En respuesta a la apelación presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, en medio del juicio que lo condenó a doce años de prisión domiciliaria, el Consejo Superior de la Judicatura tomó una decisión extraordinaria para agilizar la determinación del Tribunal Superior de Bogotá.
La medida adoptada por el órgano contempla la designación de tres magistrados adjuntos para apoyar a la Sala Penal del Tribunal y estudiar el recurso de la apelación presentado.
De forma detallada, el Consejo dispuso la designación temporal de magistrados adjuntos en los despachos 004, 011 y 013 de la Sala de Decisión Penal No. 19 del Tribunal Superior de Bogotá, designaciones que regirán entre el 11 de agosto y el 10 de octubre.
Los nuevos magistrados tendrán como función exclusiva sustanciar y fallar procesos distintos al del expresidente Uribe, con una meta mensual de emitir diez sentencias o decisiones de fondo que pongan fin a procesos penales en curso.
Mientras tanto, los magistrados titulares de los tres despachos se concentrarán exclusivamente en el análisis y resolución de la apelación de Uribe.
El proceso penal contra Uribe fue asignado por competencia previa a los tres despachos que integran la Sala Penal No. 19, debido a la “connotación, complejidad y volumen” del expediente, por ello, la Sala solicitó apoyo para sustanciar el proceso de apelación, cuyo vencimiento de términos está previsto para el 8 de octubre.
La decisión de crear cargos transitorios se adoptó tras certificarse la disponibilidad presupuestal por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según consta en oficios emitidos en mayo.
El Consejo también estableció que los despachos judiciales deberán reportar mensualmente su gestión y cumplimiento de metas en los sistemas oficiales de la Rama Judicial.
Adicionalmente, la Sala Penal No. 19 fue eximida temporalmente del reparto de nuevas acciones de tutela entre el 5 y el 20 de agosto, para que sus tres magistrados se dediquen exclusivamente a resolver la tutela interpuesta por la defensa del expresidente, que busca anular la condena de primera instancia.
Dicha acción fue presentada por el abogado Jaime Granados, quien argumentó la presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
La solicitud de medida cautelar que permitiría a Uribe enfrentar el proceso en libertad fue rechazada el 4 de agosto.
Ahora, la decisión sobre la tutela será tomada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto, luego de que el magistrado Ramiro Riaño Riaño se declarara impedido.
Con esta reconfiguración, y el respaldo de magistrados adjuntos para otros asuntos, la Rama Judicial busca garantizar el cumplimiento de los términos legales y la resolución definitiva del caso dentro del plazo establecido.