Informe exclusivo: problemas entre vecinos afectan la convivencia en Cali

La mala relación con las personas y el entorno generan graves líos. Allí están las primeras cinco causas que afectan la convivencia ciudadana.

La vida se les dañaba cada ocho días. Cada que llegaba el sábado y el vecino del 503 encendía su equipo a todo volumen. Entonces empezaba un taconeo por las gradas como una cabalgata de niñas en minifalda, oliendo a todos los perfumes, trepando los cinco pisos entre susurros y risas nerviosas.Fernando, el vecino incómodo, tenía una discoteca en su apartamento. Aunque el inmueble no era suyo, había adaptado un bar y una pista de baile entre la salacomedor y el estudio con luces sicodélicas para armar la rumba que se asomaba por el balcón y estremecía todo el edificio.Ese es el último de los ocho edificios de un conjunto residencial ubicado en el barrio El Refugio, al sur de Cali, por lo que sus ‘invitados’ semanales -no siempre los mismos-, tenían que atravesar toda la unidad para llegar a la cita. El ‘boleteo’, como dijo una vecina, era evidente.Las rumbas de Fernando y sus amigas duraban toda la noche, sin pausa, en una edificación donde lo que se hace en un apartamento se escucha en el otro y los decibeles están restringidos. Casi nadie podía dormir. Dora Alicia, la vecina de enfrente, se cansó de reclamarle, de gritarle, de insultarlo y después, de suplicarle que le bajara al volumen. También la señora Mariela del 502, Ana María del 403, don Rogelio el del 402... todos reclamaban desesperados. La Policía llegaba cada vez a pedirle a Fernando que le bajara al volumen. Muchas veces le cancelaron la fiesta. Los porteros ya no querían subir a llamarle la atención porque varias veces les sacó revólver y los amenazó con lanzarlos al vacío.Al final todos, cansados, recogieron firmas para pedir a la administración la expulsión del incómodo vecino. Se quejaron ante la Inspección de Policía de Meléndez y le exigieron al arrendador que se solidarizara con la unidad y le pidiera el apartamento a Fernando. Pero nada valía. Por el contrario, la rumba de los sábados se repetía los domingos y a veces algún día entre semana. Fernando ya amenazaba con pegarle un tiro al vecino furioso que le iba a reclamar. Este lo instaba a que se lo pegara y al hombre, en medio de sus tragos, no le faltaban ganas. “A esta pelea solo le faltó un muerto”, advierte Dora Alicia. Hubo demanda por tentativa de homicidio y caución contra Fernando por perturbar la tranquilidad pública. Finalmente, el arrendador, ya envuelto en problemas por permitir los desafueros del cliente en su inmueble, no le renovó el contrato.Por fortuna este conflicto que se estaba volviendo una llaga en el alma de Dora Alicia, Mariela, Ana María, Rogelio y los habitantes de al menos 40 apartamentos del conjunto residencial, no terminó en una tragedia.Como sí ocurrió con un caso similar en el edificio Santa Cruz de los Molinos, al norte de Bogotá, donde el lunes 2 de septiembre, David Manotas, que vivía en el apartamento 304, asesinó a su vecino del 204 Francisco José Cifuentes Ferreira, quien reiteradamente le reclamaba que le bajara el volumen al equipo de sonido porque no lo dejaba dormir.Igual que Fernando, Manotas acostumbraba a armar rumbas a todo volumen, en medio de gritos y al parecer de droga, y no dejaba dormir al vecindario. Muchas veces Cifuentes le reclamó. Pero, esta vez, del reclamo pasaron al forcejeo y Manotas le propinó varias puñaladas a su vecino a quien luego arrojó por el balcón. El caso es un escándalo nacional y está en manos de la Fiscalía.Convivencia, amenazadaLos problemas de convivencia, la intolerancia entre vecinos son, según Cisalva, una de las mayores causas de violencia en la ciudad (ver columna).El capitán David Díaz, coordinador del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Cali, sostiene que, de acuerdo con sus registros, a los caleños les afecta más los problemas de convivencia que la misma inseguridad.El oficial indicó que este año, entre enero y agosto, el CAD ha recibido cuatro millones de llamadas de ciudadanos. Y aunque el 83 % son inoficiosas, hechas para distraer la atención de los policías reportando casos falsos o haciendo bromas o insultos, el 17 % restante (más de 680.000), muestran qué les molesta a los caleños. “Los primeros cinco ítems son de afectación ciudadana, no por la ocurrencia de un delito, sino por el comportamiento social”, dice Díaz. En efecto, en este año la Policía ha recibido más de 132.000 llamadas dando cuenta de riñas. Esto abarca alegatos entre vecinos, la mayoría de las veces insultos de palabra y en menor proporción algún tipo de agresión física.En segundo término, hay más de 81.000 quejas al CAD por la alteración de la tranquilidad, alto volumen de los equipos y mal manejo de residuos por parte de algunos vecinos.La tercera causa de malestar ciudadano la Policía la clasifica como ‘comprobación de queja’. Esto hace referencia a aquellas denuncias contra alguien que está haciendo algo indebido, como arrojar desechos a sitios no permitidos, consumir sustancias prohibidas o señalar a una persona que está requerida por algún delito. Entonces la Policía tiene que ir a comprobar si es cierta la denuncia. Por esto se han hecho más de 65.000 llamadas este año.De igual manera, hay más de 60.000 llamadas por alarmas comunitarias. Dado que se han masificado los sistemas de seguridad electrónica en edificios y vecindarios, la gente reporta a la Policía cuando suena una alarma a fin de que se compruebe si se está cometiendo algún delito o contravención.Y, en quinto término, está la actitud sospechosa de alguna persona que es vista merodeando en algún lugar, lo cual ha sido denunciado por más de 43.000 ciudadanos.Curiosamente, los disparos con armas de fuego apenas tienen poco más de 12.000 reportes y es el último motivo de llamada al CAD de la Policía. “El comportamiento ciudadano y su relación con el entorno es lo que más afecta a la gente”, concluye el capitán Díaz.Tras la conciliaciónOtra parte adonde llegan los líos entre ciudadanos es la Personería Municipal. La directora de su centro de conciliación, Ana Cecilia Collazos, indicó que recibe cada mes unos 120 casos de orden civil, de familia y de tránsito, de los cuales 70 son conciliados satisfactoriamente.“La gente no sabe que existe este servicio donde pueden resolver fácilmente sus diferencias y nos ha tocado ir a las comunas a promocionarlo”, dice Collazos.Los jueces de paz son otra jurisdicción que se dedica a la solución de los conflictos de la gente. Nevardo Carmona, juez de Paz de la Comuna 13, dice que el año pasado los 170 jueces que conforman esta instancia de justicia gratuita atendieron 70.000 casos, de los cuales 58.000 correspondían a problemas de deudas y no pago de arrendamientos. Es curioso, pero mucha gente vive meses y meses en un inmueble y no paga el canon de arrendamiento. Pero lo más sorprendente es que se va sin pagar la deuda y luego repite la misma historia en otra parte, como un carrusel de defraudación, advierte Carmona.Detrás de todo esto, lo que hay es un grave problema de intolerancia e irresponsabilidad que “se ha arraigado tanto que la gente quiere hacer justicia por su propia mano”, como advierte Miguel Sánchez, juez de Paz de la Comuna 4 desde hace 11 años. Y otra de las razones que no ayuda a la convivencia ciudadana, como él mismo afirma, es que hay tanta tramitología y demora en la justicia ordinaria que muchos prefieren dirimir los conflictos por su cuenta. O dejar así.Arrendamientos, un lío mayorFélix Ampudia, llevaba siete meses sin pagar el canon de arrendamiento. Al propietario del inmueble le decía que estaba mal, que no tenía trabajo y tenía que conseguir el sustento de sus cinco hijos. Al principio, el dueño entendió, pero después le exigió que le pagara o le desocupara. Ampudia vivía en una casa del barrio El Poblado. Un viernes, el afectado acudió al juez de Paz Nevardo Carmona (de la Comuna 13) en busca de un acuerdo. Ampudia explicó que estaba en mala situación. El dueño le dijo que al final no le interesaba que le pagara ni un peso de la deuda, “lo que necesito es que me desocupe mañana”, le advirtió. Pero Ampudia no le desocupó. El lunes siguiente, el dueño se fue con machete a agredirlo, se armó todo un lío en el sector y el arrendatario tuvo que sacar sus cosas ‘a millón’, “salir braveado para la calle porque no tenía a dónde ir”, relata Carmona. El juez de paz dice que estas “son deudas irrecuperables porque la gente no tiene plata y para recuperarla el afectado tendría que iniciar un proceso por justicia ordinaria y pagar un abogado que le cobra uno o dos millones de pesos para restituir el bien inmueble”.Otro de los muchos casos de líos por arrendamientos fue conocido por la Personería. Desde 1995 la señora Graciela Manzano, copropietaria de un apartamento en Los Alcázares explotó económicamente el inmueble y no le rindió cuentas a sus socios Darío Mejía y Elvira Velasco, también propietarios; no pagó al banco las cuotas de la hipoteca, ni el impuesto predial, ni la contribución de valorización por las megaobras. La deuda con sus socios sumaba $29 millones. Estos acudieron a la Personería en busca de una conciliación, donde Graciela ofreció pagar $11 millones. Uno de los socios aceptó y el otro no. La sociedad y la convivencia se dañaron.Contra el ruidoEl ruido es uno de los aspectos que más problemas de convivencia generan en la ciudad. No solo el de las viviendas, sino también el que producen establecimientos públicos.Mónica Duque, jefe del grupo de impactos comunitarios del Dagma indicó que este año se han realizado 430 operativos contra ruido en establecimientos públicos, que han dado como resultado 49 medidas preventivas, consistentes en la suspensión del uso de equipos de amplificación, se han hecho 15 decomisos y 7 cierres temporales.En estos líos de convivencia, que el Dagma denomina ‘impactos comunitarios’, se han recibido 1752 quejas, el 14 % de las que llegan a la entidad.Malos vecinosLa vida se volvió insoportable en un exclusivo edificio del Oeste de Cali por cuenta de dos vecinos que hacían de las suyas. Según relatan algunos, cuando se les fundía un bombillo en sus apartamentos se robaban los focos de las zonas comunes y las dejaban sin luz. Tomaban agua de la copropiedad con instalaciones fraudulentas. A un vecino le pirateaban la señal de televisión, derivando cables desde la azotea hacia su apartamento. Tampoco tenían problema en invadir parqueaderos privados de otros propietarios para acomodar sus carros o el de las visitas. Y llegaban al colmo de dejar las bolsas de la basura en el ascensor.Para completar, uno de ellos debía $18 millones de administración y terminó ofreciendo solo $4 millones para saldar la deuda. Finalmente, solo con cobros jurídicos y sanciones de las empresas de servicios, los vecinos se aconductaron.Matoneo escolarEsta semana, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, reglamentaron la ley de convivencia escolar.La norma marca una ruta para incorporar acciones en temas como la prevención, la atención y el seguimiento de la convivencia en el ámbito estudiantil y para combatir el matoneo escolar.Por otra parte, un estudio de Cisalva y las universidades del Valle y Javeriana en 26 sedes educativas del centro y oriente de Cali (comunas 8, 9 y 12) encontró que el 3,8 % de los niños de tercero de primaria se sentían frecuentemente intimidados por sus compañeros de clase. El 30 % de los menores manifestaron que alguna vez fueron acosados por sus pares escolares. Trece de estas escuelas fueron intervenidas con talleres para los docentes y actividades lúdicas para los estudiantes, con el objetivo de reducir el matoneo escolar o ‘bullying’. Al finalizar las actividades, solo un 0,48 % de los niños dijeron ser víctimas frecuentes del ‘matoneo’ escolar (3,33 puntos porcentuales bajó con respecto a la medición inicial) y el 20 % señalaron que eran intimidados en algunas ocasiones, un 10 % menos que al comienzo del proyecto.