¿Qué hay detrás de las amenazas en el Parque Natural Farallones de Cali?

“Comunicado a líderes comunitarios y funcionarios públicos de los corregimientos de los Farallones de Cali: (...) nos vemos obligados a hacer un llamado a las siguientes personas para que desistan de continuar en procesos que solo buscan el beneficio del gobierno y la oligarquía caleña. Su interés y fines políticos están atropellando al pueblo, los cuales han buscado en nuestro movimiento un respaldo político y solidario (...)”.

El fragmento hace parte de un panfleto firmado, supuestamente, por el comando occidental del ELN, donde aparecen nombres de líderes y habitantes del corregimiento La Leonera, así como de funcionarios de la CVC, el Dagma y Planeación Municipal.

Otro oficio, en cuyo encabezado se lee ‘Águilas Negras’ también amenaza a los jueces de paz social de los corregimientos y señala que están declarados “objetivo militar junto a sus familias y colaboradores”. “Exigimos su renuncia ya o empezamos a sacarlos nosotros mismos por vendidos regalados cómplices del Estado”, dice un aparte del escrito.

Ambos panfletos están circulando desde hace dos semanas en la zona rural de Cali y generan pánico y zozobra, aunque las autoridades ya desvirtúan que se trate de amenazas por parte de grupos subversivos. Entonces, ¿qué hay detrás de los mensajes intimidatorios?

El País intentó hablar con Marielena Bravo, corregidora de La Leonera, una de las personas que aparece en el panfleto que tiene como firma ELN, pero en su oficina indicaron que no daría declaraciones sobre el tema. Asimismo, se contactó con líderes sociales de la zona, pero también prefirieron callar.

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Los guardabosques del Dagma, que realizan recorridos de vigilancia en la zona rural para controlar la expansión de la frontera agrícola, la presencia de nuevos asentamientos y la extracción ilegal de fauna y flora, hacen parte de los grupos que tienen temor.

“La cosa pasó de castaño a oscuro porque ya los líderes (comunitarios) están expuestos y nosotros en representación del Municipio estamos más expuestos todavía porque hacemos la vigilancia, nuestra actividad es defender que no se hagan más invasiones, que no se tale y a la gente no le gusta que le llamen la atención... estamos ‘paniqueados’”, dice un guardabosque, quien prefirió omitir su nombre.

A su vez, la CVC, que también aparece en los panfletos, tiene un grupo de diez técnicos operativos y cinco guardabosques que cumplen funciones de control y vigilancia en la zona protectora del parque Farallones.
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En el último año la corporación ambiental ha iniciado 21 procesos sancionatorios, 16 por afectaciones al suelo, dos por afectaciones al recurso agua y tres por daños a la biodiversidad. A su vez, Parques Nacionales abrió otros 38 procesos este año y tiene en investigación, desde el 2013 hasta el 2018, 595 impactos contra el parque, en diferentes corregimientos.

Investigaciones en el Parque Farallones

38 agricultura

133 tala

192 infraestructura

87 excavaciones, dragado

36 minería e hidrocarburos

109 otras presiones

Se cree que estos controles, sumados a la resolución 193 que expidió Parques Nacionales en mayo pasado para mitigar las presiones antrópicas (generadas por el hombre) en los Farallones, sería uno de los motivos por los cuales han surgido las amenazas. Dicha resolución señala que está prohibido el ingreso de insumos agrícolas, especies de animales y materiales de construcción, entre otros.

“Desde que salió esa resolución se enrareció el ambiente, y se sigue operando, pero con zozobra”, afirma un funcionario ambiental.

En efecto, El País tuvo acceso a audios que han circulado vía Whatsapp y que serían de campesinos de la zona rural donde se manifiesta que por primera vez los corregimientos están luchando juntos y que no se pueden dejar dividir. “Yo voy a luchar por lo mío cueste lo que cueste, nacido y criado en estas tierras como para dejar que vengan a decirme qué es que tengo que hacer en mis tierras... a mí no me van a dar de comer si yo no trabajo mi tierra”, se escucha en uno de los audios.
Sin embargo, las autoridades han manifestado que se ha presentado desinformación y que dicha resolución no busca vulnerar los derechos de la comunidad, sino preservar el tesoro natural.

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Para el concejal Fernando Tamayo, la preservación del negocio ilegal de minería sería lo que está generando las amenazas. “La minería ilegal mueve miles de millones de pesos, entonces la gente que maneja este negocio está utilizando grupos armados, está contaminando económicamente autoridades, contaminando económicamente algunos grupos ciudadanos para preservar el desarrollo de este ilícito”, expresa Tamayo.

Jaime Celis, jefe del parque Farallones de Cali, no se pronuncia sobre las amenazas, pero sí revela que en la zona actualmente hay 327 socavones abiertos, de los cuales 35 están activos, es decir con actividad reciente.

También señala que es preocupante los restos de mercurio en sedimento que se han encontrado en la cuenca del río Cali, como consecuencia de la actividad minera, sobre lo cual se ha alertado en varias ocasiones, dice Celis.

“Ya se hizo una caracterización de 18 socavones y hay concepto técnico que señala que se requiere hacer cierre físico en 44 sitios de esos 18 sovacones”, precisa Celis.

El coronel Royer Gómez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, coincide con el concejal Tamayo al afirmar que la minería sería la causante de las amenazas que se están dando en Farallones. El oficial señala que en esa zona no hay estructuras del ELN con accionar en la región, ni tienen registro de Águilas Negras.

“En lo que analizamos con inteligencia y operaciones es que esas amenazas provienen de personas que están interesadas en mantener esa actividad ilegal (minería) y lo que buscan es amedrentar a los funcionarios, especialmente al personal de Parques y de esas organizaciones que están ayudando sellar esas minas y acabar con esa explotación ilegal”, precisa Gómez.

El control invasiones y construcciones irregulares es otro de los factores que estaría causando conflicto en el parque natural.

Amenazas directas

Aunque funcionarios de Parques Nacionales no aparecen en los panfletos intimidatorios que han circulado, sí han recibido amenazas directas. “En estos días una compañera venía bajando en el MÍO y unas personas que iban ahí le dijeron: uyy estos de Parques, como para ponerles una bomba”, contó un funcionario que omitió su nombre.

Asimismo, El País conoció que la entidad ha instaurado denuncias por amenaza de muerte: “hay un caso de unos señores que tumbaron hectárea y media de bosque para sembrar lulo, fueron denunciados por daño ambiental y el jefe dijo que iba a matar a uno de Parques Nacionales”.

Las invasiones y construcciones irregulares es otro de los impactos fuertes que se están presentando en el Parque Farallones. Actualmente, Parques Nacionales tiene 192 investigaciones relacionadas con el tema de infraestructura y 22 órdenes de demolición.

“Es un tema complejo, hay invasores profesionales, la gente en el parque quiere hacer lo que le da la gana y que no haya control”, afirmó un funcionario de Parques.

Precisamente, una de las prohibiciones que establece la resolución 193 es el ingreso de materiales de construcción, tema que también molesta a la comunidad, que argumenta que no podrá hacer mejoras en sus viviendas.

Desde diciembre del año pasado el Dagma debió tener listo un puesto de control ambiental en el corregimiento de Los Andes, para frenar todos los impactos al parque, principalmente la minería, sin embargo, hasta la fecha no se ha podido construir porque parte de la comunidad no está a favor.

“No estamos en contra del puesto de control, sino de que lo hagan a 30 kilómetros donde no va a solucionar el problema de minería, pero sí se empezará a atacar a la base campesina a través de la resolución 193”, dijo Juan de Dios Mosquera, delegado de la comunidad ante la mesa Uso, Ocupación y Tenencia, quien rechazó las amenazas que se han venido presentando en la zona.

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