No cesa la polémica por el crédito que buscará Alcaldía tras permiso del Concejo

Con una votación de 19 a favor y apenas dos en contra fue aprobado, en segundo debate, en el Concejo de Cali el proyecto de acuerdo que autoriza a la Alcaldía de Cali contratar un crédito público de $650.000 millones para invertirlos en 19 proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Municipal.

Salvo por los cabildantes Roberto Ortiz y Diana Rojas, que ya habían manifestado en repetidas veces sus dudas sobre el acuerdo, el resto de la Corporación dio el visto bueno a este articulado que busca reactivar la economía, según la Administración.

Tan pronto se conoció de la aprobación del acuerdo, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró: “Estos son recursos que vamos a ejecutar en el desarrollo de tres años para proyectos que sean intensivos en mano de obra, como infraestructura, espacio público u obras medioambientales. El crédito lo vamos a complementar con recursos que obtengamos a nivel nacional e internacional. Es por eso que le insistimos al Gobierno Nacional que ubique un crédito blando de baja tasa de interés y con periodo muerto para los entes territoriales”.

De acuerdo con lo aprobado, el Alcalde puede hacer uso de las autorizaciones de crédito hasta el 30 de junio de 2023.

Y si bien la totalidad de los artículos del proyecto de acuerdo recibieron el aval del Cabildo, durante el encuentro se planteó la importancia de hacer un fuerte control político y veeduría ciudadana a cómo se realizará la ejecución de los recursos.

Esto es algo que, en parte, se vio reflejado en una propuesta de la cabildante Ana Erazo, quien pidió que dentro de los primeros 10 días de realizada cada una de las sesiones ordinarias del Concejo el Municipio estuviese obligado a entregar el estado de ejecución de las inversiones que hicieran con los dineros del empréstito.

“Por cuestiones jurídicas, que impedían la coadministración, la propuesta no fue aceptada. Aun así, creo que el proyecto de acuerdo es necesario para la ciudad, sobre todo si queremos activar los proyectos que no se han podido iniciar, dado que la pandemia y los recursos que debíamos por el empréstito de Armitage bajaron en un 50 % las finanzas del Municipio. Así como damos un voto de confianza, debemos hacer veeduría”, afirmó Erazo.

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Por su parte, el coordinador ponente del acuerdo, Flower Rojas, afirmó que el control político “podremos ejercerlo en la medida que solicitemos a los secretarios cómo está la ejecución presupuestal y cuando vengan al Concejo a solicitar vigencias futuras”.

Por su parte, la concejala Diana Rojas insistió que al no relacionarse los 19 proyectos en el articulado, no hay garantía de que el empréstito apoye los mismos, por lo que “con esta autorización, el Alcalde puede hacer cualquier proyecto del Plan de Desarrollo sin que cumpla las condiciones de la reactivación”.

Rojas aseveró que: “Este Concejo no puede creer que incluir los proyectos es coadministración, dado que eso solo ocurre cuando se busca interferir en procesos de contratación, mas no si se quiere definir los parámetros del crédito por $650.000 millones”.

Esta posición fue compartida por Lina Orozco, coordinadora de Cali Visible, quien señaló que preocupa que buena parte de las obras, como el Bulevar de San Antonio o Ciudad Inteligente, apenas se encuentran en estudios preliminares, por lo que no impactarán a la economía a corto plazo.

Otro crítico de lo pactado es Alejandro Eder, excandidato a la Alcaldía de Cali, quien indicó que “la duración de la deuda sería hasta por 15 años, es decir, hasta el 2036, lo que dejará amarrados a los próximos tres alcaldes de la ciudad. Las proyecciones de ingresos corrientes no contemplan el impacto negativo del covid. Esto significa que Cali no tiene hoy la capacidad para asumir una deuda tan grande”.

Asimismo, Roberto Ortiz, concejal de oposición, manifestó que “pasamos de las megaobras al mega-endeudamiento. Y sobre los $1.1 billones que quieren obtener del Gobierno Nacional, no los veo por ninguna parte; a Cali no le dan ni $50.000 millones anuales”.

Con la aprobación de esta autorización, la deuda pública del Municipio se podría culminar de pagar en el 2036.

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Una vez obtenida la aprobación del Concejo, el Departamento de Hacienda adelantará comisiones con las entidades financieras para que al cierre de este año al menos se consigan $300.000 millones.

El director del despacho, Fulvio Leonardo Soto, indicó: “Buscamos que el Gobierno Nacional nos garantice alguna de estas operaciones, ya sea por Findeter o la Financiera de Desarrollo Nacional, con el fin de tener mejor tasa, periodo de gracia y plazo. Si no es así, nos tocará adelantar negociaciones con el sector privado”.

El funcionario agregó: “Si en la modalidad elegimos el empréstito, buscaremos hacerlo por Índice Bancario de Referencia (tasa de interés de corto plazo). Y si es por bonos, con el Índice de Precios al Consumidor, que es más alto”.