Atención a venezolanos en Cali busca evitar xenofobia en la ciudad

Los más de 460 venezolanos que se habían asentado irregularmente en la zona verde entre las calles 25 y 26, junto a la Terminal de Transportes, y que fueron desalojados por las autoridades el pasado viernes, no son los únicos que están en Cali.

Además de los 236 hombres, 146 mujeres y 71 menores de edad de dicho asentamiento irregular, la inmigración del vecino país en la capital del Valle del Cauca ha crecido exponencialmente: en diciembre de 2018 eran 37.622 personas y en un mes, en enero de 2019 ya suman 39.127, según cifras de Migración Colombia.

Ese es el triste panorama tanto para los inmigrantes, que subsisten en condiciones infrahumanas en las calles, como para la ciudadanía caleña que se ve amenazada por la inseguridad y problemas de salubridad que su estadía en los espacios públicos pueda generar.

En cuanto al orden público y seguridad ciudadana, en el desalojo del pasado viernes 25 de enero, se desmantelaron 110 cambuches y carpas, se incautaron 1200 dosis de basuco, 60 armas cortopunzantes y una pistola de fogueo y se expulsaron del país a cuatro venezolanos que atacaron a la Policía.

Y no era la primera vez. Ya el teniente coronel Ronald Coy, comandante operativo (e) de la Policía Metropolitana de Cali, reveló una semana atrás, un hombre se enfrentó a bala con la Policía en ese campamento.
“Se trataba de alias ‘El Gato’, quien fue detenido, pero la Fiscalía no lo recibió porque la captura no fue en flagrancia, y se ordenó deportarlo, pero no hubo plata para los tiquetes”, informó el oficial en la mesa para la atención integral para los migrantes venezolanos que se realizó en la Gobernación del Valle.

Ese fue uno de 23 actos delictivos que se presentaron en Cali en el que estuvo involucrado un ciudadano venezolano, que incurrió en hurto y tráfico y/o porte de estupefacientes, informó la Policía. Ya en otros operativos, se había incautado una maleta con marihuana y hasta máquinas trilladoras de ese alucinógeno, informó la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Felipe Muñoz, gerente de la frontera con Venezuela, dijo que tenía información de que el individuo ya había salido de Colombia, y de paso enfatizó que “somos muy generosos con los ciudadanos venezolanos que están en el país, pero si se enfrentan a bala con la autoridad, le caerá todas las sanciones administrativas y penales a que haya lugar”.

Pero también algunos venezolanos han sido víctimas de riñas, lesiones personales, hurto, violencia intrafamiliar y accidentes de tránsito. Hubo un solo caso de delito sexual en Bugalagrande y no ha habido venezolanos víctimas de homicidio.

De hecho, se conoció también que en Palmira, otra ciudad con mayor flujo de inmigrantes del vecino país, de los 55.000 que ya hay en el departamento del Valle, se está prestando para el reclutamiento de venezolanos para la minería ilegal en Guapi, o narcotráfico y bandas criminales en zonas de conflicto.

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Christian Krüger, director de Migración Colombia, también aclaró que “los venezolanos no pueden estar en esos asentamientos, por ellos mismos, porque no es digno vivir en esas condiciones, y por los caleños ya que puede derivar en brotes de xenofobia de estos contra los venezolanos; el asentamiento junto a la Terminal de Cali no es sostenible”.

La Secretaría de Seguridad y Justicia añadió que el asentamiento generaba inseguridad en la zona de influencia, al punto que Ferrocarrilles del Pacífico les había interpuesto una querella y una tutela exigiendo la recuperación del espacio público.

Carolina Campo, secretaria de Bienestar Social, informó toda la atención que la Alcaldía de Cali les está prestando en raciones de alimentación, en conjunto con la Arquidiócesis de Cali, así como en salud, educación, entre otros rubros. La inversión asciende a $5500 millones “para garantizar los derechos de los inmigrantes venezolanos”.

De ahí que la funcionaria reclamara al Gobierno Nacional, que Cali sea priorizada por cuanto recibe mucho flujo de venezolanos, ya sea en tránsito hacia otros países, o para quedarse.

Jamundí se ha destacado en la atención a esta población migrante, porque el alcalde Edgar Yandí expidió un decreto para ello. Así, dos personas que se encargan de atenderlos, les cuestan $45 millones al mes, informó Mabel Perea, de la Secretaría de Gobierno.

El Padre Alfredo Mosquera, de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, dijo que se están atendiendo en Cali 150 migrantes al mes.

William Felipe Márquez, director (e) del Icbf, regional Valle del Cauca, informó que en 2018 se atendieron 59 menores venezolanos de primera infancia, 26 de ellos en Cali, y 1481 mayores de 5 años.

A nivel nacional, en 2018 el Icbf atendió 61.945 niños venezolanos, con un crecimiento del 180 %, pues en 2017 fueron 22.917, según cifras de la entidad.

“Se han invertido $147.000 millones, se ha hecho un esfuerzo muy grande para darles atención, y sino fuera así, sería más dramático”, puntualizó Márquez.