El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió que la actual ley de encuestas en el país tiene un carácter “restrictivo” y confirmó que impulsará una modificación ante el Congreso de la República para revisar dichas exigencias.
El pronunciamiento se produjo pocos días después de que la consultora española GAD3 informara que dejaría de publicar encuestas electorales en Colombia al considerar inviable ajustarse a las condiciones establecidas por la legislación vigente.
La decisión del organismo electoral fue dada a conocer este 8 de mayo durante un encuentro entre los comisionados técnicos del CNE y representantes de las 84 firmas inscritas en el Registro Nacional de Firmas Encuestadoras.
En medio de la jornada, que fue transmitida en vivo a través de distintas plataformas digitales, el comisionado Álvaro Montenegro reconoció las preocupaciones que desde hace varios meses venían planteando diferentes empresas dedicadas a la medición de opinión pública en el país.
“Hay algunas cosas que efectivamente en la ley son muy restrictivas. Ustedes lo han dicho repetidamente y entendemos que esas restricciones son lo que fundamentalmente han elevado el costo del ejercicio de esas operaciones”, expresó Montenegro durante el diálogo con las firmas encuestadoras.
Según se conoció, el Consejo Nacional Electoral trabajará en la redacción de un proyecto de ley que posteriormente será presentado ante el Congreso con el objetivo de modificar algunos puntos de la regulación actual relacionada con las encuestas electorales en Colombia.
Las preocupaciones del sector se centran especialmente en los requisitos técnicos y metodológicos exigidos por la normativa, los cuales, según las firmas, incrementan significativamente los costos de operación y dificultan la divulgación de estudios más detallados.
Uno de los comisionados explicó durante la reunión que muchas de las firmas registradas ya cumplen con las condiciones establecidas actualmente. Sin embargo, señaló que hacerlo limita la posibilidad de publicar resultados segmentados por regiones o niveles socioeconómicos.
De acuerdo con lo planteado durante el encuentro, para poder divulgar ese tipo de información desagregada sería necesario ampliar considerablemente el tamaño de las muestras utilizadas en las mediciones, situación que incrementaría aún más los costos de las encuestas.
La discusión sobre la regulación volvió a tomar fuerza tras la salida de GAD3 del mercado colombiano de encuestas electorales. En particular, GAD3 cuestionó el criterio que exige demostrar que cada ciudadano tuvo una probabilidad “cierta y cuantificable” de ser seleccionado para participar en una muestra.
Para la firma, este requisito resulta impracticable en investigaciones sociales que trabajan con poblaciones humanas e incluso pondría en entredicho estándares utilizados por mediciones internacionales y sistemas estadísticos oficiales.