Camilo Umaña marca distancia del Gobierno tras su elección en la ONU y cuestiona cifras sobre cultivos ilícitos

El colombiano Camilo Umaña fue elegido este miércoles miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU para el periodo 2027-2032, en elecciones celebradas en el marco del ECOSOC en Nueva York. El candidato colombiano resultó elegido en segunda ronda con 29 votos, en un proceso en el que competían 16 aspirantes por cinco vacantes, según informó la Cancillería colombiana.

El presidente, Gustavo Petro, celebró la elección en sus redes sociales y la describió como “un gran triunfo diplomático de Colombia”, al tiempo que aseguró que a través de Umaña el país podrá “expresar su posición de prohibir las sustancias por razones puramente científicas”. En el mismo mensaje, Petro anunció que 2025 cerró con una reducción de 4.000 hectáreas en los cultivos de hoja de coca, cifra que, según dijo, no se registraba desde 2020.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, sumó sus felicitaciones y destacó que el nombramiento reafirma “el compromiso del Gobierno con enfoques más humanos, basados en evidencia”.

Sin embargo, en entrevista con Colprensa, el propio Umaña desmarcó su cargo de esa narrativa oficial. Aseguró que no tuvo “absolutamente ninguna conversación” con el presidente Petro, ni antes ni después de la elección, y que su mandato en la JIFE es “estricta y totalmente independiente”. Sobre las 4.000 hectáreas anunciadas por Petro, fue categórico: “No tengo la menor idea de esa cifra ni sé si alguien la verificó”.

En conversación, Umaña también advirtió que la mayor amenaza en materia de drogas hoy son los psicoactivos sintéticos, por su capacidad de innovación molecular; rechazó que la violencia en los territorios pueda justificarse como un periodo de transición; y señaló que el narcotráfico en Colombia es “un combustible muy grande de conflictos armados” y un factor de persistencia histórica del conflicto, tal como lo documentó la Comisión de la Verdad, de la cual hizo parte.

El presidente Petro celebró su elección asegurando que a través suyo Colombia podrá “expresar su posición” en la JIFE. Pero usted llega a un órgano independiente de la ONU. ¿Cómo desmarcarse desde el día uno de esta instrumentalización política por parte del Gobierno?

La elección a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes corresponde a la de un experto independiente. Mi trayectoria en Colombia es algo que aportaré a la JIFE y entiendo el mensaje del presidente Petro, pero mi mandato es estricta y totalmente independiente. Con toda la experiencia colombiana, y con el país en mi corazón, habrá que contribuir no solamente a nuestra realidad local; este es un cargo que exige un enfoque territorial mucho más amplio a nivel global.

Queda clara su independencia, pero ¿el presidente le consultó antes de ungirlo públicamente en redes sociales como un vocero de su política exterior?

No, no he tenido ninguna conversación con el presidente Petro al respecto. Ni previa ni posterior a la elección. No he cruzado absolutamente ninguna conversación con el presidente.

El presidente Petro no fue el único. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, afirmó que su llegada reafirma el compromiso del Gobierno con enfoques “más humanos”. Sabiendo que la JIFE fiscaliza y no tiene un mandato humanitario, ¿no le resulta incómodo que el Ejecutivo politice su llegada antes de que usted se posesione?

Para nada. Hay que entender el contexto. Alcanzar esta elección en la JIFE era muy difícil por la calidad y cantidad de candidatos a nivel global. El trabajo diplomático para exponer ideas sobre políticas de drogas fue clave. Yo entiendo esos mensajes como algo honroso bajo la perspectiva de que el país tendrá un experto independiente colombiano en un órgano clave. Eso no tacha mi independencia ni mi criterio propio; reafirma el compromiso de hacer un trabajo técnico de alto nivel. El ámbito de la JIFE está regido por grandes fenómenos de la geopolítica y va mucho más allá de la problemática específica de Colombia y de los mensajes que generen interés a nivel local.

En la misma serie de mensajes, Petro anunció una supuesta reducción de 4.000 hectáreas de coca para 2025. Usted, que llega al tribunal internacional que verifica estas estadísticas, ¿puede validar esa cifra o es un número oficialista sin respaldo externo?

No tengo ni idea. No tengo la menor idea de esa cifra ni sé si alguien la verificó. No la he visto, no la he corroborado y desconozco si ha pasado por agencias internacionales.

¿Y qué pasa si los organismos internacionales, como la UNODC o la propia JIFE, revelan cifras de cultivos que contradigan radicalmente esa narrativa de éxito del Gobierno?

Es fundamental tener metodologías claras. UNODC usa imágenes satelitales, se complementa con información de terreno y realiza cálculos estadísticos. Entiendo que el Gobierno colombiano ha buscado generar una discusión sobre esas metodologías, y me parece muy sano que se dé un debate científico. Como persona de ciencias, creo que las metodologías deben adaptarse y mejorarse. Lo crucial para los Estados es tener estadísticas precisas que se acerquen a la realidad para tomar decisiones correctas de política pública.

Justamente la fiscalización depende de esas métricas. Colombia lleva años en un tire y afloje con Estados Unidos por la metodología para medir los sembradíos. ¿Quién tiene la razón técnica en esta disputa?

No he visto un desacuerdo mayor entre Estados Unidos y Colombia sobre este tema. En la medida en que avanza la tecnología, y también la capacidad de los grupos criminales, la metodología tiene que adaptarse. Las métricas no son un credo intocable. En el caso colombiano hay dinámicas sumamente complejas: fronteras porosas, multicrimen, altibajos en los mercados, economías ilícitas cruzadas y presencia de actores armados. Se necesitan metodologías multidisciplinares que logren integrar y dar cuenta de toda esa complejidad territorial.

Esa discusión técnica hoy se estrella contra el regreso de Donald Trump al poder, quien prefiere la presión y las amenazas antes que la ciencia. ¿Cómo piensa maniobrar desde la JIFE frente a una potencia mundial dispuesta a reactivar la “guerra contra las drogas” a la fuerza?

La tarea de los órganos multilaterales es mejorar la cooperación internacional y lograr que la armonía entre los Estados prevalezca sobre las medidas de fuerza de la nación más poderosa. El sistema internacional se ha debilitado frente a ciertos actos autoritarios, pero es precisamente ahora cuando el multilateralismo debe probar su vigencia y brindar respuestas coordinadas a un problema tan grave como los estupefacientes.

Trump incluso ha puesto sobre la mesa aplicar la pena de muerte a los narcotraficantes. ¿La JIFE se quedará de brazos cruzados si Washington empieza a ejecutar traficantes?

Las convenciones de drogas no regulan el marco penal; los Estados son soberanos para establecer sus penas. Sin embargo, estas convenciones deben interpretarse en estricta armonía con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Los protocolos son claros frente a la importancia de avanzar hacia un mundo sin pena de muerte. Veremos en qué avanzan ese tipo de propuestas, pero la apuesta institucional es que los tratados antidrogas siempre se lean a la luz de los derechos humanos.

Usted fue uno de los arquitectos de la política ‘Sembrando Vida’ del gobierno Petro. Bajo la lupa de una administración estadounidense de línea dura, ¿qué tan inminente es el riesgo de que Colombia siga enfrentando descertificaciones o recortes de ayuda internacional por sostener este enfoque?

El análisis que pueda hacer Estados Unidos para su cooperación bilateral le corresponde a su política interna. A nivel internacional, es evidente que el problema del narcotráfico trasciende fronteras. Cualquier política que se adopte localmente, por muy pertinente que sea, siempre va a quedarse corta y será deficitaria porque el problema tiene un ámbito mucho mayor. Hoy existen conexiones nocivas de grupos criminales dedicados a múltiples actividades, fronteras porosas y avances tecnológicos. La evaluación de las políticas de drogas requiere un esfuerzo mayor para entender los problemas internacionales. El camino es la cooperación entre Estados.

En ese contexto científico y global, Petro sugirió en X que con su elección se defenderá la posición de “prohibir las sustancias por razones puramente científicas”, lo cual choca con el discurso de regulación y evidencia actual. ¿El presidente está confundiendo conceptos?

No me corresponde interpretar al presidente. El problema central del orden internacional es definir la frontera: qué sustancias pueden usarse, comercializarse o producirse. Estados históricamente prohibicionistas hoy han flexibilizado el consumo de sustancias como el cannabis, mientras otros avanzan en regulaciones distintas. Además, la JIFE fiscaliza estupefacientes, pero también sustancias necesarias para avances médicos y científicos. Ese es el balance más complejo que debe lograrse a través del diálogo horizontal entre los países.

A propósito de las fronteras químicas, el jefe de Estado también mencionó la necesidad de concentrar esfuerzos en las sustancias más peligrosas. Sin interpretarlo a él y basándonos estrictamente en su criterio técnico, ¿cuál es hoy la verdadera amenaza?

Científicamente, hoy en día lo que más ha crecido en consumo y producción han sido las drogas sintéticas. Estas desarrollan moléculas continuamente y nuevas combinaciones con mucha facilidad. Hay una gran innovación en la producción de este tipo de psicoactivos que pueden generar efectos muy nocivos. El orden internacional debe prestar gran atención a ese nivel de innovación y estar a la altura de una adaptabilidad para el control y fiscalización de esas nuevas dinámicas.

Regresando a Colombia y a su rol previo en el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Una vez evaluado desde afuera, ¿qué parte de la política de drogas actual resiste realmente un escrutinio científico y qué parte terminó siendo pura retórica política?

Las políticas públicas se evalúan con diagnósticos e indicadores. Hay que analizar esos indicadores en Colombia para establecer dónde están las fortalezas y qué debe corregirse. La virtud de una política pública es ser reflexiva para revisar las medidas que no han sido efectivas. Le corresponde al Gobierno actual, y seguramente al próximo, evaluar con rigor técnico qué funcionó y qué no.

Mientras se evalúa, la realidad en las regiones es de violencia diaria. Como experto, ¿es aceptable justificar esta sangre bajo la excusa de que atravesamos un “periodo de transición” hacia una nueva visión antidrogas?

Evidentemente, la violencia es un factor esencial de los indicadores de cómo debe operar una política pública. Si la política te genera muchísima desprotección a la vida y menores indicadores de derechos humanos, debe ser replanteada. Pero tu pregunta permite entender que no es únicamente la violencia física, sino la inclusión social y la posibilidad de dar apoyo a las comunidades vulnerables. Si en los territorios hay poblaciones con necesidades insatisfechas a escalas tan grandes, hay una gran posibilidad de que el mercado ilícito se expanda en vez de contraerse. Es imperativo pensar a nivel de unas políticas públicas mucho más holísticas.

Usted conoce el sistema por dentro. Sin rodeos, ¿cuál es el cáncer más agresivo que tiene hoy Colombia frente al fenómeno de las drogas?

No es solo un problema, es una confluencia de muchísimos factores: vulnerabilidad territorial, fragilidad institucional, permeación del narcotráfico y permeabilidad institucional. Esto ha generado que en Colombia el narcotráfico se convierta en una especie de material de conducción de muchas formas de violencia y exclusión social. Es un combustible muy grande de conflictos armados con escalas de organización considerables. Como decía la Comisión de la Verdad, de la cual hice parte, el narcotráfico es un factor de persistencia del conflicto armado que perpetúa las inequidades sociales y genera una gran fragilidad. Es uno de los problemas centrales que dolorosamente nos ha tocado vivir y que tenemos que cambiar como sociedad.

Para enfrentar ese problema global usted llega a la JIFE, pero compartirá asiento con delegados de China, Turquía, Argelia y Chad; naciones con regímenes draconianos frente a las drogas. ¿No es ingenuo creer que podrá impulsar un enfoque progresista junto a compañeros que defienden la represión absoluta?

Insisto en que los miembros de la JIFE no representan a los gobiernos de turno; acudimos como expertos independientes con trayectoria científica. Sumado a esto, en los cuerpos de Naciones Unidas existe una pluralidad de culturas y contextos que hace muy complejo imponer decisiones tajantes. El multilateralismo debe probar su capacidad para alcanzar consensos relevantes, incluso en contextos globales tan tensionados. Esa pluralidad es la riqueza del sistema democrático internacional. Desconozco las posiciones específicas de mis futuros colegas, pero tener visiones diversas en una mesa técnica siempre será una ventaja institucional.

Su padre, el jurista Eduardo Umaña, fue asesinado por el narco-paramilitarismo, una máquina de guerra financiada por el fenómeno que usted ahora busca regular a nivel mundial. ¿Cómo asume este cargo desde esa inmensa carga personal e histórica?

Me siento con una historia muy importante que pasa por la vida de mi padre, de su vigencia y legado en la defensa de los derechos humanos. Siento muchísima responsabilidad por las generaciones por venir, para que ojalá tengamos un mundo que se sepa entender mucho más y sepa hacerse daño mucho menos. Espero que mi trabajo en esta junta, y cada momento de respiración, esté consagrado a eso.

¿Qué tiene que cambiar estructuralmente en el mundo para que en el año 2030 podamos decir que la política de drogas de Colombia por fin funcionó?

Tendríamos que tener un mundo en donde la economía ilícita tuviera menor capacidad de financiar guerras y hubiera menor vulnerabilidad en las poblaciones históricamente subyugadas por el narcotráfico. Donde las economías lícitas cortaran de forma tajante sus vínculos con las ilícitas, y la corrupción se redujera al quitarle el estímulo del dinero. Donde el control territorial y el confinamiento disminuyeran, el reclutamiento ilícito se redujera ostensiblemente y viéramos un tránsito hacia la industrialización floreciente. Son retos muy grandes para Colombia y la región. Una política coordinada de los Estados podría ayudar a impulsar esto, pero este es un mercado internacional; una política nacional, por muy pertinente y sensata que sea, no puede responder sola a todos los factores que generan ese mercado global.

Para cerrar, con este panorama complejo, ¿aterrizará usted en Viena con alguna propuesta formal bajo el brazo para reformar los tratados internacionales de drogas vigentes?

No. Los Estados miembros ya presentaron unas propuestas y se designó un grupo de expertos ajeno a la JIFE que se encargará de evaluar el marco de aplicabilidad de las convenciones. Ese proceso de reforma ya está en marcha y no es competencia de la Junta.