Varios de ellos nunca se conocieron en Cali. Quizá se pudieron cruzar en algún momento, pero terminaron juntos en una prisión en Venezuela, acusados de lo mismo: terrorismo y querer desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro.
Algunos viajaron en busca de oportunidades laborales, otros ya habían estado en ese país y retornaron para continuar con sus trabajos y uno más con deseos de viajar con su familia a hacer un turismo más económico en las Islas Margarita.
Aunque todos fueron encasillados como parte de un complot que llegó desde Colombia para perturbar la estabilidad del régimen chavista, aseguran sus familiares que basta con revisar en el país y darse cuenta de que todos son trabajadores humildes y que no tienen antecedentes penales.
“Son personas de bien que se levantan todos los días a trabajar por un país, en busca de una mejor vida para ellos y sus familias, pero lo que encontraron es que les han vulnerados sus derechos y los de sus hijos”, asegura la esposa de uno de los detenidos, quien prefiere que no se revele su identidad.
Estas personas, asegura el analista y docente Diego Javier Sánchez, “son víctimas de la paranoia y las alucinaciones de un gobierno ilegítimo que ve enemigos por todas partes. Un régimen que se escuda en cortinas de humo con supuestos intentos diarios de mercenarios colombianos que llegan para asesinar a Nicolás Maduro, buscando el respaldo y la solidaridad de algunos”.
Un trato igualitario
Tras diez meses retenidos en una cárcel en las afueras de Caracas y en condiciones inhumanas, el pasado 14 de agosto las familias de estos vallecaucanos alcanzaron a celebrar el anuncio de la liberación de varios colombianos retenidos en ese país.
Sin embargo, horas después se conoció que los liberados eran cinco connacionales que fueron firmantes de Paz y un escolta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Es muy triste ver que todo el Gobierno se movilizó para lograr la liberación de esas personas, que también merecían estar con sus familias, pero en nuestro caso lo que vemos es que nuestros detenidos no le importan a nadie” indicó un allegado a otro de los vallecaucanos presos.
En ese caso, Franklin Castañeda, asesor y coordinador de la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización, ARN, indicó que: “La Agencia agradece especialmente la gestión del conjunto de nuestro Gobierno, de la Cancillería Nacional y la Embajada de Colombia en la hermana República Bolivariana de Venezuela”.
“Resaltamos la labor del Partido Político Comunes, surgido de los Acuerdos de Paz. Gracias a ellos por las gestiones realizadas en este proceso; su compromiso y apoyo ha sido fundamental para logra la liberación de estas personas”, concluyó.
Lo que debe hacer el Gobierno Nacional, agrega el analista Sánchez, es activar también los mecanismos diplomáticos para garantizar que estas personas que siguen detenidas en Venezuela tengan el derecho a asumir una defensa.
“No son pocos los colombianos que han sufrido detenciones arbitrarias en Venezuela y la gran mayoría de ellos son colombianos de bien; porque los verdaderos criminales son los que se pasean sin restricciones por esa frontera”, asegura.
“Su único delito fue querer conocer Islas Margarita”
Todo lo que quería Royman Santa Burgos, un taxista caleño, era aprovechar las vacaciones de sus hijos para conocer las paradisiacas Islas Margarita.
“Tenía la ilusión de conocer esas playas y quiso aprovechar en el 2024 las vacaciones de la universidad de su hija y del colegio de su hijo y viajar los cuatro, junto a su esposa”, explicó Alejandra Solarte Burgos, prima del detenido.
Diez meses después, quien fuera integrante de la Mancha Amarilla en Cali, permanece detenido en Venezuela y a la espera de responder por delitos como terrorismo, señalado de ser mercenario y parte de un plan para desestabilizar el Gobierno de Nicolás Maduro.
Ante la situación política en el vecino país, decidió adelantarse el 23 de noviembre pasado y cruzar la frontera por Puerto Carreño hacia Puerto Páez y avanzar con todos los trámites a la espera de que llegaran unos días después sus hijos y su esposa, residentes en el barrio Andrés Sanín.
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“Ese mismo día se comunicó con su esposa, le dijo que ya estaba próximo a cruzar la frontera y que en cuanto volviera a tener internet se comunicaría con ella. Esa noche ya no llamó más. Ella trató de escribirle, pero los mensajes nunca llegaron”, dice Alejandra.
Empezaron entonces a tallar la angustia y la zozobra porque salió la noticia de que estaban deteniendo extranjeros en la frontera. Pasaron seis meses sin saber nada de él, dándolo como desaparecido. Pero el pasado 15 de mayo recibieron la noticia de que Royman se encontraba en una cárcel a las afueras de Caracas, a la espera de un proceso justo.
Han invertido dinero que no tenían viajando a plantones a Bogotá y pidiendo, entre otras cosas, acciones humanitarias, toda vez que Royman tiene una discapacidad producto de un accidente, sumada a problemas de presión alta y padecimientos en columna y cadera.
Solo el pasado 26 de julio le permitieron una llamada con su familia. “Nos pidió que sus compañeros de la Mancha Amarilla lo apoyaran, que hicieran una marcha para que el alcalde Alejandro Eder intercediera ante el Gobierno y pidiera la liberación de todos”, aseguró su prima Alejandra.
Mi esposo ya había ido a Venezuela y estuvo trabajando en una finca”
Álvaro Javier Ojeda, un caleño de 34 años de edad es uno de los cinco vallecaucanos que permanecen detenidos en Venezuela sin que se adelante un proceso judicial en el que pueda demostrar su inocencia.
Ha trabajado siempre en el sector de la construcción y era la segunda oportunidad que viajaba al vecino país para laborar con maquinaria en una finca, porque las condiciones laborales lo beneficiaban.
Sin embargo, ante el régimen de Nicolás Maduro este obrero residente en el barrio Ciudad Córdoba, en el oriente de Cali, es un peligroso mercenario que viajó allá para intentar derrocar el Gobierno chavista.
“Mi esposo es un hombre trabajador; siempre ha trabajado en la construcción. Vivimos aquí en Cali y, ¿qué le digo?, es de buenos principios y no ha cometido jamás ningún delito”, aseguró Milena Meléndez, su esposa.
“Él ya había viajado una vez a trabajar en una finca con maquinaria en Puerto Orgaz. Iba a trabajar allá, pues son otras oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces él viajó en noviembre junto a otro compañero en busca de nuevas oportunidades y fue ahí que fue detenido”, explica.
Álvaro Javier cruzó la frontera con un compañero también a finales de noviembre del 2024 y su familia no volvió saber nada de él hasta el 15 de mayo que, por gestiones humanitarias, se logró que les permitieran comunicarse con su familiar.
“Yo estaba súper preocupada porque él siempre que llega allá llama, y esa vez no lo hizo. Entonces me enteré de que estaba detenido en Caracas, en Rodeo I. Fue una llamada de cinco minutos y se escuchaba entrecortada, o sea, casi no pudimos hablar bien. Luego, el 9 de julio, realizó otra llamada, habló con mi cuñado y ahí le comentó todo lo que pasó y cómo los trataron”, relata la esposa de Álvaro.
“A mi cuñado le contó que estaban pasando una situación muy dura y, con todo lo que hemos hecho, no vemos ningún avance. Por eso le pido al presidente Gustavo Petro que se manifieste con nosotros, nos dé una reunión y nos ayude, que estamos desesperados”, puntualizó.
“El caso de él no es judicial sino político”
Lo primero que le pidió Álvaro Ossa Santa a su esposa, Evelyn Salazar, cuando tuvo la oportunidad de comunicarse con ella, fue que no fuera a gastar dinero en abogados, porque su caso no era un proceso judicial, sino un asunto político.
Padre de dos hijos, cabeza de hogar y quien era el soporte económico de su madre, Álvaro viajó a Venezuela luego de que cerrara la empresa en la que trabajaba en Cali y no lograra lo suficiente económicamente hablando como conductor de plataformas en la ciudad.
“Desafortunadamente, la empresa en la que laboraba liquidó y estuvo probando suerte como conductor de plataformas. Él ya había viajado a Venezuela mucho antes, y esta vez viajó porque se quedó sin empleo, le habían dicho de oficios varios: conducir, arreglar casas, pintar casas, de todo”, explica.
Agrega la mujer, residente en Villa Colombia, que: “Él viajó al vecino país con los papeles en regla y en la frontera, en Puerto Carreño, tuve el último contacto con él, el 23 de noviembre del año pasado. Le escribía mensajes y no le llegaban. La preocupación aumentaba porque no tenía ningún tipo de contacto. Fuimos a buscarlo hasta donde nos dimos cuenta de que él estaba y nos dijeron que no fuéramos a averiguar nada, porque terminábamos nosotros también detenidos”.
Supo por medio de otro compañero que estaban detenidos, porque todo el tiempo le enviaba mensajes y no recibía respuesta; luego supimos que los señalan de terrorismo e incitación al orden público, cuando no tienen antecedentes penales de nada.
“Seguimos en la lucha, de la mano de Dios, esperando que el Gobierno actúe. Mi esposo es una persona muy amable, colaboradora, trabajadora, responsable. En la última llamada lo noté ansioso, nervioso, llorando mucho. Nos pedía perdón, decía que nos extrañaba y repetía que no fuéramos allá, que eso era político”, concluyó Evelyn.