En Cali y el Valle ya preparan nuevos controles a la dosis mínima

Luego de conocerse los detalles del decreto con el que el Gobierno Nacional busca que la Policía pueda incautar la dosis mínima de estupefacientes, las voces de líderes y analistas, a favor y en contra, no se hicieron esperar.

Por un lado el alcalde de Cali, Maurice Armitage, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, coinciden en que es clave aplicar la nueva norma. Pero algunos académicos y analistas consideran que la medida será inocua, porque ya el Código de Policía da estas facultades a la autoridad.

El alcalde Armitage sostuvo que la medida será útil para combatir el microtráfico y resaltó que los enfrentamientos entre las bandas que pujan por controlar ese negocio están afectando la seguridad ciudadana.

“Yo creo que la dosis mínima en Colombia es hora de quitarla porque la verdad es que el microtráfico y el narcotráfico, el uso de todas esas sustancias, han tomado demasiada fuerza en la juventud. Yo diría que mientras no tengamos la capacidad de control de las drogas, la dosis mínima hay que prohibirla”, dijo.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, reafirmó que con este decreto lo que busca el Gobierno Nacional es confiscar todo tipo de droga, así sea la dosis mínima, y es lo que se va a empezar a hacer en Cali una vez se expida el decreto.

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“Vamos a iniciar operativos con la Policía para crear entornos seguros y libres de drogas alrededor de los colegios y los parques. De hecho, le solicitamos al Gobierno que tenga en cuenta en el borrador del decreto que además se puedan incautar sustancias legales pero que son empleadas como psicoactivos; estamos hablando del boxer, solventes y algunos limpiadores industriales que se utilizan para enganchar a los niños y jóvenes en el mundo de la drogas”, precisó.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, coincidió en apoyar el decreto. “Consideramos oportuna esta medida porque creemos que ayudaría a diezmar el problema de microtráfico que se presenta en el departamento, incluso a las afueras de los colegios”.

Entre tanto, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, considera que el decreto debe ser muy claro a la hora de precisar a quiénes y en qué condiciones se haría el decomiso.
“Es necesario hacer distinciones. Una cosa es la distribución, el expendio, la comercialización de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, que es delito, y otra es el porte y consumo de la dosis mínima por prescripción médica”, dijo.

El académico agregó que conforme a la jurisprudencia, el adicto es un enfermo y no un delincuente. “Por tanto, si el decomiso se produce sobre la cantidad considerada como dosis mínima o de aprovisionamiento, sería contrario a la Constitución. Ahora bien, si se produce el decreto, este acto administrativo estará vigente mientras no se anule y las autoridades de Policía lo podrán aplicar”, opinó.

La regulación de la dosis mínima está estipulada en la Ley 30 de 1986, la cual dice: “Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona que no exceda de dos (2) gramos”.

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Según la Ley, no es considerado dosis personal el estupefaciente que la persona lleve consigo cuando tenga como finalidad su distribución o venta.

Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, considera que el decomiso de la dosis mínima podría afectar el libre desarrollo de la personalidad.

“La Corte Constitucional consideró que parte de la libertad personal del individuo es la de consumir drogas, si así lo desea y sin causar daño a los demás. Sin embargo, se le pusieron unos límites; luego, el que va a consumirla no puede exceder esos límites, porque una cosa es adquirirla para su consumo personal y otra es ser un agente del mercado para venderlas y enriquecerse con su producto. Por eso ese tema quedó reservado a la ley y la libertad personal no se puede afectar por decreto”, explica Beltrán.

Y añadió: “En este caso concreto el consumo no es delito. Luego, no podrían llevar a la persona a un proceso penal y conducirla a la cárcel. Pero si el decreto dice que se le podría decomisar, la incautación podría ser limitativa de su propia libertad y esto no se encuentra autorizado por la ley”.

La ministra de Justicia, Gloría María Borrero, dijo que los uniformados tendrán la potestad de decomisar pequeñas cantidades de productos ilegales como marihuana, cocaína, hongos y todo tipo de estupefacientes, todo en un intento por dificultar la acción de bandas de microtráfico. “Habrá un proceso para quien sea sorprendido y se le dará la oportunidad de demostrar, si se se trata de una dosis medicada”