Colombia
Cuatro municipios de Bolívar y uno de Chocó están en peligro por presencia de grupos armados, advierte la Defensoría
Hay riesgos por la posibilidad de enfrentamientos entre ilegales que además estarían ofreciendo dinero a menores de edad para unirse a sus filas.
Un panorama preocupante en dos regiones del país con respecto al conflicto armado reveló en los últimos días la Defensoría del Pueblo, pues los habitantes de tres localidades del departamento de Bolívar y una más en Chocó están corriendo un alto riesgo por la presencia de grupos ilegales en los territorios.
En el caso del departamento de Bolívar, la agencia del Ministerio Público a través de la Alerta Temprana 021 de 2023 advirtió sobre conductas como amenazas graves en contra de líderes, lideresas, campesinos, comunales y comunitarios, comerciantes, ganaderos y aspirantes a cargos de elección popular por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en los municipios de Santa Cruz de Mompox, Hatillo de Loba, Margarita y San Fernando.
“Pudimos evidenciar que existen presiones contra la comunidad para imponer ‘normas de conducta’. En reuniones convocadas por las AGC se ordenan restricciones a la movilidad, se realizan amenazas contra lideresas y líderes sociales y comunitarios. En estos cuatro municipios también se han presentado homicidios selectivos”, destacó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El funcionario incluso reseñó que como modus operandi, los armados realizan ‘patrullajes’ especialmente en los corregimientos y zonas rurales, limitando el derecho a la libre movilidad. Imponen, además, horarios para el cierre del comercio, entre las 6:00 p. m. y las 7:00 p. m.
Pero uno de los puntos que más preocupa al Ministerio Público está relacionado con el reclutamiento de menores de edad a las filas de estos grupos, pues según la Defensoría, miembros de las AGC ofrecen sumas de hasta $1.500.000 a jóvenes para que se unan a sus actividades.
En el caso del comercio y como rentas ilegales que les permiten subsidiar sus operaciones, el defensor también manifestó que en estos cuatro municipios bolivarenses las AGC están obligando a los comerciantes a pagar extorsiones, que además se extienden a otras áreas como los docentes, servidores públicos e incluso contratistas públicos que adelantan obras de infraestructura por lo que en algunos casos estas han tenido que suspenderse.
En Chocó sigue el temor por posibles enfrentamientos
La otra región colombiana sobre la que la Defensoría lanzó una enfática alerta se trata del departamento de Chocó, particularmente el municipio de Río Iró, al suroriente de este territorio.
Según la entidad, el accionar y la expansión que adelanta el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y posibles enfrentamientos contra las AGC tienen en zozobra a las comunidades de esta localidad.
En la Alerta Temprana de Inminencia 020 del 2023, la Defensoría advierte a instancias como el Ministerio del Interior sobre la intensificación de actividades como el reclutamiento de menores en algunas zonas urbanas y todos los corregimientos de Río Iró.
“Le hemos solicitado al Gobierno Nacional que se implementen acciones para evitar el reclutamiento. También le hacemos un llamado para que proteja la vida e integridad de absolutamente todos los habitantes de este poblado, en el casco urbano y en su zona rural”, dijo Carlos Camargo.
Como antecedente inmediato que habla del riesgo al que están expuestas las poblaciones y advirtiendo la posibilidad de un subregistro de estas situaciones por el miedo a denunciar, el defensor del Pueblo recordó que el pasado 19 de abril la guerrilla del ELN reclutó a tres adolescentes, dos de 15 años y uno de 14, que pertenecían a las comunidades negras de Santa Rita de Iró, Duabe y Buey, estudiantes de la Institución Educativa Jesús Antonio Rivas.
También, en otro caso ocurrido el 19 de mayo la comunidad evitó el reclutamiento de otro adolescente. “Pedimos que se ponga en marcha de manera inmediata un plan de prevención y divulgación en las instituciones educativas que permita garantizar a niñas, niños y adolescentes contar con plena información para que, por ningún motivo, entren a los grupos armados ilegales”, señaló Camargo.