Informe exclusivo: con remates de vivienda estafaron a 41 familias en Cali

El monto de las denuncias radicadas ante la Fiscalía en contra del Grupo Constructores Aliados, una empresa de Barranquilla, es de $2267 millones. La firma cerró a mediados de marzo.

Camilo Guevara compró la casa virtual más cara del mundo. Le pagó $62 millones al Grupo Constructores Aliados por un apartamento que solo vio dos veces por    fotografías y  cuando llegó la hora de recibir el inmueble encontró que de la empresa solo quedaba el aviso. La firma barranquillera, cuya sede estaba en la Avenida 6A Norte con Calle 28, cerró sus puertas el pasado 16 de marzo y se llevó los ahorros de 41 familias caleñas que consignaron en sus cuentas más de $2267 millones para la compra de casas o apartamentos que estaban siendo rematados por diferentes entidades bancarias. El País les siguió el rastro durante varios días al Grupo Constructores Aliados y a sus representantes legales y encontró que la tragedia que viven hoy estas 41 familias caleñas se inició, sin que lo supieran,  varios años antes de que entregaran su dinero. La historia se remonta a septiembre del 2011 cuando apareció en la ciudad, justo en la misma dirección donde funcionó hasta marzo el Grupo Constructores Aliados, otra firma barranquillera llamada Global Brokers, cuyos directivos están siendo investigados en la actualidad también por estafa en varios departamentos de la costa norte. Incluso, un mes antes de que la empresa naciera en Cali, ya en Barranquilla se había instaurado la primera denuncia contra ellos por el delito de estafa, el 4 de agosto del 2011. Para finales del 2013 las miradas apuntaban a los cerebros de esa empresa en Barranquilla, de propiedad de Christian Rymel Yurgaky, y como una jugada estratégica les cambiaron el nombre y la razón social a las filiales que operaban fuera de Barranquilla, incluida Cali. (Ver ‘Denuncias en todo el país superan los $8500 millones’). Fue así como en noviembre del 2013 se canceló la matrícula de Global Brokers en la Cámara de Comercio de Cali y se creó la nueva empresa: Grupo Constructores Aliados, con la matrícula No. 885601 y cuya representante legal era Kimberly Hutchinson Vargas, hija de Pablo Hutchinson Garrido, uno de los principales accionistas de Global Brokers. “Lo único que nos dijeron es que cambiábamos de nombre porque ya no íbamos a trabajar más con remates sino con proyectos de construcción. Por eso desmontaron un aviso y subieron el otro, pero los empleados éramos los mismos”, aseguró una de las personas que trabajó en la sede de Cali. Quienes sí cambiaron con la nueva fachada fueron los directivos de la empresa. Desde Barranquilla enviaron como gerente al abogado Mario Alberto Ruiz Civetta, egresado de la Universidad del Norte y de Valledupar llegó la también abogada Indira Ghandi Córdoba Ovalle como directora comercial, quienes se dedicaron a impulsar la ‘nueva’ empresa en el mercado local. Ruiz Civetta permaneció varios meses en Cali y actualmente es el apoderado ante la Superintendencia de Sociedades de Vedel Bonett García, el representante legal de Global Brokers en una investigación administrativa que se adelanta a esa empresa. Indira Ghandi Córdoba Ovalle estuvo en Cali hasta hace poco y datos recopilados por El País revelan que en el 2007 fue precandidata al Concejo de Valledupar por el Movimiento Apertura Liberal, el mismo que avaló al Senado a Héctor Julio Alfonso López, hijo de la empresaria del chance Enilse López, alias La Gata, y que apoyó la candidatura al Congreso de Christian Murcia, hermano de David Murcia, el cerebro de DMG.   Córdoba Ovalle pasó posteriormente a la Gerencia y trajo de Valledupar, como segunda a bordo, a Massiel Cristina Cujia, quien desapareció con ella antes de que estallara el escándalo. Así operaba Constructores Aliados  Cuando la empresa se asentó en Cali empezó a aparecer en ferias inmobiliarias y pautaba en  medios locales y en revistas dedicadas a la venta de proyectos de vivienda. En su segunda etapa empezaron a vender el proyecto habitacional Fustaia, que se construiría en Colinas del Bosque, pero no tuvo éxito y terminaron vendiendo el lote y dedicados a lo que hacía Global Brokers: remates. Un grupo de abogados, dirigidos por Luis Fernando Muñoz, se encargaba de buscar procesos en juzgados y bancos   apartamentos o casas que los propietarios no pudieron pagar, que tuvieran avalúo, con fecha de remate y así armar las ofertas para sus clientes. Los interesados debían consignar el 10 % del valor del avalúo y se firmaba un contrato en el que se comprometían a acompañar al cliente hasta la entrega del inmueble a su nombre. Un mes después, la persona consignaba el 20 % para el pago de deudas pendientes y unas semanas más tarde giraba a Barranquilla el 70 % restante para la compra del bien, que podía costar menos de la mitad del valor real. Para generar confianza en las víctimas, explicó un investigador, iban a las notarías para firmar contratos de gestión o compraventa y luego exigían la totalidad del dinero, que en el caso de Cali, se debía consignar en cuentas personales en Barranquilla. Es por eso que el único comprobante de pago con que los clientes han soportado sus denuncias son las colillas de banco y unos recibos de poca credibilidad que firmaba en Cali una contadora de nombre Fátima González. Ninguno de los clientes podía ver la casa o el apartamento antes de comprarlo porque se suponía, como decían las personas encargadas de las ventas, que el inmueble estaba embargado y que el propietario aún vivía en él y por eso era necesario adelantar un proceso de desalojo. En ese caso, el plazo fijado para la adjudicación de la propiedad, según el contrato, era de seis meses. “Se suponía que nosotros llegábamos al remate sabiendo que nos iban a favorecer con la adjudicación porque ya la empresa había hecho todo para que así fuera”, indicó uno de los afectados. El País ubicó al abogado Luis Fernando Muñoz, que trabajó como jefe jurídico de Global Brokers y posteriormente del Grupo Constructores Aliados, y aseguró que él era simplemente un empleado más y que renunció un mes antes de que estallara el escándalo en Cali. “Todas las decisiones internas se tomaban en Barranquilla y quienes laborábamos en Cali éramos unos empleados más. Yo estuve en ambas empresas y puedo dar fe de que Global Brokers devolvió todo el dinero  en Cali, y no estoy defendiendo o sacando la cara por la empresa, pero no teníamos ni idea de los problemas que tenían en la costa; nadie se imaginó que las cosas terminarían así”, dijo el abogado. Agregó que tiene una trayectoria limpia y que “si hubiera conocido de alguna ilicitud no sigo con la empresa. Me di cuenta del problema por las noticias de la costa y me da mucha lástima por las personas que perdieron su dinero porque son las afectadas, pero todo el dinero iba a Barranquilla; aquí no se manejaba nada”. El País conoció que varios de los empleados de la empresa en Cali llegaron por ofertas publicadas en la página web de Computrabajo y que pese a que tienen denuncias en su contra, es probable que hubieran estado tan engañados como los inversionistas. De momento la Fiscalía en Cali avanza con las investigaciones y han agrupado todas las demandas en una sola para agilizar los resultados y lograr que los culpables paguen por la que sería la mayor estafa cometida en la ciudad con remates de vivienda.

 

“Échese unos diez millones al bolsillo”La forma como operaba el Grupo Constructores Aliados en Cali no dista mucho de como lo hacen los tramitadores que permanecen afuera de los juzgados civiles municipales a la espera de potenciales clientes. Un periodista de El País se hizo pasar como una persona interesada en comprar una vivienda y pese a que el tema de los remates se ajusta a la ley, lo que es al menos inmoral es la forma como se han conformado estructura s para sacarles dinero a quienes buscan mediante esta modalidad adquirir una vivienda propia. De los mismos juzgados envían a los interesados en este tipo de negociaciones para comprar los listados de bienes en oferta en varias de las fotocopiadoras que funcionan afuera de los juzgados civiles en el Palacio de Justicia o en el Centro Comercial Plaza de Caicedo. Por $300 le entregan el listado y le enciman los números de las personas o los abogados que le pueden ayudar a obtener un resultado favorable. “Si usted se presenta solo a un remate tiene que estar muy de buenas para que se lo adjudiquen porque nosotros ya somos profesionales en esto y sabemos como es el ‘teje maneje’”, explicó una mujer que se dedica a esta actividad. Otro de los tramitadores asegura que la ‘vuelta’ es sencilla: “si usted me dice que se quiere quedar con una casa, consignamos el porcentaje (de ley para entrar a concursar) y organizamos un remate en el que usted participe solo porque los demás los ponemos de paro”. “Eso sí, ese día échese por ahí diez millones al bolsillo y uno le da a cada uno dos o tres millones para que desistan de su oferta y, aún así, eso le sale muy barato porque una casa de cien millones usted la puede sacar por $50 millones o menos”. “Ya los actores saben que no ofrecen mucho para no elevar el valor comercial del inmueble. Usted les paga es para que ellos se retiren del negocio”.  Uno de los abogados que presta la asesoría profesional a quienes compran casas en remate y tiene su oficina establecida en un edificio de abogados en Cali, aseguró bajo la reserva de identidad que esto se volvió un negocio de mafias. “Es tanto el descaro a que han llegado, que hasta se le arriman a uno cuando llega con un cliente para ofrecerle el servicio de oferentes y que consignan como si estuvieran interesados”, dijo. “Lo peor es que se da cuenta uno que hay funcionarios de los mismos juzgados en Cali participando de ese juego, pero el día que yo tenga la más mínima prueba de ello los demando”, dijo el abogado. 

Denuncias por todo el país superan los $8500 millones

A nivel nacional los directivos de las empresas Global Brokers, Grupo Constructores Aliados y Alianza Grupo Empresarial, cuyos socios y representantes legales son los mismos o sus familiares, se habrían apoderado de más de $8508 millones, de acuerdo con las más de 200 denuncias instauradas en Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Montería y Cartagena.

El cerebro de la organización sería Christian Rymel Yurgaky, un abogado  egresado de la Universidad Libre de Barranquilla, quien inscribió la empresa, supuestamente, con un capital superior a los $11.000 millones. El director nacional es José Gregorio Pérez Arteaga, quien dictaba las directrices para Cali, pero nunca se reunió con los empleados en la ciudad y todas las reuniones se realizaban a través de video conferencias. Entre los nombres que se repiten una y otra vez en las distintas ciudades aparecen el de Pablo Hutchinson Garrido y un cuñado suyo: Eduardo Iván Vargas Gómez. También figuraban en cargos en la empresa Leivis Miranda García, en la dirección de Proyectos; Lourdes Torres, responsable de Cambio de Garantía en Global Brokers. A nivel nacional son varias las protestas que han realizado las víctimas de Global Brokers y apenas las autoridades avanzan para tratar de establecer la magnitud del daño que ocasionaros estas tres empresas, toda vez que muchas de las víctimas aún no se han acercado a instaurar oficialmente las denuncias. De momento se habla oficialmente de que en Barranquilla fueron engañadas 57 familias y al menos 45 más que confiaron en el Grupo Constructores Aliados en Bucaramanga.

Testimonios de algunas de las víctimas

"Todo se veía legal y el proceso, en efecto, estaba en los juzgados"

Después de innumerables esfuerzos por evitar que un banco le rematara su vivienda en Bucaramanga, Camilo Guevara logró vender su casa, pagar lo que debía y se trajo un dinero para intentar rehacer su vida en Cali junto a su esposa y sus dos hijas.

Una tarde, mientras leía la Revista Finca Raíz, pensó que quizá la oportunidad de hacerse a una casa era mirar los bajos costos que ofrecían los remates de vivienda en Cali y se comunicó con un asesor de ventas del Grupo Constructores Aliados, cuyo dato figuraba en un aviso. Visitó la sede en el norte de Cali, lo sentaron frente a un computador y empezó a mirar las fotografías y los precios de los apartamentos que más se ajustaban a su presupuesto. El 26 de agosto firmó contrato con la empresa y se suponía que para febrero le entregaban su vivienda, pero ahí empezó su calvario. “Todo se veía legal, con documentos y números de proceso que uno consultaba en los juzgados y eran ciertos, pero cuando me tenía que entregar el apartamento me dijeron que el dueño arregló con el banco y no lo podían rematar. Que me iban a devolver la plata”, recordó. “Primero que en una semana, luego que en dos días, luego que mañana y así me tuvieron. Un día me dijeron que ya habían mandado el cheque de Barranquilla y hasta que un día llegué cansado de reclamar y de mal genio y me encontré con que habían cerrado”. “Me dejaron en la calle porque ese era el dinero que traíamos para trabajar o para comprar una vivienda y ahora estamos sin lo uno y sin lo otro. Viviendo de arrimados en la casa de mi mamá”, finalizó Guevara. “Yo resulté tumbado durante una feria inmobiliaria” Luis Carlos*  nunca pensó  que una de las empresas que se presentó como oferente en una de las recientes ferias inmobiliarias en la Plaza de Toros pudiera ser una farsa y terminara llevándose los ahorros de su vida. Ese día llegó en compañía de su esposa y en el stand del Grupo Constructores Aliados le explicaron las grandes ventajas que tenía comprar vivienda usada y que varias casas estaban a punto de ser rematadas por los bancos a personas que no pudieron pagar la deuda. “Es más, a nosotros el presupuesto no nos daba sino para comprar alguna casa por la base aérea o por Villacolombia, porque queríamos comprar por el norte, pero cuando vimos los precios nos ofrecieron un apartamento bonito cerca al Valle de Lili y mi esposa se entusiasmó y terminamos entregando más de $70 millones”, aseguró. El mismo día que visitaron el Grupo Constructores Aliados dejaron todo listo para la firma del contrato y una semana después legalizaron la documentación ante la Notaría Quinta de Cali. “Me dijeron que ese contrato se iba para Barranquilla y allá lo firmaba la representante legal de la empresa y de nuevo lo devolvía”. “El proceso no avanzaba y luego me llamaron a decir que ya el banco ya no quería vender la propiedad y que si quería buscara otra vivienda o que si no, me devolvían el dinero. Ya con ese antecedente preferí que me devolvieran la plata y buscar por mi lado”. “Me tuvieron más de dos meses con el cuento que José Gregorio Pérez, el jefe nacional, iba a mandar el cheque y nada. Luego una de las empleadas en Cali me dijo que estaban esperando que entrara el dinero por la venta de una casa y que de Barranquilla habían ordenado que me solucionaran”. “Al final no me contestaban el teléfono y ahora quedamos sin plata y a punto de un divorcio porque esto ha sido para problemas con mi esposa y la familia de ella, que nos prestó parte del dinero”.(*) Nombre cambiado por petición de la fuente.