio de la crisis del sector

Camacol estima que 180.000 viviendas deberán ser rehabilitadas o reforzadas y otras 31.000 tendrán que ser reconstruidas, además de los cerca de 600 edificios colapsados y los daños registrados en infraestructura.

La emergencia, además, está dispersa en 470 municipios de 15 departamentos, con una concentración importante en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

Para el presidente de Camacol, esta dispersión territorial será uno de los principales desafíos de la reconstrucción, pues obligará a movilizar capacidad técnica, empresarial y logística hacia numerosos municipios con condiciones muy diferentes.

“Este esfuerzo de inspección geográfica va a ser un reto importantísimo para probar las capacidades del Gobierno y el sector privado para llegar a todos los rincones donde se presentaron daños sobre las edificaciones”, afirmó.

El cálculo presentado es que la reconstrucción de Colombia podría costar $30 billones, de los cuales $24,5 billones corresponderían a edificaciones, principalmente residenciales, y el resto al componente de infraestructura.

Camacol ya ha planteado al Gobierno la necesidad de establecer un régimen especial para la reconstrucción, pues considera que los programas ordinarios de vivienda no serían suficientes para responder a la magnitud y dispersión de los daños.

¿Y los subsidios?

Uno de los principales planteamientos del gremio es retomar y adecuar la política de subsidios de vivienda para las familias afectadas por el sismo.

La propuesta es que las ayudas no se definan bajo un único esquema, sino que tengan en cuenta los ingresos de cada hogar, el tipo de daño sufrido y las condiciones particulares de cada territorio.

“Tenemos que retomar, adecuar la política de subsidios en función de los niveles de ingresos de los afectados. Tiene que reconocer las diferencias territoriales, así como las de los daños que se están generando”.

Camacol también considera necesario revisar las restricciones que podrían impedir que una persona que ya recibió un subsidio pueda acceder nuevamente a una ayuda de vivienda, teniendo en cuenta que algunos hogares que habían recibido beneficios en el pasado ahora podrían haber perdido completamente su patrimonio.

“La reconstrucción no puede hacerse desde Bogotá”

Otro de los mensajes de Camacol durante la feria en Medellín fue que la respuesta debe construirse desde las regiones.

“Las condiciones son bastante diferentes en Chocó que en el Valle o el Eje Cafetero. Son mundos diferentes. Las intervenciones deben ser pensadas con las autoridades locales”, sostuvo Herrera.

La reconstrucción de una vivienda en Cali, por ejemplo, enfrenta condiciones urbanísticas, de suelo y de infraestructura diferentes a las de un municipio del Chocó o del Eje Cafetero.

Por eso, Camacol también plantea unificar la metodología para recopilar la información de los daños, de manera que exista una base técnica común para determinar cuáles viviendas deben ser reparadas, reforzadas, reconstruidas o, eventualmente, trasladadas.

El llamado a modificar los POT

Uno de los puntos que podría definir la velocidad de la reconstrucción es el ordenamiento territorial.

Camacol considera que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de las ciudades no fueron diseñados para responder a procesos de reconstrucción de la magnitud que ahora enfrentan ciudades como Cali o Pereira.

Por eso, el gremio propone ajustar los POT para facilitar y acelerar las intervenciones necesarias, especialmente en materia de suelo, reasentamientos y renovación urbana.

“Los POT se deben adecuar para que permitan agilizar la reconstrucción y no sean un obstáculo”, dijo Herrera.

El planteamiento de Camacol es que los ajustes permitan habilitar suelo y desarrollar proyectos con mayor rapidez, sin eliminar los controles técnicos y de seguridad que deben garantizar que las nuevas edificaciones cumplan con las normas de construcción sismorresistente.

Menores costos para reconstruir

La reducción de los costos también hace parte de las propuestas del gremio.

Camacol ha planteado una exención temporal del IVA para los materiales utilizados en las zonas afectadas, con el objetivo de abaratar las obras y lograr que los recursos destinados a la reconstrucción alcancen para atender a un mayor número de familias.

La medida cobra relevancia en un sector que, según Herrera, ya enfrenta un escenario de costos elevados, especialmente por el comportamiento del salario mínimo y de algunos materiales e insumos utilizados en la construcción.

El gremio también trabaja en la propuesta de crear un gran banco de materiales, acompañado de una red regional que permita responder a las necesidades de las zonas afectadas.