Inconformidad en zona rural de Cali y en habitantes de municipios vecinos por alzas de hasta el 71 % en tarifas del transporte intermunicipal

Una ola de inconformidad se ha desatado en los primeros días del año entre los habitantes de la zona rural de Cali y los municipios vecinos. Ciudadanos y líderes comunitarios han elevado quejas formales ante el Gobierno Nacional por lo que califican como aumentos “desproporcionados” en las tarifas del transporte público intermunicipal y rural, con incrementos que en algunos casos alcanzan el 71 %.

Según las denuncias radicadas el 7 de enero de 2026, los incrementos afectan rutas críticas para la movilidad diaria. Por ejemplo, el pasaje entre Cali y Jamundí aumentó de $7.000 a $7.800 (11,4 %); la ruta Cali-Palmira se incrementó en $1.200 (20,7 %), al pasar de $5.800 a $7.000.

Otros trayectos hacia corregimientos rurales de Cali han registrado alzas más severas: la ruta al Kilómetro 12 subió un 45 %, de $4.000 a $5.800, y hacia Los Andes el aumento alcanza el 71,1%, al pasar de $5.200 a $8.900, según argumentan las comunidades afectadas.

David Navarrete, quien hace parte Consejo Municipal de Desarrollo Rural, señala que estos incrementos impactan de manera directa a poblaciones campesinas y sectores vulnerables que ya enfrentan serias dificultades económicas.

“Hay valores que han subido las empresas hacia corregimientos como Golondrinas, La Paz y La Castilla, eso va a dificultar poderse movilizar a sitios de trabajo, estudio, asistir a citas médicas y sacar sus productos del campo”, afirmó el líder comunal.

El papel del Área Metropolitana

Ante la exigencia ciudadana de mayores controles, Wilmer Tabares Marín, coordinador de movilidad del equipo del Área Metropolitana del Suroccidente, Amso, y exsecretario de Movilidad de Cali, explicó el panorama administrativo que rodea los recientes incrementos tarifarios.

Aunque la Amso está constituida por Cali, Jamundí y Puerto Tejada, actualmente se encuentra en una etapa preoperativa a la espera de recursos aprobados.

“La Ley 1625, que regula las áreas metropolitanas, permite que seamos autoridad de transporte, pero mientras eso no esté establecido mediante un acuerdo ni definido por escrito como un hecho metropolitano, nosotros todavía no podríamos avanzar”, expresó Tabares. “Tenemos un plan de trabajo que incluye ser autoridad de transporte no solamente urbano dentro de las tres ciudades, sino también intermunicipal”, agregó

La razón principal de las alzas radica en la regulación nacional. Tabares y las autoridades explican que el transporte intermunicipal opera bajo “libertad de mercado”. A diferencia del sistema masivo urbano, MÍO, que recibe subsidios, el transporte intermunicipal debe cubrir la totalidad de sus costos operativos como combustible, mantenimiento o salarios sin ayuda estatal.

“No es necesario que el Ministerio de Transporte apruebe o desapruebe una tarifa. Lo único que deben hacer (las empresas) es informar al Ministerio esa canasta de costos”, aclaró Tabares, señalando que el Ministerio de Transporte no fija los precios, sino que vigila que las empresas justifiquen sus costos mediante metodologías establecidas, como la Resolución 4350 de 1998, la cual define los parámetros técnicos para dichos cálculos.

Uno de los puntos más conflictivos es que muchas rutas que prestan servicio a la zona rural de Cali (como las operadas por La Sultana del Valle o Transur) siguen regidas por resoluciones antiguas del extinto Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intra. Esto significa que, aunque operan dentro del territorio distrital o metropolitano, estas rutas siguen bajo la competencia del Ministerio de Transporte y no de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Los ciudadanos, que ya han realizado plantones, exigen una mesa de trabajo urgente con la Superintendencia de Transporte, la Procuraduría y el Ministerio. No solo cuestionan las tarifas, sino la calidad del servicio, alegando incumplimiento de horarios, sobrecupo y mal estado de los vehículos.

“¿Dónde está la resolución de la autoridad competente que establece el incremento?”, cuestionan los líderes, quienes piden a las autoridades locales y nacionales revisar la legalidad de los nuevos cobros.

Por ahora, la recomendación de las autoridades de tránsito locales es buscar la mediación. “Siempre le hemos insistido a la empresa: venga, siéntese con la comunidad”, concluyó Tabares, reconociendo que, aunque los costos operativos son reales, el impacto al usuario debe ser revisado.