Alerta por amenazas al registrador Hernán Penagos: MOE y Defensoría exigen acciones a la Fiscalía

La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo expresaron su rechazo frente a los mensajes intimidatorios dirigidos contra el registrador nacional, Hernán Penagos, los funcionarios y las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ambas entidades alertaron sobre una escalada de agresión en plataformas digitales y redes sociales.

Las denuncias señalan que la difusión de estos contenidos se ha originado principalmente desde perfiles anónimos. Según los organismos, las publicaciones señalan presuntas irregularidades y descalifican los procedimientos sin acudir a las vías institucionales y legales fijadas para el trámite de controversias o denuncias formales.

Solicitudes de investigación a la Fiscalía y moderación en plataformas

Frente a este escenario, la MOE solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las indagaciones correspondientes para rastrear el origen de las agresiones y proteger a los servidores públicos. Alejandra Barrios Cabrera, directora de la organización, enfatizó que los cuestionamientos son válidos, pero no deben convertirse en hostigamiento ni en violencia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió al ente fiscal la preservación de la evidencia digital para identificar a los responsables de las publicaciones. Adicionalmente, instó a las plataformas tecnológicas a aplicar medidas de moderación sobre los mensajes que promuevan la violencia y sugirió revisar los esquemas de seguridad de los funcionarios.

Llamado al uso de vías institucionales

Tanto la MOE como la Defensoría recordaron que existen canales legales diseñados para tramitar de manera eficaz cualquier inconformidad. Ambas partes hicieron un llamado a los sectores políticos y sociales a canalizar sus observaciones únicamente a través de las herramientas jurídicas del sistema electoral.

La MOE ratificó su labor de veeduría e insistió en que el respeto por las vías institucionales resulta indispensable para garantizar que el veredicto expresado en las urnas se mantenga bajo las garantías de transparencia fijadas por la normativa vigente.

Las solicitudes radicadas por la MOE y la Defensoría del Pueblo buscan instar a las autoridades judiciales a identificar el origen de los mensajes intimidatorios y garantizar la seguridad de la organización electoral, mientras se mantiene el llamado a resolver cualquier objeción de manera exclusiva por las vías legales establecidas.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.