Cultores y proveedores de Cali denuncian millonarias deudas: la Corporación Piensa, operador de la Alcaldía y el MinCultura, bajo la lupa

El programa se llama Cultores. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Cali que tiene como objetivo estimular a los artistas de la ciudad para que enseñen teatro, danza, música, artesanías, y de esta manera lograr una transformación social en las comunas y corregimientos. A cambio, por supuesto, reciben un estímulo: un pago por su trabajo.

En 2024, el programa fue operado por la Corporación Piensa, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2015 por el abogado John López. Casi un año después, en la recta final de 2025, y pese a que la Secretaría de Cultura asegura que desembolsó la totalidad de los recursos del programa a la Corporación, 17 de los cultores que participaron en la convocatoria aún esperan el pago por su trabajo.

– A nivel emocional y psicológico, me he visto muy afectada por el incumplimiento de los pagos de la Corporación Piensa. Soy madre soltera, para empezar, y a mi hijo le ha tocado asumir parte de mis obligaciones. Al ver que no alcanza la plata en la casa, y sabiendo que me la deben desde diciembre de 2024, me da ansiedad, depresión, miedo. Los artistas en Cali estamos desamparados, solos –me dice una cultora que, como los demás, pide la reserva de su identidad.

Tienen miedo de tomar acciones más allá de las que han iniciado: derechos de petición para que les paguen. Algunos consideran interponer acciones de tutela, demandas, pero hasta ahora cada uno reclama por su lado, pues no todos se deciden a unirse para iniciar acciones legales.

– No quiero que me fichen. Uno sabe que, si llega a demandar, eso lo afecta para participar en próximas convocatorias. En esta labor artística, usted entenderá, algunos dependemos de la poca oferta de la Secretaría de Cultura.

Los cultores a los que les deben los pagos están, además, endeudados. Para presentar las cuentas de cobro de su gestión, deben tener al día su seguridad social. Debido a los atrasos en los pagos de la Corporación Piensa, se vieron obligados a pedir prestados los recursos para pagar la planilla de salud y pensión, esperanzados en las fechas que la Corporación les daba para consignarles los recursos, fechas que no se cumplieron.

– Desde febrero pasado la Corporación Piensa no nos da respuesta sobre nuestros pagos. Yo me pregunto por qué la contratación no se hace directamente con los artistas, y no con estos intermediarios. La afectación moral es enorme, uno no quiere volver a saber nada de estas convocatorias, y además la afectación económica nadie la va a reparar, porque uno se compromete y pide plata prestada confiando en que le van a pagar, y no pagan. Los artistas siempre somos los que pagamos los platos rotos de estos problemas administrativos que se dan con dineros públicos, que deben ser sagrados –me dice otro cultor, que también pide la reserva de su identidad.

Los líos de la Corporación Piensa no son solo con el proyecto de Cultores de la Secretaría de Cultura de Cali. Con el Ministerio de Cultura suscribió el convenio asociativo 3705-2024, por alrededor de $3000 millones, para “Aunar recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros que permitan el desarrollo de estrategias de comunicación, formación, creación, circulación y gestión del conocimiento que fortalezcan los medios y procesos de comunicación y periodismo cultural, así como a los agentes del sector audiovisual, sonoro, digital e interactivo del país”.

Según pudo establecer El País, el 95 % de los recursos del convenio ya fueron desembolsados a la Corporación Piensa por el Ministerio. Y, sin embargo, Piensa ha incurrido en incumplimientos en los pagos tanto de su propio personal que trabaja en el convenio como de proveedores.

– El compromiso de la Corporación al contratar mis servicios era que me pagaban cada dos meses. Lo hicieron de manera cumplida hasta octubre de 2024. Con los abonos que hicieron después, pagaron hasta diciembre. Pero actualmente me deben más de 30 millones de pesos. Estos incumplimientos me han afectado mucho, porque uno asume compromisos confiando en que le van a cumplir. Y lo que más incomoda es que los acuerdos de pago que Piensa propone no se cumplen. Lo más grave es que es plata pública de por medio, cuya administración debe ser de sumo cuidado –comenta un exintegrante de la Corporación.

Los testimonios de quienes trabajaron en Piensa son muy similares. Algunos se lamentan de haber dicho “no” a otras oportunidades laborales mientras trabajaban para la Corporación. Otros no saben cómo responder por créditos bancarios que solicitaron con la certeza de que iban a recibir el pago de sus servicios.

– Yo he hecho solicitudes por correo para que me paguen. Perdón la palabra, pero las respuestas de ellos son chimbas. Que estamos revisando, que estamos a la espera, y nada. Se hizo un derecho de petición con varias solicitudes y no contestaron ninguna. No puede pasar que no le paguen a la gente en proyectos que se financian con recursos públicos –agrega otro exintegrante de Piensa.

En un centro comercial del sur de Cali, el abogado John López conversó con El País. Especialista en derecho constitucional, asegura tener una experiencia de 12 años liderando “organizaciones de base” como Piensa.

– Decidí fundar Piensa porque identificamos en su momento que existían muchas organizaciones que trabajaban proyectos, pero que no lo hacían bien. En 2015 logramos nuestro primer proyecto a través de licitación: apoyo a una banda marcial en la Comuna 22. Nos fue bien en el sentido de que en el territorio la gente quedó contenta, pero tuvimos pérdidas económicas que asumimos como un aprendizaje.

Desde entonces, aseguró John López, la Corporación fue creciendo “sin padrinos políticos”. El abogado comentó que es común en la contratación pública que las organizaciones de base destinen el 10 % de los recursos a quienes les ayuden a gestionar los proyectos.

– Nosotros podemos decir que, sin importar el gobierno, hemos logrado licitar sin ayudas de ese tipo. Nos volvimos expertos en licitar, en el Secop.

Los problemas comenzaron en 2020, con la pandemia de Covid-19, según John López. Como Piensa opera proyectos relacionados con talleres y capacitaciones en territorios, el confinamiento hizo que todo se suspendiera. Después llegó el estallido social, que también, de alguna manera, afectó los procesos.

– Pero en 2024 y 2025 iniciaron los problemas más fuertes. La organización Piensa dependía mucho de mí, era “Jhon-dependiente”, y me enfermé. Incluso estuve en la UCI. En parte por eso empecé a delegar, y hoy la representante legal es Brenda Ramos. También porque tengo un proyecto político de lanzarme a la Cámara de Representantes, algo que solo podré hacer cuando resuelva los problemas que tiene hoy Piensa. También padecimos retrasos en los desembolsos de algunos proyectos y nosotros dependemos de eso para pagar. Pero el gran golpe fue en febrero de 2025, cuando la Dian nos embargó las cuentas. Por ese motivo no hemos podido pagar las deudas que tenemos, de alrededor de $700 millones. No es que Piensa se haya gastado la plata, los recursos públicos, como algunos dicen, los retuvo la Dian.

Varios abogados consultados por El País, como Jesús Marino Ospina, presidente del Instituto Colombiano de Contratación Estatal, y Elmer Montaña, advierten, sin embargo, que un embargo no exime a la Corporación Piensa de pagar a tiempo sus compromisos. Por el contrario, es una alerta más sobre sus errores administrativos y su incumplimiento de obligaciones tributarias.

– El embargo ocurre por un problema del año 2019. Salió una ley que obligaba a las entidades sin ánimo de lucro como Piensa a quedarse en régimen especial. Las que no presentaran la documentación, las sacaban de ese régimen. Y si te sacan, te cobran la renta. No hicimos ese proceso por falta de conocimiento. El contador que teníamos no era de planta; trabajaba por servicios según los proyectos que se tuvieran –explicó John López.

El fundador de Piensa reconoce otros errores administrativos, como no suspender los contratos laborales cuando la organización no tenía proyectos en marcha. También considera un error suyo haber contratado de planta a un equipo de comunicaciones que le representaba al año un gasto de 200 millones de pesos, cuando lo que regularmente hacía era contratar las comunicaciones de forma temporal, por cada proyecto.

De momento, El País pudo establecer que el Ministerio de Cultura inició un proceso legal contra Piensa por presuntos incumplimientos a sus obligaciones contractuales en el convenio suscrito. Ya se expidió una resolución inicial; Piensa contestó con un recurso y el fallo definitivo saldría a finales de septiembre. Una de las sanciones posibles, además de multas, sería la inhabilidad para contratar con el Estado por tiempos específicos.

John López considera que tal vez no se llegue a ese escenario. Está a la espera de contratar un proyecto a nivel nacional con el que, asegura, podría pagar todas las deudas que hoy tiene la corporación con la gente. También puso a la venta una casa suya en Jamundí.

– Espero concretar el negocio este mes y empezar a pagar las obligaciones –dijo.