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En Cali siguen incumpliendo cuarentena y la ley seca por el coronavirus, ¿a qué se debe esto?

Abril 30, 2020 - 11:50 p. m. Por:
Redacción de El País

Hasta una vivienda en el barrio Calimío Norte llegó el grupo ‘Caza Covid’ para retener y aislar a un ciudadano que pese a ser positivo para Covid-19 no cumplía con la cuarentena y estaba constantemente fuera de su apartamento.

Foto: Alcaldía de Cali

La pandemia originada por el coronavirus ha sacado a flote la conciencia ciudadana y el espíritu solidario de la gran mayoría de los caleños, pero también la irresponsabilidad y los bajos instintos de algunos pocos.

Lo más grave, según los expertos epidemiólogos, es que esa minoría puede terminar ocasionando un daño enorme en materia de contagios y muertes por Covid-19 en una ciudad como Cali.

En lo que los sicólogos califican como ‘ignorancia emocional’, en la capital del Valle han sido intervenidas en los últimos días más de 40 fiestas, sancionado siete moteles e impuesto decenas de comparendos a personas que incluso, siendo positivos para Covid-19, estaban en la calle violando la medida de aislamiento.

Y aunque el coronavirus suma en el país más de 6500 contagiados y 293 personas muertas, aún hay muchos que no lo creen. Unos de los hechos más recientes se registraron en un motel del barrio Obrero donde fueron encontradas quince parejas consumiendo licor y drogas, o la captura de un hombre que pese a dar positivo para Covid-19 ha sido visto en varias oportunidades fuera de su vivienda.

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También el pasado miércoles se cerró una casa en el norte de la ciudad donde se hacían citas previas a través de WhatsApp entre clientes y trabajadoras sexuales. Un indicativo claro, según la psicóloga Mara Tamayo, de que somos una sociedad enferma “porque cómo es posible que si yo tengo el virus salgo a contagiar a los demás y si no lo tengo, me voy para la calle a adquirirlo para venir a contagiárselo a mi familia”.

“Siempre hay personas que están en contra del cumplimiento de las normas y se ufanan de hacer lo que quieren. Una concepción de retar a la autoridad; ‘a mí nadie me corrige’, ‘a mí nada me queda grande’, ‘yo puedo hacer lo que se me antoje’ y eso es ignorancia emocional porque son ellos y sus familias los más perjudicados porque la gente se está contagiando y está muriendo”, señaló la doctora Tamayo.

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, aseguró que a la fecha, en aislamiento obligatorio, se han cerrado siete moteles y tres casas de masajes o lenocinio que venían prestando servicio.

“En los moteles lo que hemos encontrado es que disfrazan la actividad de motel con la de hotel; y se han encontrado menores de edad, muchas personas reunidas, consumo de sustancias alucinógenas y esa mezcla de actividades entre quienes ingresan por horas o quienes pagan por días aumenta la posibilidad de contagio”, explicó el funcionario.

Pero el panorama, aseguran quienes conocen de fiestas privadas y rumbas electrónicas en el sur de Cali, es mucho más complejo de lo que parece.

“En el sur de Cali hay muchos muchachos bien que están mamados de la cuarentena y que quieren salir a rumbear. Esas fiestas las han venido haciendo en casas que alquilan en El Ingenio, Ciudad Jardín y Pance para drogarse y pasar el rato en privado con música y DJ”, explica la fuente.

Agrega que: “En muchos casos no son grupos mayores de cinco o seis personas las que asisten para no despertar sospecha. Y no es solo una personas la que renta sino que son varias que alquilan casas desocupadas o fincas y en varias ocasiones se van a rematar a moteles en los que ofrecen habitaciones múltiples, o incluso, el mismo motel organiza el evento”.

De nuevo a prueba

Desde las 6:00 de la tarde del jueves, previo al puente festivo, rige la ley seca y una vez más se pone a prueba el compromiso de los caleños y la efectividad de la autoridades locales.

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, explicó que hay un grupo de ciudadanos que entiende claramente la importancia de los principios relacionados con la convivencia, muy organizados y rigurosos en el cumplimiento de las medidas aún a costa de su libertad; pero unos pocos no.

“Hay mucha gente con autorregulación social y que llama a denunciar porque no está dispuesta a quedarse callada en este contexto de vulnerabilidad y un tercer grupo al que debemos aplicarle la sanción y la estamos articulando con el delito penal, pero la institucionalidad tiene que estar por encima de eso e interpretar esas debilidades en el tejido social para tratar de construir mejores comportamientos de los ciudadanos”, dijo Rojas.

Esos problemas para respetar las normas, explica la doctora Tamayo, es una situación patológica o emocional en personas que se sienten superhéroes, que nunca les va a pasar nada “y uno les pregunta ¿por qué hacen eso? ¿Por qué salen a la calle sin tapabocas? Y hay gente que responde: ‘Porque estamos en Cali’. Como si por el hecho de estar en Cali les da la autoridad para hacer lo que quieran”.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Justicia frente a los comportamientos contrarios a la convivencia este año señalan que hay 1576 casos de personas que reinciden en sus faltas; 284 personas lo han hecho dos veces; 64 en tres oportunidades; 18 en cuatro ocasiones y 17 personas, más de 5 veces.

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En un motel del barrio Obrero fueron descubiertas varias parejas con licor y drogas.

Especial para El País.

En este puente

Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali indicó que la ciudad se ha dividido en cuatro partes que coinciden con los distritos de Policía y a cada uno se le asignó un grupo integral para hacer seguimiento a los infractores.

Cada equipo estará integrado por personal de la Secretaría de Seguridad, el Dagma, la Policía, Salud Pública y la Sijín para hacer la inspección, control y vigilancia para evitar que los establecimientos incumplan la ley seca.

Igualmente, habrá asesoría permanente de la Fiscalía General de la Nación porque en este tiempo de pandemia las actividades o acciones de los ciudadanos que puedan provocar el contagio son consideradas como un delito con penas entre los cuatro y ocho años de cárcel.

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