El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que cuestiona la elección de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá para el periodo constitucional 2026-2030. La acción judicial señala posibles irregularidades en el proceso de escrutinio de las elecciones realizadas el pasado 8 de marzo.
La demanda fue presentada por el activista político Josías Fiesco Agudelo, del Centro Democrático, quien busca que se anulen las actas y formularios que consolidaron los resultados electorales de Bogotá.
El argumento central de la acción está relacionado con presuntas inconsistencias entre los formularios E-14, diligenciados por los jurados de votación, y los formularios E-24 y E-26 CAM, utilizados durante la consolidación de los resultados definitivos.
Según la demanda, algunos registros electorales no coincidirían con la información consignada originalmente en las mesas de votación. El documento sostiene que estas diferencias habrían afectado directamente la votación de Fiesco, identificado con el número 108 en la tarjeta electoral del Centro Democrático, y favorecido a Luz Marina Gordillo, número 103 de la misma colectividad.
El proceso tiene como antecedente el escrutinio definitivo de los comicios. Fiesco había obtenido una curul durante el preconteo, pero el resultado cambió el 9 de marzo, cuando se consolidaron las cifras oficiales y perdió el escaño.
La acción judicial también cuestiona la actuación de la Comisión Escrutadora General de Bogotá. De acuerdo con el demandante, dicha instancia no habría atendido de manera adecuada las reclamaciones formuladas ni habría realizado las verificaciones necesarias frente a las diferencias detectadas en los documentos electorales.
La demanda busca afectar la elección de Bleydi del Carmen Pérez Ballesteros, Catherine Juvinao, Mauricio Andrés Toro, Daniel Felipe Briceño, José Jaime Uscátegui, David Gerardo Cote, Nelly Patricia Mosquera, Jesús Salim Lordy Martínez, Luz Marina Gordillo, Carol Stefanny Borda, María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Ladinez, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas y Gabriel Becerra.
El magistrado Omar Joaquín Barreto consideró que la demanda cumple con los requisitos formales para ser admitida. Por ello, fueron notificados el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, la Procuraduría, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los representantes electos.
La admisión no implica que el Consejo de Estado haya establecido que existieron irregularidades ni que las elecciones hayan sido anuladas. Ahora comenzará el análisis de fondo, en el que las partes podrán presentar sus argumentos y pruebas.
Con estos elementos, el alto tribunal deberá determinar si las inconsistencias denunciadas están acreditadas y, de ser así, si tienen la gravedad suficiente para modificar o invalidar la elección de los representantes por Bogotá.