A menos de un mes y medio para la primera vuelta por la Presidencia de Colombia, todavía no existe un registro de las contribuciones que terceros han hecho a las 13 fórmulas que compiten por llegar a la Casa de Nariño el próximo 20 de julio.
En su informe, Transparencia por Colombia comienza por hacer un importante señalamiento: Según la entidad, el aplicativo ‘Cuentas Claras’ no ha sido habilitado hasta ahora para que dichas campañas hagan sus reportes de ingresos y gastos, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral definió, por medio de la Resolución 10753 de 2026 (artículo 6), que todos los candidatos que hacen parte de estas elecciones tienen la obligación de reportar estas cifras durante el desarrollo mismo de sus campañas, a más tardar 7 días después de ocurrido el movimiento económico.
Cómo se financian las campañas y topes máximos permitidos
Para empezar, cabe aclarar que el sistema de financiamiento de las campañas políticas en el país es mixto, según el artículo 109 de la Constitución Política, que define que los recursos pueden provenir tanto de origen estatal como de origen privado.
Para el caso de los aportes provenientes de origen público, según el artículo 262 (que fue a su vez modificado por el Acto Legislativo 02 de 2025), la ley colombiana estará encargada de regularlos. Esto con el propósito de garantizar la equidad, transparencia e independencia de los recursos privados en este ámbito. Dicha financiación funciona a través de anticipos y reposición de gastos por votos válidos, además de acceso a medios de comunicación para promoción de campañas.
En cuanto a esto, cabe precisar que la reposición de votos funciona bajo un modelo de “reposición de gastos”. Esto quiere decir que solo se devuelve lo que la campaña gastó y certificó mediante facturas legales. El límite, en estos casos, es el gasto, no el número de votos.
Para estas elecciones a la Presidencia el CNE, mediante la Resolución 0715 de 2026, establece el siguiente valor por reposición de voto válido obtenido:
- Primera vuelta, para quienes accedan a anticipos: $ 4.440.
- Segunda vuelta, para quienes accedan a anticipos: $2.217.
- Tanto en primera como segunda vuelta, para quienes NO accedan a anticipos: $9.052.
En el caso de las fuentes de financiación de origen privado, la Ley 1475 de 2011, en su artículo 20, establece cuáles son las fuentes permitidas. Entre estas están:
- Recursos propios y aportes de familiares hasta cuarto grado de consanguinidad.
- Contribuciones de personas naturales.
- Entidades financieras, por medio de créditos.
- Aportes de organizaciones políticas que avalan las candidaturas.
Para las fuentes de financiación también existen prohibiciones. Según la anterior ley, en su artículo 27, estas son a las que no se puede acudir:
- Aportes provenientes, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas del extranjero.
- Dineros provenientes de actividades ilícitas.
- Aportes de personas sobre las que pesen procesos de extinción de dominio.
- Contribuciones anónimas.
- Personas que hayan sido imputadas o acusadas de delitos relacionados con grupos armados ilegales, narcotráfico o lesa humanidad.
- Personas que desempeñan funciones públicas, salvo corporaciones públicas de elección popular.
- Aportantes cuyos recursos provengan en más de un 50% de contratos o subsidios estatales.
Independiente del origen de las contribuciones a las campañas, el CNE ha fijado ciertos topes. Para el caso de las contribuciones hechas por cuenta propia por el candidato o sus familiares, estas no podrán superar en total el 4% del tope máximo permitido. En cuanto a las de personas naturales, estas no podrán exceder el 2%. Y las de aportantes particulares, estas no podrán estar por encima del 20%.
En cuanto a los topes máximos para las campañas, el CNE ha establecido, por medio de la Resolución 0751 de 2026, los siguientes topes:
Primera Vuelta: $37.110.502.954. Es decir: 18.555 salarios mínimos mensuales.
Segunda vuelta (en caso de que hubiera): $18.243.034.647. Es decir: 9.121 salarios mínimos mensuales.
Campañas anteriores
Según Transparencia por Colombia, una vez se analizan las cifras presentadas en anteriores campañas, quedan en evidencia marcadas diferencias entre la norma y la práctica:
Para las presidenciales del 2014, había un mayor balance entre las fuentes de financiación, con un 7% de contribuciones particulares, un 34% de anticipos y un 45% de créditos de entidades financieras. En las elecciones posteriores esta última se convirtió en la principal fuente de financiamiento: en el 2018, significó el 83% de los aportes, y en las anteriores fue del 81%. En estas últimas no hubo porcentajes relacionados con anticipos.
Frente a los riesgos a los que se expone el sistema electoral por las fuentes de financiación indebida, Transparencia por Colombia hizo mención a algunos de los casos más sonados en las últimas elecciones.
Desde las presidenciales del 2010, en las que se indagó acerca de presunta injerencia de la multinacional brasileña Odebrecht, cuyos aportes no habrían sido plenamente reportados, hasta las presidenciales del 2014. En este caso, se indagó la presencia de la misma multinacional en el caso de las dos campañas que figuraban en aquel momento: la que buscaba la reelección de Juan Manuel Santos y la que buscaba destronarlo, con el candidato del Centro Democrático óscar Iván Zuluaga.
Estos antecedentes aterrizan en la actual presidencia de Gustavo Petro, pues el 27 de noviembre pasado el CNE determinó que su campaña excedió los límites de financiación establecidos por una suma superior a los $5.300 millones.