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Gobierno nacional evalúa si lleva al Congreso acuerdo militar con Estados Unidos

El Gobierno de Colombia comenzó este miércoles a evaluar la posibilidad de dejar en manos del Legislativo, mediante un proyecto de ley, el acuerdo militar de cooperación con Estados Unidos invalidado el martes por la Corte Constitucional.

18 de agosto de 2010 Por: Elpais.com.co | Agencia EFE

El Gobierno de Colombia comenzó este miércoles a evaluar la posibilidad de dejar en manos del Legislativo, mediante un proyecto de ley, el acuerdo militar de cooperación con Estados Unidos invalidado el martes por la Corte Constitucional.

El Gobierno de Colombia comenzó este miércoles a evaluar la posibilidad de dejar en manos del Legislativo, mediante un proyecto de ley, el acuerdo militar de cooperación con Estados Unidos invalidado el martes por la Corte Constitucional.El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, dijo que el Ejecutivo "deberá tomar una determinación muy pronto" si acepta que dicho convenio tiene rango de tratado, como lo consideró el alto tribunal.Por seis votos contra tres, la Corte Constitucional dejó sin efecto el 'Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América', firmado el pasado 30 de octubre en Bogotá.La iniciativa abría las puertas de al menos siete bases de Colombia a tropas y contratistas militares del país norteamericano, lo que desató una ola de rechazo en varias naciones de la región, como Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Bolivia."La Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano", dijo el presidente del alto tribunal, Mauricio González, al anunciar el fallo.González aludió a asuntos polémicos del acuerdo, como el tránsito de tropas, vehículos, naves y aeronaves del exterior por el territorio nacional, así como a la garantía de inmunidad para el mismo personal extranjero.Por ello, puntualizó que se trataba de un tratado internacional y que, como tal, debió ser tramitado previamente en el Congreso, como proyecto de ley, y sometido después al control constitucional.Vargas Lleras respondió, en declaraciones a Caracol Radio, que en caso de aceptar la consideración de la Corte, el Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos decidirá "si inicia el trámite constitucional (...) o se abstiene de hacerlo".El acuerdo fue presentado como "simplificado" o "complementario" para facilitar su adopción, aclaró, por su lado, el general en retiro Freddy Padilla de Léon, comandante de las Fuerzas Militares por la época en la que el convenio fue negociado y firmado.El oficial explicó a La W Radio que así lo recomendaron los asesores jurídicos de la negociación, quienes advirtieron que a EE.UU. no le interesaba, por "circunstancias de su política exterior", un convenio sujeto a gestión legislativa.Es posible que sea discutido y aprobado por el Congreso en Bogotá, pero no tendrá validez si la contraparte no hace lo mismo, advirtió Padilla de León, cabeza del equipo negociador por Colombia.Junto a las reticencias con las que fue acogido aquel acuerdo por una buena parte de países latinoamericanos, también lo rechazó la oposición colombiana y grupos de defensa de los derechos humanos, encabezados por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y la Corporación Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' (CCAJAR), organización no gubernamental (ONG) autora de la demanda del acuerdo ante la Corte Constitucional."Estamos muy satisfechos, porque la Corte acogió nuestros argumentos" , matizó hoy a Efe el jurista Luis Guillermo Pérez, miembro de esta ONG y secretario ejecutivo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).Pérez observó que el convenio fue demandado por cuestiones de procedimiento y de fondo que se derivaron de su naturaleza de tratado internacional que compromete la soberanía nacional y no de acuerdo complementario.Por ello debía ser aprobado por el Congreso y, también, revisado por la Corte Constitucional, agregó el letrado, para quien el Gobierno de Santos deberá tener presentes estos argumentos en una eventual nueva negociación con Estados Unidos.Con él coincidió la presidenta del PDA, Clara López, quien pidió a Santos que "desista de los propósitos iniciales de ceder las bases a Estados Unidos".

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