Zona Diamante
La Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, expresó su preocupación por el anuncio del Gobierno Nacional sobre los lineamientos que se tendrán en cuenta para la formalización del empleo público en el año 2023.
La comunicación emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, expresa que los contratos de prestación deben hacerse únicamente en casos donde sean estrictamente necesario, además solo se podrían firmar hasta abril del 2023.
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"Si bien Fedemunicipios acompaña el propósito de política referente a la formalización laboral dentro del sector público; ya que sin duda, las autoridades deben ser las primeras en generar condiciones de trabajo dignas para los colombianos y colombianas", expresaron los alcaldes.
Fedemunicipios además dio a conocer que le enviaron una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que se expresaron las dudas e inquietudes de los diferentes alcaldes del país frente a esa circular recientemente emitida.
"Obligar a las administraciones locales a adelantar procesos de restructuración administrativa en tan solo 4 meses de plazo pone de presente que la gran mayoría de municipios (en especial 1.033 municipios de categorías 4, 5 y 6) no tienen los recursos para financiar los estudios de planta que la ley exige en estos casos", manifestó Fedemunicipios.
Los alcaldes además manifestaron que algunos de los cambios que se les exigen no podrán hacerse debido a la ley de garantías que comienza a ser vigente en el 2023 por las elecciones regionales.
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"Aún en el remoto caso que los municipios pudieran realizar los estudios de planta requeridos, y tramitarlos a través de sus respectivos concejos, como ordena la Constitución, en aplicación de la Ley de Garantías no podrían cubrir los hipotéticos nuevos cargos", manifestaron los alcaldes.
Y concluyó Fedemunicipios haciendo un llamado al Gobierno: "Que se amplíen los márgenes de gasto de funcionamiento de los municipios, al igual que se convoquen mesas de trabajo con las autoridades competentes para desarrollar un plan estructurado que permita, cumpliendo el marco constitucional y legal, llegar a la meta de la formalización laboral que plantea este gobierno".
