FBI anuncia medidas severas contra colombianos que acusaron a estadounidense de abuso infantil en un balcón

El caso del empresario estadounidense acusado falsamente de abuso en la ciudad de Bogotá, mientras tramitaba la adopción de tres hermanos colombianos menores de edad, escaló en el ámbito internacional y ya tiene al FBI involucrado en la investigación.

Lo que comenzó como un chisme de barrio en la localidad de Usaquén, norte de la capital del país, terminó convirtiéndose en un intento de linchamiento que ahora amenaza con consecuencias legales graves para quienes pusieron a circular la acusación falsa en Colombia y cuyas repercusiones llegaron hasta suelo estadounidense.

De acuerdo con el abogado de la familia, Fabio Humar, el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos activó sus protocolos y se puso en contacto con la Embajada de ese país en Colombia tras conocerse que las amenazas contra el ciudadano norteamericano y su familia cruzaron fronteras.

La empresa donde trabaja el padre del acusado falsamente recibió amenazas de retaliación por parte de personas que exigían el despido del trabajador, bajo el argumento de que su hijo era un pedófilo, a pesar de que las autoridades colombianas habían desmentido rápidamente el rumor.

“Sobre el involucramiento de las autoridades americanas: sí, en efecto, hemos sabido del interés que, lamentablemente, despertó este caso. La viralización de la noticia hizo que llegara hasta Estados Unidos, donde se toman muy en serio la seguridad de sus ciudadanos. Es apenas normal que las autoridades de allá quieran saber qué pasó y quiénes son los responsables de tan terrible evento”, explicó el abogado Humar.

Las personas identificadas como responsables de haber originado y difundido la acusación falsa ya estarían siendo individualizadas por las autoridades, y según fuentes cercanas al caso, les serían canceladas las visas para ingresar a Estados Unidos, medida que se extendería también a sus familiares. La defensa ha recopilado más de 400 mensajes con información sobre los involucrados en el incidente ocurrido en Usaquén, y en paralelo se adelanta la recolección de videos de cámaras de seguridad del sector.

Las consecuencias no se limitarán a la cancelación de visas. El abogado Humar anunció que presentará denuncias penales y civiles contra los responsables, y advirtió que irán por el patrimonio de quienes pusieron en riesgo la vida del ciudadano estadounidense y de su esposa. El caso tiene dos dimensiones que explican la gravedad de la respuesta estadounidense: la primera, el riesgo real que corrió la vida del ciudadano norteamericano durante el intento de linchamiento en Bogotá; la segunda, las amenazas que llegaron a su familia y a la empresa de su padre en territorio de Estados Unidos.

Lo más paradójico del caso es que tanto las autoridades judiciales colombianas como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entidad con la que se adelantaba el proceso de adopción, desmintieron rápidamente el rumor y aclararon que el ciudadano y su esposa estaban legítimamente tramitando la adopción de los tres hermanos menores de edad. Sin embargo, los chismes corrieron más rápido que los desmentidos oficiales y el video con la acusación falsa se viralizó antes de que la verdad pudiera contener el daño.

Entre las personas que serán demandadas figura el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de X publicó un mensaje en el que se refirió al ciudadano como “el pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EE. UU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado”. El mensaje, publicado en medio de la campaña electoral y caldeado por la polarización política del momento, se propagó de manera viral y contribuyó a amplificar una acusación que ya había sido desmentida por las autoridades. Aunque Petro publicó posteriormente un mensaje de doce párrafos que algunos interpretaron como una rectificación parcial, la defensa del ciudadano estadounidense ya anunció que también lo incluirá en las denuncias.

El caso deja una lección amarga sobre el poder destructivo de la desinformación y los riesgos del linchamiento mediático en la era de las redes sociales, donde una acusación falsa puede viralizarse en minutos, cruzar fronteras y arruinar la vida de personas inocentes antes de que la verdad tenga oportunidad de imponerse. Para la familia del empresario estadounidense, el daño ya está hecho. Ahora buscan que la justicia, tanto en Colombia como en Estados Unidos, establezca las responsabilidades correspondientes.