El expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos se pronunció sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y defendió la necesidad de garantizar su funcionamiento y los recursos necesarios para que cumpla con las obligaciones derivadas del Acuerdo Final de Paz.
Santos sostuvo que el Estado debe cumplir lo pactado y garantizar que la justicia transicional pueda desarrollar las funciones establecidas en el marco jurídico del acuerdo. En particular, señaló que la JEP debe contar con las condiciones necesarias para contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
El exmandatario también cuestionó que, en medio de la actual discusión política sobre la implementación del Acuerdo de Paz, vuelva a plantearse la posibilidad de eliminar la justicia transicional.
“¿Qué pasaría con las más de 10 millones de víctimas que confiaron en la promesa de verdad, justicia, reparación y no repetición? ¿Qué pasaría con los más de 11.000 integrantes de las FARC que dejaron las armas y hoy siguen honrando su compromiso con el acuerdo?”, cuestionó Santos.
Aunque defendió la continuidad de la Jurisdicción, el expresidente también reconoció las críticas relacionadas con la velocidad de sus procesos. Santos señaló que quienes cuestionan la lentitud de la JEP tienen razón y pidió a los magistrados acelerar el desarrollo de sus actuaciones.
“Meta el acelerador”, fue el llamado del exmandatario al tribunal, en referencia a la necesidad de avanzar en los procesos y entregar resultados a las víctimas.
La posición de Santos incluye, de esta manera, una defensa del mandato de la JEP, pero también un llamado a que la jurisdicción avance con mayor rapidez en el cumplimiento de sus funciones.
¿Cuánto tiempo puede funcionar la JEP?
Santos también se refirió a la posibilidad de extender el periodo de funcionamiento de la Jurisdicción, el expresidente manifestó que no está de acuerdo con una prórroga que lleve a 20 años la duración de la JEP, aunque insistió en que debe cumplirse lo establecido en el marco jurídico del Acuerdo de Paz.
El artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP relacionadas con la presentación de acusaciones por parte de la Unidad de Investigación y Acusación es de 10 años, contados desde la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de sus salas y secciones.
El exmandatario también se refirió a la continuidad de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, cuyo mandato ha sido renovado por el Consejo de Seguridad, y advirtió que abandonar compromisos internacionales no liberaría a Colombia de sus obligaciones.
“Retirarnos de la ONU o de la Corte Penal Internacional además no nos liberaría de nuestras obligaciones y en cambio abriría una profunda fractura jurídica y moral”, concluyó.