Luego de más de un mes de que fuera desvinculada de la Fiscalía General de la Nación, Lucy Laborde, la fiscal que estuvo a cargo del proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro, rompió el silencio ante la prensa nacional.
En una entrevista que concedió a la revista Semana, la jurista reveló que tuvo una tensa relación con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Una de las razones es porque, según ella, su exsuperior le solicitó en la imputación de cargos retirar el delito de lavado de activos y reemplazarlo por enriquecimiento ilícito.
Cabe resaltar que, según las leyes colombianas, el enriquecimiento ilícito puede ser castigado con una pena máxima de 15 años, mientras que el lavado de activos tiene una pena más severa y podría llegar hasta los 30 años.
Laborde asegura que fue perseguida, presionada y acosada por la jefa del ente acusador. La razón es porque, según ella, le filtraron información a la defensa del hijo del exjefe de Estado liderado por el polémico abogado Alejandro Carranza.
Sobre el cambio del delito anteriormente mencionado, señaló que se dio en una reunión en la que estaban la fiscal Camargo, su vicefiscal Gilberto Javier Guerrero, la delegada Aura Liliana Trujillo y la entonces directora de lavado de activos Alexandra Ladino.
“Estábamos los cinco y la señora fiscal general me dice: “Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos?”. Y le dije: Sí hay. La delegada, la doctora Aura Liliana, se sorprendió. Recuerdo hasta su expresión y me dice (la fiscal Camargo): ¿Pero por qué hay lavado de activos? Le explico los hechos y me dice: ¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito? Antes de decirme eso le preguntó a la doctora Aura Liliana: ¿Qué consecuencias tendría el lavado de activos?. La doctora Aura Liliana le dijo: Ingresaría a la Lista Ofac”, detalló la exfiscal Laborde.
En ese sentido, le advirtieron que solo lo imputara por el delito de enriquecimiento ilícito con una solicitud de pena larga para que la cumpliera en una guarnición militar y no en un centro carcelario.
No obstante, Laborde en ningún momento se sintió convencida por la solicitud porque estaba segura de que sí se debía acusar a Petro Burgos por lavado de activos, ya que había investigado muy bien el expediente cuando recibió el proceso luego de que le fuera retirado al fiscal Mario Burgos.
“Yo no iba a negociar. Estaba segura, había leído el escrito de acusación, había averiguado por el proceso. Recuerde que el fiscal de apoyo del doctor Burgos era el doctor Merchán, que era mi vecino de oficina. Yo fui, le pregunté y él me explicó por qué había un enriquecimiento ilícito de servidor público y en qué consistía el lavado de activos. Yo había estudiado el caso y definitivamente quitarle un delito a una persona porque sí no era una opción. No era negociable”.
Además, aunque en un principio no lo consideraba, sostuvo que el entonces presidente Petro presuntamente sí influía en el proceso contra su descendiente. La razón es porque la fiscal general sostenía una comunicación con los abogados de la familia Petro.