Fiscal anuncia imputación de cargos a exdirectivos de Hidroituango

El fiscal Néstor Humberto Martínez denunció una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación para el desarrollo del proyecto de Hidroituango el cual, en palabras del jefe del ente acusador, “se hizo a dedo”.

Por esta razón se les imputarán cargos a Luis Guillermo Gómez, exgerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez, director del proyecto.

De acuerdo con Martínez Neira, a los exfuncionarios les endilgarán los cargos por interés indebido en la celebración de contratos y celebración sin el cumplimiento de requisitos legales. Esta es una de las cinco líneas de investigación que abrió la Fiscalía sobre las irregularidades en las que se ha desarrollado la megaobra.

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“Sobre la contratación de la hidroeléctrica, que constituye la primera línea de investigación, hay una serie de anomalías tanto en la fase precontractual como en la contractual”, precisó el fiscal sobre lo que denominó “el pecado original de Hidroituango”.

La investigación que derivó en el anuncio de imputación de cargos se remonta a 2009 cuando la junta directiva de la Hidroeléctrica toma la decisión de tercerizar el proyecto, es decir, buscar un socio estratégico extranjero para que apoyara la construcción del proyecto energético.

“Convocan a una licitación pública internacional, a la que concurren unos proponentes internacionales y se hace una preselección. El 9 de junio de 2010 se decidió suspender el proceso de oferta pública y el 18 de septiembre se llega a un acuerdo entre Hidroituango y EPM para que esta firma sea el desarrollador del proyecto”, precisó Martínez.

La investigación estableció que el 27 de ese año, Hidroituango fue objeto de una división y se gestó la creación de una firma denominada EPM Ituango. Para marzo del año siguiente entre las dos firmas, Hidroituango y EPM Ituango, se suscribió un contrato para la construcción, operación de propiedad, de mantenimiento y posterior transferencia del proyecto.

“En síntesis, Hidroituango le entrega ese negocio, esa delicada gestión contractual a EPM Ituango, que era una sociedad mayoritariamente del departamento de Antioquia, y EPM tenía el 44 % de participación en esa sociedad. Pero entre el 30 de marzo de 2011 hacia adelante, las Empresas Públicas de Medellín se hacen al 97 % de las acciones de EPM Ituango”, explicó el jefe del búnker.

Posteriormente, hubo una cesión del contrato celebrado el 19 de enero de 2013 por parte de EPM Ituango a las Empresas Públicas de Medellín, es decir, que ese grupo antioqueño se convirtió en el constructor, financiador y el concesionario del proyecto.

El fiscal Martínez llamó la atención porque para la época de los hechos, la firma EPM tenía bajos indicadores económicos en comparación con las demás empresas que se presentaron a la licitación. Por ejemplo, la firma china tenía un patrimonio de 25.000 millones de dólares y el consorcio coreano cuyo balance daba cuenta de tener en sus arcas 35.000 millones de dólares.

“Eran empresas con capacidad de ingeniería, un músculo financiero a toda prueba, con conocimiento tecnológico y profesional. Y desde el punto de vista tecnológico y económico, las más bajas propuestas en la precalificación era la de las Empresas Públicas de Medellín”, agregó.

La decisión de la Fiscalía también cobija a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa y Juan Esteban Calle Restrepo, quienes fueron citados a interrogatorio en calidad de indiciados.

Se espera que las diligencias judiciales se desarrollen en marzo, de acuerdo a la programación de las audiencias en los juzgados de Medellín.
Es de recordar que desde la Fiscalía también se adelanta una investigación penal por el daño ambiental, que tiene como eje la afectación a los recursos naturales relacionada con la indebida gestión de los recursos sólidos, a la desestimación de riesgos y a las modificaciones sin contar con las licencias.

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