“Anuncia el Gobierno cese de fuego con varias organizaciones. Aun con las dificultades de sostenibilidad y verificación, es una gran noticia. Hay que acompañar al Gobierno en este empeño. Cada bala menos es bienvenida”.

Así se refirió ayer el exjefe negociador de Paz y actual senador Humberto de la Calle al cese al fuego bilateral pactado entre el Ejecutivo colombiano y cinco grupos armados que operan en el país.

En efecto, en la tarde del pasado 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro sorprendió a los colombianos con la noticia de la tregua vigente desde ayer.

“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad”, escribió en Twitter.

Y agregó: “Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros. Feliz nuevo año”.

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Justamente Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, saludó el anuncio hecho por el Jefe de Estado y precisó que “Naciones Unidas apoya todos los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia”.

De igual forma, el excandidato presidencial Sergio Fajardo aseguró: “Buena forma de comenzar el 2023 con un cese al fuego bilateral. Los colombianos merecemos paz. Falta lo de siempre con el Gobierno de Gustavo Petro, pasar del anuncio audaz a la realidad compleja: sin rigor y transparencia surgen dudas, contradicciones y enfrentamientos”.

De su lado, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, aseguró que el cese bilateral es un alivio humanitario para las comunidades en cerca de 350 municipios donde hay movilidad de cerca de 80 frentes o columnas de esas cinco organizaciones al margen de la ley.

“En lo que va de este Gobierno se han presentado más de 70 choques violentos con muertes tan horribles como lo que sucedió en Putumayo: en una sola acción 23 personas murieron en una acción de aniquilamiento entre grupos. En ese mismo periodo se han presentado 50 acciones de hostigamiento en zonas donde hay presencia de la Fuerza Pública”, añadió en declaraciones a Caracol Radio.

Sin embargo, González Posso advirtió que ese “cese bilateral no es para autorizar el traqueteo”. “El Estado no puede parar de proteger a la población y combatir el macrocrimen. Este caso se trata de un aspecto muy importante para desescalar la violencia armada y proteger la vida de la gente”.

A su vez León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares), que lo anunciado por el Ejecutivo es “un golpe de opinión y una expresión con hechos de que es posible alcanzar la paz total”.

“Tiene el sello de lo que hacía el M19 cuando se proponía expresiones de paz con hechos políticos y de opinión. Si un país se despierta en un año nuevo con un proceso de paz con una cantidad de organizaciones tan distintas, esto trae un impacto”, añadió el analista en el mismo medio de comunicación.

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En opinión de Valencia, la propuesta del actual Gobierno Nacional parecería no tener la misma oposición que tuvieron las negociaciones de paz adelantadas durante la Presidencia de Juan Manuel Santos. “Uno ve un ambiente de aceptación especial frente a estos nuevos acuerdos”.

Pero se refirió a la necesidad de que el Ejecutivo dé garantías de seguridad a quienes sufren la violencia de primera mano en las regiones del país, para que el cese al fuego no sea solo entre la Fuerza Pública y las estructuras armadas, sino que la población también se vea beneficiada con gestos de paz.

Por su parte, al referirse a la tregua la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal escribió en Twitter: “Traducción: impunidad y cese unilateral para que los ciudadanos queden desprotegidos”.

Entre tanto, Carlos Camargo, defensor nacional del Pueblo, enfatizó en que “todos los gestos que permitan frenar las acciones armadas que afecten a la población civil son bienvenidos”, agregando que los grupos armados al margen de la ley mencionados por el presidente Gustavo Petro en su trino son “los que más generan alertas en todo el país”.

Además, aseguró que desde esa entidad “estaremos atentos para verificar, en los diferentes territorios, que se cumpla con el cese de las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales”, disponiendo para ello de toda su capacidad.

En un comunicado, el Gobierno aseguró que el cese tendrá como objetivo principal “suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico territoriales y campesinas y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley mencionadas”.

Añadió que se expedirá un decreto específico por cada una de las organizaciones, donde se determinará la duración y las condiciones de dicho cese del fuego, y que este tendrá verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

“Por el momento no se contempla el cese del fuego con otras organizaciones. El Gobierno Nacional hará una revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales, para tomar futuras decisiones, como parte del compromiso de la Paz Total”, se indicó por parte del Ejecutivo.

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Las organizaciones que van a la tregua

Con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el Gobierno Nacional ya adelanta negociaciones de paz, tras convenir la retoma de los diálogos que se iniciaron durante el mandato de Juan Manuel Santos.

La Segunda Marquetalia se autodenomina el grupo de desertores del Acuerdo de La Habana que lidera alias Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador por parte de las Farc en el mismo. Siendo congresista en virtud de lo pactado, en el 2019 decidió volver a la clandestinidad, al lado de ‘El Paisa’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y Walter Mendoza, entre otros.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) es el nombre con el que se conoce, según expertos en conflicto armado, al Clan del Golfo, que era liderado por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fue extraditado.

El Estado Mayor Central y las Autodefensas de la Sierra Nevada son las otras dos organizaciones con las que también se convino un cese al fuego por parte del Gobierno Petro.