María Fernanda Cabal le responde a senador de EE. UU. que la cuestionó por frase contra New York Times

Cabal responde a senador de EE. UU. que la cuestionó por frase contra New York Times 

Mayo 22, 2019 - 10:11 p.m. Por:
Colprensa
María Fernanda Cabal, representante a la Cámara.

María Fernanda Cabal, congresista de la República

Bernardo Peña / El País

Luego de que el senador estadounidense Patrick Leahy le pidiera al presidente Iván Duque, que le solicitara a su homóloga en el Congreso colombiano, María Fernanda Cabal, mostrar las pruebas de que al periodista de New York Times le pagaron miembros de las Farc para escribir el artículo sobre el Ejército, que generó alertas por posibles configuración de falsos positivos, la parlamentaria aseguró que ese pedido vulnera la independencia de poderes.

“Hacer un llamado a la ética profesional y al rigor periodístico jamás será atentar contra la libertad de prensa, que es un derecho fundamental pero no absoluto. Existen límites, en especial cuando se vulneran la integridad y el buen nombre de otras personas, de una colectividad o de una institución, en este caso las Fuerzas Armadas de Colombia”, señaló la parlamentaria.

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La senadora aseguró que ese artículo resultó tendencioso, desequilibrado y carente de veracidad, al distorsionar la información recaudada de distintas fuentes, incluida la suministrada por los propios oficiales de la Fuerza Pública entrevistados. Dijo que se convirtió la directiva del comandante del Ejército, Nicacio Martínez, en una orden criminal, fuera de contexto.

“La imagen deformada de nuestro Ejército Nacional presentada por Casey ante el mundo, terminó vulnerando las garantías judiciales de los más de 225.000 hombres que lo componen, quienes tienen la responsabilidad de enfrentar diariamente la barbarie de grupos armados, entre ellos las disidencias de las Farc, respetando, por su puesto, el Derecho Internacional Humanitario”, agregó Cabal.

Según la senadora, el Gobierno no puede intervenir en el actuar del Congreso Nacional, y mucho menos, censurar o judicializar sus opiniones, y asegura que su obligación es denunciar aquellas actuaciones y estrategias que bajo el mal uso de la defensa de los derechos humanos, ocultan una intencionalidad política.

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