Iris Marín, defensora del Pueblo, hace fuerte llamado a grupos armados por recrudecimiento de la violencia

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado a los grupos armados ilegales ante las graves situaciones de violencia organizada que continúan afectando a comunidades de distintas regiones del país, pero especialmente a los habitantes de departamentos como Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare.

En uno de los últimos hechos, once personas, presuntamente integrantes de las disidencias al mando de alias Calarcá y el grupo Comandos de Frontera, perdieron la vida en enfrentamientos en las veredas Laureles y Puerto Mina, del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.

Por otro lado, entre octubre y noviembre de este año fueron secuestradas dos mujeres, una de ellas en estado de embarazo, en los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, en Caquetá.

“Y en Cesar, en la Serranía del Perijá, el pasado 24 de octubre el ELN privó de la libertad a siete miembros del disidente Frente 19 del Estado Mayor de los Bloques, incluido un menor de edad”, reseñó la Defensoría del Pueblo por medio de un comunicado. Según el organismo de control, luego de desarmarlos, los guerrilleros del ELN se llevaron al grupo de hombres con rumbo desconocido.

Y en el municipio de La Paz, de ese mismo departamento, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron privados de la libertad por el Frente 19 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, acusados de robar a ganaderos y campesinos.

Finalmente, advirtió el organismo de control que en Guaviare, el 2 de diciembre, tuvo lugar una masacre de cuatro personas en la vereda Puerto Cumare. Una de las víctimas sería un psicólogo que prestaba servicios a un operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Frente a estos alarmantes hechos de violencia, la Defensora del Pueblo exigió que los grupos armados ilegales respeten el derecho internacional humanitario (DIH), “en particular los principios de precaución, proporcionalidad y distinción respecto de los civiles y de las personas que han dejado de participar directamente en las hostilidades”.

“Aun en aquellos casos en los que ha habido confrontación entre miembros de los grupos ilegales, el DIH recuerda el deber de manejo y disposición digna de los cuerpos de las personas fallecidas en conexión con el conflicto armado, a fin de prevenir posibles actos de desaparición forzada”, manifestó la líder de la Defensoría del Pueblo.

A su vez, instó a las autoridades a investigar con celeridad este tipo de hechos violentos, así como a tener rutas efectivas de respuesta para la protección de mujeres, niñas y niños, liderazgos y demás personas que requieran asistencia humanitaria.

Finalmente, Marín hizo varias solicitudes puntuales con relación a los diálogos que el Gobierno Nacional ha establecido con grupos armados, entre estas la reactivación de la Mesa de Diálogo con el ELN. Igualmente, pidió “priorizar acciones concretas que garanticen el respeto por los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario”.

Y solicitó que “el ELN y las disidencias bajo el mando de Calarcá, particularmente de Andrey, mantengan acuerdos de carácter humanitario que minimicen las hostilidades entre ellos y los consiguientes riesgos para la población civil”.