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EPS | Foto: Foto: Colprensa

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La crisis financiera del sistema de salud, no es solo por las EPS: Gestarsalud

Este análisis, con corte a septiembre de 2022, revela que de diez EPS la deuda asciende a 7,9 billones de pesos.

1 de febrero de 2023 Por: Colprensa

Gestarsalud presentó un análisis financiero que compromete a diez EPS afiliadas a la entidad, en medio de la polémica que ha generado en los últimos meses la crisis por la que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

Este análisis, con corte a septiembre de 2022, revela que de estas diez EPS la deuda asciende a 7,9 billones de pesos, de los cuales el 23,7 % corresponde a deudas de carteras administrativas y el 76,3 % restante se relaciona a conceptos de prestación de servicios, insumos y medicamentos.


La entidad asegura que no todas las deudas de las EPS corresponden a su relación con las redes de prestadores de servicios y proveedores de tecnologías en salud tales como hospitales, clínicas, profesionales de la salud, laboratorios logísticos y suministro de medicamentos.

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De otro lado, se evidencia que de los 6 billones de pesos, el 64,7 % corresponden a deudas no vencidas o que están dentro de los 60 días de plazo normal para las operaciones del sector. Aquí se debe tener en cuenta que en ese tiempo las EPS deben hacer una auditoría integral a las facturas para el control de los recursos de la salud.

De igual manera, la agremiación explicó que, si bien es importante profundizar en la deuda de las EPS, así mismo se debe tener en cuenta las obligaciones adeudadas a estas entidades por parte de la Adres.

“Actualmente, a las EPS agremiadas a Gestarsalud les adeudan aproximadamente 600.000 millones de pesos por concepto de recobros, que era la figura usada hasta de febrero de 2020 para pagar los servicios y tecnologías cubiertos, pero no financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, señaló Gestarsalud.

Finalmente, aseguran que el sistema de salud no les ha ofrecido a las EPS recursos suficientes, como tampoco oportunos con las correspondientes consecuencias en la situación patrimonial que deben acreditar para operar como entidades que garantizan el derecho fundamental a la salud.

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