Disidencias de las Farc niegan participación en el secuestro de la senadora y lideresa indígena Aída Quilcué en el Cauca

El autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP emitió un comunicado este miércoles 11 de febrero de 2026 en el que negó cualquier tipo de participación en el secuestro de la senadora indígena Aída Quilcué, hecho que, según denuncias, se registró el pasado 10 de febrero en el departamento del Cauca y que generó gran preocupación entre organizaciones sociales, comunidades indígenas y autoridades nacionales

En la comunicación escrita, el grupo armado ilegal rechazó de manera categórica los señalamientos que lo vinculan con este episodio y aseguró que no tiene “nada en contra” de la dirigente indígena, reconocida por su liderazgo dentro del movimiento social y político de Colombia.

De acuerdo con el pronunciamiento, tras conocerse públicamente la denuncia, integrantes de la organización armada ilegal fueron contactados por autoridades indígenas que buscaban establecer información sobre lo sucedido, ante lo cual, según afirmaron, manifestaron no tener relación alguna con el caso.

Asimismo, esta organización armada, conocidas como disidencias, cuestionó las versiones entregadas públicamente por la senadora Quilcué, señalando presuntas inconsistencias entre las declaraciones ofrecidas durante una rueda de prensa que ofreció en Popayán y otras entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación nacionales. En ese sentido, el grupo armado indicó que considera necesario esclarecer los hechos y determinar con precisión las circunstancias en las que se habría producido la retención.

En el comunicado también se hace referencia al operativo que permitió la liberación de la congresista y de las personas que la acompañaban, solicitando explicaciones sobre cómo se desarrolló dicha intervención. La organización reiteró que no tuvo participación en los hechos y pidió que se adelanten investigaciones que permitan establecer responsabilidades en este caso, registrado en la vía que comunica a los municipios de Inzá y Totoró.

El caso causa múltiples reacciones en el departamento del Cauca, una región que históricamente ha enfrentado complejos problemas de orden público debido a la presencia de diferentes estructuras armadas ilegales que disputan el control territorial. De hecho, en los municipios de Totoró, Inzá y Páez-Belalcázar, ahora se presenta una guerra entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN y el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

De ahí que líderes sociales, autoridades indígenas y representantes políticos expresaron su preocupación por la seguridad de quienes ejercen liderazgo en el territorio y han insistido en la necesidad de fortalecer las garantías para su protección.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado frente a este nuevo mensaje del grupo armado. Entretanto, sectores sociales y políticos continúan a la espera de avances en las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar con exactitud quiénes estarían detrás de este secuestro que mantiene en alerta a las comunidades y pueblos indígenas del suroccidente colombiano.